Coyuntura energética nacional

Por Mauricio Álvarez Mora.

Generación Privada: Sin duda alguna este expansionismo se ha convertido en una de las principales causas de conflictos socioambientales en Costa Rica. El expansionismo de represas hidroeléctricas se debe a las leyes 7200 y 7508 que promocionan este negocio para unos pocos a costa de grandes costos para todo el país.

En diez años hemos pagado anualmente unos 17800 millones colones que equivale a 48 millones colones diarios y unos 2 millones de colones por hora según publicados por el periódico Al Día el 4 y 13 del presente mes. Las proyecciones no oficiales del ICE cifran en 484,500 millones los pagos entre 1999 y 2010. Esta proyección revela que para el año 2005, el monto a pagar a los generadores privados representaría el 50% de los ingresos totales del Sector Eléctrico del ICE, ubicando a este en una situación muy difícil. Las empresas generadoras ligadas a la familia Figueres recibieron un 16% mientras las de Oscar Arias un 9.6% del total de millones de colones pagados estos 10 años. Estos y otros políticos han generado una especie de hidrogarquia. Según la publicación de Al Día, citando un informe de miembros de Junta Directiva, los sobreprecios de energía comprada a los generadores andarán entre 22.650 millones y 45.300 millones. Esta cifra abarcaría desde los noventas hasta el 2008 y 2010 donde vencen los contratos.

Por las relaciones políticas, por la ilegalidad en las tarifas, altos costos y la presión social después del Combo eléctrico en agosto del 2000 una comisión fue instalada para indagar los contratos de compra de energía, suscritos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con los generadores privados. La instancia fue integrada por los ex-diputados Guillermo Cónstenla, Luis Fishman, Carlos Salas, José Merino, y Juvenal Cambronero. Esta escuchó las declaraciones de 39 personas y analizó diversos documentos.

Los efectos lesivos de estas dos leyes han sido determinados por la Contraloría, Procuraduría, Defensoría, ARESEP y el mismo ICE. Estas instancias coinciden en que la mayoría de los contratos al amparo de estas leyes, son leoninos para las finanzas públicas. La ilegalidad en las tarifas ha generado que ICE, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Gobierno se traspasen la responsabilidad de presentar los juicios de lesividad. Solo la posibilidad de poner a derecho las tarifas a estas compañías generó la presión de la Agencia Corporación de Inversión Privada de Ultramar (OPIC), de EE.UU. Ante la presión de esta agencia, que tenia asegurada dos empresas cogeneradoras ligadas a la familia Figueres, el gobierno decidió no tramitar la petición de la Contraloría de legalizar las tarifas.

En la anterior Comisión Mixta del ICE los sectores sociales fueron enfáticos en la necesidad de derogar la leyes 7200 y 7508. De hecho en su propuesta de ley de fortalecimiento de la representación social el Artículo 51 deroga ambas leyes. Actualmente existe un proyecto de ley 15.354 que busca la derogatoria de ambas leyes presentado por el diputado Corrales Bolaños. Las citadas investigaciones realizadas por Al Día aseguran que el diputado Gerardo Villanueva afirmó que el tema de pagos millonarios a generadores privada podría ser discutido en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Con las leyes de generación privada se inició el lento proceso de privatización y de debilitamiento del ICE que sería completado por las leyes del Combo Energético. Cumplieron al mayor costo para los ecosistemas y la sociedad costarricense una dolorosa lección de que las privatizaciones terminan siendo más costosas e ineficientes que la modelo nacional solidario. Las irregularidades de estas leyes deben ser llevadas hasta el Ministerio Público como lo recomendó un informe de la Contraloría (No.90/2000).

CONELECTRICAS

El proceso de privatización y expansionismo hidroeléctrico fue completado por la “Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional” (Ley No. 8345) que modificó el artículo 7 de la Ley 7200. El artículo limita a 15% de la potencia del Sistema Eléctrico Nacional los proyectos hidroeléctricos de los generadores privados. La Ley de CONELETRICAS autorizó a cooperativas y empresas de servicios municipales a construir -sin límite alguno- centrales hidroeléctricas de hasta 60 MW. De esta forma, se alteraría la proporción establecida por la Ley 7200, pues al poder generar las cooperativas y empresas municipales sin estar sujetas a ningún tope, se elevaría la capacidad -en relación con la capacidad nacional- de los generadores privados amparados en la 7200 para generar y se reduciría la participación proporcional del ICE en el mercado.

En un primer momento, el Presidente de la República , febrero de 2003, en presencia de miembros de FECON firmó un veto a la Ley 8345. Sin embargo, esta medida topó con los sectores interesados que, rápidamente maniobraron para crear una comisión que asegurara las firmas para un proyecto de reforma a la ley a cambio de que se retirara el citado veto. Las 38 firmas de diputados y el compromiso del anterior Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Redondo, no se han honrado 20 meses después para tramitar con dispensa de trámite un proyecto de reforma de los "errores" de la ley.

Entre los errores de ley están: la posibilidad de que los proyectos irrespeten Parques Nacionales y otras Áreas de Conservación, el uso de fuentes no renovables como los combustibles fósiles, un exención al régimen tributario en tiempos de crisis fiscal y la obligación del ICE de comprar los excedentes de estas cooperativas. A estas observaciones hay que agregar que los mayores problemas de esta ley son los portillos que existen en el otorgamiento de concesiones a empresas privadas. Esto pues aun sin entrar a regir la ley ya Coopeguanacaste es una mampara para una entidad que se llama Electricidad Eólica Chorotega S.A.; que pretendía a través de un contrato leonino beneficiar a personajes de la hidrogarquía Costarricense.

Hidrocarburos :

Una vez más, Señoras Diputadas y Señores Diputados les pedimos que este tema de la generación privada sea excluido del proyecto de Ley de Recurso Hídrico y que se discuta en la Comisión Mixta de fortalecimiento del ICE o que la Asamblea Legislativa promueva una serie de foros sobre la generación y cogeneración privada de electricidad: así mediante la discusión se podrá dilucidar si esta actividad merece seguir siendo considerada como necesaria para el país dados sus enormes costos ambientales y económicos que benefician tan solo a un pequeño grupo. Si la conclusión fuera positiva se podrá conformar una comisión que presente un proyecto de Ley Marco sobre esta actividad.