Por Mauricio Álvarez Mora.
La mayoría de las instancias técnicas, judiciales, constitucionales y políticas del país han dado la razón en algún sentido a esta campaña por un país libre de exploración y explotación petrolera. Sin embargo, la lucha no ha terminado, todavía quedan portillos por donde el monstruo del petróleo se puede colar. Porque a pesar de que el monstruo es muy grande, se mete por cualquier rendija.
Una serie de maniobras legales le permitió a Harken interponer recursos de amparo por el debido proceso no seguido al pie de la letra en la notificación a la empresa sobre la intención del gobierno de rescindir el contrato por el incumplimiento de la propia empresa.
Según varios especialistas el tlc vendría a perpetuar la ley de hidrocarburos . De ser cierta esta interpretación seria una traición del gobierno.
Sabemos que en la política de Estado de Estados Unidos el tema petrolero es central. Sabemos también que la familia Bush y el vicepresidente Cheney tienen intereses en muchas empresas petroleras desde hace muchos años, incluso que el actual presidente George W. Bush fue directivo de la empresa Harken que ahora amenaza a Costa Rica.
Hay tres empresas petroleras que siguen con sus intereses puestos sobre el subsuelo de Costa Rica: Mallon Oil Co., Harken Costa Rica (Global Energy conjunto con MKJ Xplorations) quienes presionan y extorsionan políticamente con el apoyo de la Embajada EEUU, y siguen desgastando nuestros funcionarios con numerosos procesos administrativos y judiciales.
Actualización legal
Harken y Mallon están decididas a congelar la situación legal actual hasta el próximo gobierno- después del mayo 2006. Para ello, Harken contrató nuevos abogados (el Bufete de Pedro Oller) y están realizando mas acciones legales que requieren atención y respuestas nuestras. Se va alargando mas el proceso administrativo para rescindir el contrato de exploración y explotación entre el Gobierno y Harken.
La Sala Constitucional aceptó para su estudio un recurso de amparo presentado en los últimos de días del 2003 por Harken, en el cual alegaron la existencia de vicios en el proceso que se sigue en su contra. En el recurso, la empresa advirtió no haber sido notificada oportunamente del comienzo del proceso de rescindir el contrato, así como la existencia de interpretaciones erradas de la legislación de contratación administrativa que provocaron el rechazo de las apelaciones formuladas.El MINAE deberá suspender indefinidamente los procesos contra la empresa Harken Costa Rica Holdings LLC hasta que la Sala IV resuelve el recurso pendiente.
Indemnización - NO!
Pago por indemnización es improcedente – la petrolera Harken incumplió el contrato. El órgano encargado de evaluar los estudios de impacto ambiental, SETENA, ya se pronunció (febrero 2002) sobre el muy deficiente estudio de la empresa petrolera Harken. La ministra de entonces, Elizabeth Odio, avaló esta resolución. La empresa nunca apelo la resolución de SETENA ni presentaron un nuevo EIA dentro del termino de tres años que establece el contrato. El contrato ya firmado con esa empresa es anulado por estar condicionado a la aprobación del EIA. El gobierno inició las gestiones para rescindir el contrato en setiembre del 2003.
La estrategia de la compañía Harken ha sido clara: el negocio principal de ellos ya se realizó con el alza de sus acciones en la bolsa a demostrar una expansión de su área de influencia hacia Centroamérica. De esta manera los accionistas de las empresas involucradas han ganado dinero, por un lado, y a la vez han aprovechado de la resolución de la Sala Constitucional para declarar una perdida de casi 9 millones de dólares en sus operaciones en Costa Rica, descontándolos de su responsabilidad tributaria en Estados Unidos de sus ganancias en otros proyectos.
Cualquier persona sabe que en materia de negociaciones hay que exigir mucho desde el comienzo para luego poder cobrar lo que creen justo. Así hizo la compañía Harken y, aunque ya habían declarado una perdida de $8,750 millones dentro de los EEUU, interponen una solicitud para un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (adscrito al Banco Mundial con sede en Washington, DC) por $57.000 millones igual a 23 billones con 199 mil millones de colones. Dicha cifra es 15 veces la deuda externa de Costa Rica y 11 presupuestos estatales anuales. Posteriormente la empresa retire este reclamo y ofrece aceptar $15 millones que según ellos es el valor de inversión en Costa Rica.
Después de varias semanas de análisis conjunto entre las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y el equipo económico de la Administración Pacheco de la Espriella, el sector ambiental dejó en manos del mandatario Abel Pacheco la decisión final en torno al litigio que enfrenta el Gobierno contra la petrolera norteamericana Harken.
Según del titular del Minae, Carlos Manuel Rodríguez, Pacheco será el encargado de llevar a Costa Rica a un litigio legal con la petrolera o cancelar una compensación millonaria a los norteamericanos, según sea el caso. Por un lado cancelar una compensación que podría ser entre $3 millones y $15 millones .La otra opción es la de ir a un litigio judicial . En caso de pagar la compensación, el MINAE asegura, no estaríamos dispuestos a darle más dinero a de lo invertido por el país .
La compensación bien podría ser una inteligente opción para sacarse de encima a Harken, y su posible querella jurídica en un tribunal federal de los EEUU. No obstante, una decisión del Gobierno de indemnizar económicamente a la compañía es legalmente improcedente, puesto que es la empresa la que ha incumplido el contrato. Existe la posibilidad de negociar un finiquito entre el Gobierno de CR y Harken, pero tendrá que ser estudiado y avalado por la Controlaría.
