En este contexto, recientemente el Frente Nacional de
Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), junto con otras
organizaciones, envió una carta
abierta a instituciones financieras nacionales e internacionales. El
objetivo fue poner en discusión la viabilidad de la piña industrial en Costa
Rica y abrir un debate público sobre sus costos sociales, ambientales y
económicos. En esa carta también se plantearon propuestas concretas: establecer
una moratoria nacional a nuevas siembras de piña, obligar a que parte de las
ganancias empresariales beneficien a las comunidades afectadas, y promover
alternativas productivas como la agroecología.
La emergencia climática ha intensificado los impactos de
estos monocultivos. Hoy se habla no solo de contaminación, sino también de
afectaciones a humedales, de pérdida de biodiversidad, de problemas de salud
laboral y de violaciones a los derechos de pueblos indígenas. La experiencia
internacional, como el caso de Maui en Hawái, es una advertencia de que se
puede llegar a un colapso ecológico y económico si no se toman medidas
urgentes.
El monocultivo del banano también ha atraído la atención
internacional. Medios como The Guardian en Reino Unido, Millennium en Italia e
Infobae en América Latina han publicado reportajes que cuestionan el uso
persistente de pesticidas prohibidos en Europa, pero aún utilizados en
plantaciones costarricenses. Se habla de fungicidas como el mancozeb, o
insecticidas como el clorpirifós, que ponen en riesgo la salud de comunidades
rurales, niños y mujeres embarazadas. Investigaciones del Instituto Regional de
Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional han
demostrado, durante más de 14 años, los efectos de esta exposición: daños en la
salud tiroidea, problemas en el desarrollo fetal, y síntomas como mareos,
náuseas o dermatitis en las poblaciones cercanas.
Los reportajes internacionales han denunciado lo que llaman
un “colonialismo químico”: mientras en Europa se prohíben estas sustancias, se
siguen exportando a países como Costa Rica, donde son utilizadas para producir
frutas que luego se venden en los mismos mercados europeos. Las fumigaciones
aéreas muchas veces se realizan sobre comunidades, sin distancias seguras ni
protección adecuada. Aunque en el país hay regulaciones y las denuncias ganan
visibilidad, persisten vacíos en la protección de los derechos laborales, en la
atención médica a las y los trabajadores, y en los mecanismos de control
estatal.
Pero la agenda socioambiental del Caribe Norte no se limita
solo a los monocultivos. También se discuten temas como el ordenamiento
territorial, las moratorias para proteger el agua, o los impactos de la Ruta
32, que afecta no solo a las personas en su vida cotidiana, sino también a la
fauna silvestre de la zona. Y al mismo tiempo, las comunidades han impulsado
agendas de esperanza: proyectos de agroecoturismo como la Ruta del Agua,
iniciativas de conservación y propuestas para mejorar la calidad de vida desde
un enfoque comunitario y sostenible.
Para profundizar en estos temas puede escuchar y ver la entrevista con Erlinda Quesada Angulo,
dirigente comunitaria, fundadora de la Asociación de Mujeres Unidas de África
(AMUDA) y del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera
(FRENASAPP). Erlinda ha liderado luchas clave por la defensa del agua, la tierra
y los derechos de las mujeres rurales. Su liderazgo la llevó a ser regidora
municipal en dos ocasiones y a convertirse en una voz fundamental en la
resistencia contra los monocultivos y en la defensa de los bienes comunes.
Ver el programa completo: VOCES Y POLÍTICA | MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE - YouTube
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