El muy polémico contrato petrolero firmado con Harken Energy no ha sido rescindido aún, pero el ministro del Ambiente ha asegurado que el Gobierno lo hará. Sin embargo, la empresa, esperanzada en que un nuevo gobierno tenga otra voluntad política, puja por dilatar el proceso de negociación de la rescisión para que sea el próximo gobierno el que lo defina. O sea, el fallo técnico de la Secretaría Técnica Ambiental en contra del contrato podría no ser suficiente para rescindirlo. Y si esto se está tornando un acto de fe, ¿qué podemos esperar del proceso de derogatoria de la Ley de hidrocarburos? Ésta, que es la demanda más importante del movimiento antipetrolero, sigue entre los proyectos del olvido de la Asamblea Legislativa, con respuestas simples de parte del Poder Ejecutivo, como que el Plan Fiscal es lo único prioritario y que ningún proyecto debe entorpecer estas negociaciones.
Los acuerdos de libre comercio mandan que los cambios en la ley no puedan afectar el "espíritu del libre comercio". Y establecer regulaciones a una actividad que ha sido desregulada desde 1994 (con el cambio de la Ley de hidrocarburos) sería, precisamente, atentar contra ese espíritu.
Se pierde así la posibilidad de establecer regulaciones, modelos alternativos de desarrollo energético y políticas ambientales coherentes con el modelo de sostenibilidad que el país ha intentado promover.
Para los estudiosos del tema del consumo de energía y el crecimiento económico no existe duda, a estas alturas, de que la curva del crecimiento económico va de la mano con la del consumo de energía. Los combustibles fósiles encabezan la lista, sobre todo por el aumento en el transporte que
se da con el crecimiento de las exportaciones. Aun si económicamente este aumento del uso de combustibles fósiles fuera un factor de "éxito comercial", en el mejor de los casos habríamos aumentado la factura ecológica significativamente.
El consumo de energía es un indicador de bienestar económico y social de acuerdo con la economía clásica y de mercado. Pero cuando ese aumento del consumo energético tiene un alto precio en términos sociales y ecológicos las cuentas de la economía no son las reales. Si para producir todo el petróleo disponible en el Caribe hay que desmantelar otras actividades económicas, y para construir una hidroeléctrica hay que inundar comunidades enteras, el costo de esa energía es muchísimo más alto que el del mercado.
Cuando se promueve el modelo económico basado en el crecimiento de la producción y la demanda energética se está hipotecando recursos estratégicos para la supervivencia de las comunidades locales, del Caribe y de tantas cuencas amenazadas ahora. El mar y las cuencas son la base de la supervivencia de esas comunidades.
Mientras tanto, el gobierno anuncia con bombos y platillos que hará un plan de contingencia para el ahorro de combustible fósiles. Apoyamos esta iniciativa, pero sabemos que no falta mucho para que se intenten desempolvar las concesiones petroleras para no depender de los precios internacionales. A quienes harán estas propuestas les recordamos que a la Ley de hidrocarburos que impera no le importa si estamos sentados sobre una reserva estilo Maracaibo; el estado costarricense ha perdido acceso a ese recurso y las empresas transnacionales no venderán al país el petróleo a un precio menor que el internacional. Está muy claro quiénes son las empresas y sectores que se benefician de esta crisis de los precios del petróleo, que no tiene precedentes desde la crisis de finales de los años setenta.
Con todas las guerras que se dan y se seguirán dando por controlar las últimas reservas de petróleo, con todo el conflicto territorial que conlleva meter a las empresas petroleras en el jardín de la casa, ¿no será más visionario comprometer al país con una autonomía energética?, ¿con un modelo energético en el que se planee la independencia respecto de los combustibles fósiles, en el que las demás potencialidades de energía alternativa sean estudiadas e implementadas?
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