Lo que el gobierno debería dejar claro es que es Harken la que incumplió el contrato y que es el gobierno quien debería demandar a la empresa por daños a la imagen internacional eco-turística y por todos los gastos que diversos sectores de la sociedad civil han tenido que asumir en esta lucha antipetrolera. La SETENA, no aprobó el estudio de la compañía petrolera y, según dice el contrato, "rige previa aprobación del Estudio de Impacto Ambiental".
TLC , derogatoria de hidrocarburos y petróleo
El acuerdo comercial entre Estados Unidos y los países de Centroamérica conocido como TLC es un conjunto de reglas para acceso a mercados y servicios y para, supuestamente, reglar toda la actividad comercial entre estos países. Claro que este tratado no solo tiene que ver con más productos en las estanterías de los supermercados y a más bajo precio, como lo han querido mostrar muchos políticos e incluso periodistas. En realidad este tratado tiene que ver con todos los aspectos de la vida de nuestros países y la amenaza petrolera no está por fuera.
La relación de este TLC y la explotación petrolera en Costa Rica está muy clara y tiene que ver lo imposibilidad de modificar su legislación nacional a fin de prohibir o restringir las actividades de exploración y explotación petrolera en el país.
Según el Anexo I de Medidas Disconformes de Costa Rica, página 31 de los borradores del TLC, la ley de hidrocarburos no podría ser derogada o reformada para restringir la inversión petrolera. En las "Medidas Disconformes" los países miembros del TLC se comprometen a consolidar sus leyes existentes en favor de los acuerdos del tratado. Esto significa que si una ley es modificada solo podrá hacerse en beneficio de los acuerdos y no en perjuicio de ellos.
Las "medidas disconformes" son disposiciones de la normativa interna de los países firmantes, que resultan incompatibles con las obligaciones impuestas en el acuerdo comercial. Solo se les permitirá subsistir si se encuentran listadas de forma expresa en los anexos mencionados, se trata de una lista cerrada. De lo contrario, como el tratado (en caso de ser aprobado) tendría rango superior a la ley, obligaría a su derogatoria o modificación".
Asimismo, la inclusión de una norma en el Anexo 1 de las "Medidas Disconformes" tiene otra consecuencia, que es el "congelamiento" de esa norma. De acuerdo con el tratado estas normas solo pueden ser modificadas "siempre que dicha modificación no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal y como estaba en vigor inmediatamente antes de la modificación" (artículos 10.13.1.c del capítulo de inversión y 11.6.1.c del capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios). Esto quiere decir que solo podría modificarse una norma legal en la dirección exigida por las obligaciones que el tratado impone y que cualquier reforma legislativa que pretendiera seguir una orientación contraria podría ser impugnada por los otros países firmantes como violatoria de las obligaciones del tratado.
Estas impugnaciones serían tratadas por los paneles arbítrales internacionales creados especialmente para el tratado. Estos paneles es similar con el que empresa petrolera Harken se valió para amenazar con una indemnización $57.000. millones de dólares . Con el TLC firmado las empresas extranjeras como Harken tendrían mayor poder para extorsionar al país.
El proyecto de ley 14.630, que busca la derogatoria de la Ley de Hidrocarburos, aún esta en tramite legislativo, no pudo ser incluido en el tratado, eliminando la única posibilidad real de consolidar una moratoria a la exploración y explotación petrolera. Esto obliga a dejar abierta a perpetuidad la posibilidad de que en Costa Rica se realicen inversiones de exploración y explotación petrolera lo que pondría en una situación de extrema amenaza nuestro frágil equilibrio ecológico.
Extorsión y visita de Torricelli, representante de Harken
El jueves 30 de enero el edificio del MINAE fue escenario de una de las primeras movilizaciones ecologistas del año 2004. Más de un centenar de personas se manifestaron en apoyo a las gestiones legales de rescindir el contrato que lleva adelante el Ministerio y en repudio hacia Robert Torricelli, un cuestionado ex-senador estadounidense que vino a "negociar" con el gobierno en representación de la empresa petrolera Harken Costa Rica Holdings.
Torricelli propuso en la reunión tres escenarios posibles para llegar a un acuerdo mutuo en este conflicto. Sin embargo, al finalizar la reunión, el Ministro dejó claro que el gobierno de Costa Rica no podía ceder ante ninguna amenaza o presión que impusiera la petrolera.
El propio Ministro del Ambiente dijo a la prensa que se hablaba de una cierta presión que la empresa (ligada a conocidos políticos estadounidenses como el presidente George Bush) podría realizar en el Senado de ese país al momento de la ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Posición del presidente
Si el Gobierno prometió en campaña que promovería bajo todos los medios posibles la declaratoria definitiva de Costa Rica como "país libre de explotación petrolera" y al mismo tiempo negoció un tratado en el que se asumen obligaciones que hacen imposible el cumplimiento de ese compromiso, ¿Se previeron en el marco del acuerdo mecanismos para evitar que una eventual prohibición o restricción de la exploración petrolera sea incompatible con las obligaciones asumidas? . También nos preguntamos ¿qué pasó con el discurso antipetrolero? ¿qué pasó con la promesa de presentar la derogación de la ley al Parlamento.
Empieza a resultar evidente que la cara ambientalista del presidente no es más que una declaración de principios, y podrán ser sus más sinceros deseos, pero no los demuestra con hechos en el gobierno.
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