Por Mauricio Álvarez Mora-
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043) está por cumplir 50 años. Fue creada en una Costa Rica que no imaginaba convertirse en una república “turistificada” ni enfrentarse a una crisis climática global que afecta gravemente nuestras costas. Pese a ello, esta normativa ha sido visionaria: gracias a su existencia, nuestras islas y playas siguen siendo, al menos en el papel, patrimonio colectivo, inalienable e imprescriptible.
Aunque la ley ha recibido algunas reformas a lo largo del tiempo, lo que más ha proliferado han sido los intentos de privatización, desde playas hasta islas. Estas presiones se han intensificado con el auge del turismo y del negocio inmobiliario, alcanzando niveles extremos. Un caso emblemático es el de Ojochal, una comunidad costera donde más del 70 % de las tierras están en manos de sociedades anónimas extranjeras. En la práctica, podríamos hablar de un «Ojochal S.A.I.»: una sociedad anónima internacional instalada en nuestro litoral. Pero no es la única.
