Por Mauricio Álvarez Mora.
El lunes 5 de enero, el abogado ambientalista Álvaro Sagot y yo quien escribe Mauricio Álvarez, presentaron un extenso recurso de revocatoria por la manera en que otorgó la viabilidad ambiental a la terminal de contenedores en Moín, justo dos días antes del asueto de fin de año, el pasado 17 de diciembre. El recurso incluye apelación subsidiaria y recusación a la Comisión Plenaria de la SETENA.
El recurso que presentamos debe elevarse directamente a la autoridad superior inmediata de la actual conformación de la Comisión Plenaria de SETENA y esta debe abstenerse de conocerlo, pues dicha Comisión optó por apartarse del criterio técnico emitido por la Unidad Técnica de SETENA para poder dar la viabilidad ambiental a AMP Terminals (ver considerando 17 del permiso ambiental). Y es que si bien la Unidad Técnica (UT) de SETENA emitió criterios negativos sobre proyecto la Comisión Plenaria, asumió una función que no le correspondía al desconocer la posición de la UT y proceder a convertirse sin nombramiento en una Unidad Técnica “ad hoc”, aprobando por sí mismos el permiso o licencia ambiental.
La Comisión Plenaria cometió una falta muy grave con esta maniobra, pudiéndose configurar en “abuso de poder, fraude de ley, violación al principio de transparencia y al de legalidad”. Consideran que con este accionar la Secretaría parece haberse convertido en la defensora del desarrollador frente a su propio equipo técnico, utilizando además criterios superficiales con el fin de “forzar” la aprobación de la viabilidad ambiental para APM, a pesar de que lo que procedía era revocar el criterio de los técnicos o remitir nuevamente el expediente a dicha Unidad.
Solicitamos que se abra un procedimiento administrativo que sancione a los miembros de la Plenaria, porque consideran que dicha Comisión “descalificó, minimizó y suplantó, el trabajo de análisis y evaluación de más de dos años de un grupo interdisciplinario especializado, asegurando que hizo una revisión completa del expediente (más de 25 mil folios) y en un plazo extraordinariamente corto (entre el 03 y el 17 de diciembre, apenas 14 días), centrándose en un aspecto de forma y no de fondo: si el desarrollador respondió o no lo solicitado por la SETENA cuando solicitó el Anexo”. No se profundizó en la correcta evaluación de impacto ambiental del Megaproyecto, sino que se concentra en buscar en qué parte del expediente se encuentran las respuestas o lo que la Comisión Plenaria califica como una respuesta satisfactoria para así poder señalar que “se da por solventado este punto”.
En ningún punto del informe técnico de la Comisión Plenaria se hace una discusión integral, sólida ni completa sobre los efectos ambientales principales del proyecto, si no que refuta, con muy poca argumentación de fondo, la larga lista de incumplimientos que detectó la Unidad Técnica como parte de la revisión del expediente. Afirman que esto convierte una decisión técnica en una decisión de carácter político, además inconsistente y parcializada y consideran que así “la Secretaría Técnica pasa a funcionar como una Secretaría Política”.
Si bien la Comisión Plenaria reconoció que pese a su revisión, hay incumplimientos en el expediente que logró constatar, los minimizó al “forzar” el otorgamiento de la viabilidad ambiental así como haber hecho caso omiso del documento respaldado por más de 130 organizaciones sociales y presentado por ambientalistas en el que se hace una “Ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto TCM” el cual no fue analizado, ni tomado en cuenta como parte del proceso de revisión.
Una vez más, se envidencia las inconsistencias técnicas y jurídicas que derivan de un proyecto que, mucho antes de contar con el visto bueno de la Setena, ya contaba con la viabilidad política, y que expone groseramente la seguridad jurídica y ambiental de la población costarricense.
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