Por Mauricio Álvarez Mora.
La decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica de mantener paralizadas las operaciones mineras en Crucitas marca un momento clave en la historia reciente de los conflictos socioambientales en Costa Rica. No se trata únicamente de una resolución judicial más, sino de una señal clara de que, incluso frente a fuertes intereses económicos, aún existen espacios institucionales donde el derecho ambiental puede prevalecer.
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