Por Mauricio Álvarez Mora.
En audiencia del Tribunal Contencioso Administrativo (11 -5-15), para definir si se mantiene o se elimina la medida cautelar que impide la operación del Tajo Asunción, destacó la presencia de la exmagistrada Ana Cristina Calzada quien es ahora la representante judicial de la empresa minera.
La exmagistrada "pro minera" se mantuvo en silencio durante la sesión y sólo gesticuló cuando el otro abogado de la minera aceptó la debilidad de la Viabilidad Ambiental al declarar que si fuera necesario hacer los puentes sobre el Río Banano para cruzar el material ellos lo harían.
Nos preguntamos si no existe algún impedimento para que un ex magistrado litigue siendo ahora asesora del gobierno en materia de libertad de expresión y representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la Fundación de Parques Nacionales, pues nos parece impropio que por el cargo ostentado lo haga y además se presente ante jueces que posiblemente pudieran haber sido subalternos, amigos, conocidos y que implique presión sobre su gestión.
Nos preguntamos si su nuevo trabajo y el nombramientos en el Ejecutivo no tuvo que ver con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, donde el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de AyA y sin mayor problema le facilitan la apertura a la mina no metálica más grande de todo el Caribe costarricense.
No es cualquier mina ni cualquier magistrada. El ex diputado Claudio Monge y ecologistas han señalado que gracias a la ausencia de los exmagistrados Paulino Mora, quien falleció, y de Ana Virginia Calzada, por jubilación, la Sala Constitucional rechazó - por unanimidad- una acción interpuesta por la empresa minera Infinito Gold en el histórico caso "Crucitas" que buscaba cuestionar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). En aquel momento Monge dijo que podía deberse su ausencia y declaró: “siempre pensé que protegían a Óscar y Rodrigo Arias” (Semanario Universidad, 26-6-2013).
Esta acción de inconstitucionalidad impugnaba “la jurisprudencia de la Sala Primera y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre cosa juzgada material de las sentencias de la Sala Constitucional.” La acción fue presentada en noviembre del 2011 y fue rechazada de plano en octubre del 2013, ya que no cumplía con un requisito básico propio de este tipo de casos, que es estar relacionado con un proceso judicial o un procedimiento administrativo cuya discusión se encuentre aún abierta.
Dos años de estudio de la acción de inconstitucional puso en evidencia la posición de Calzada como presidenta del tribunal en las notas de sus votos de sentencias donde insistía en que las resoluciones de la instancia, aún cuando se declaren sin lugar, se convierten en “cosa juzgada”. (Semanario Universidad, 16-5-2012).Además, en aquel momento hubo una división de criterios sumamente marcada y retrasos para que fueran los magistrados propietarios quienes resolvieran finalmente, en ausencia de estos otros dos magistrados, la decisión que rechazó la acción fue por unanimidad.
Mora y Calzada habían mostrado cierta simpatía hacia Industrias Infinito, según la percepción del abogado Alvaro Sagot, que participó en el caso desde los primeros recursos de amparo (Semanario Universidad, 26-6-2013).
Esa complicidad y simpatía por la empresa quedó en evidencia en Setiembre de 2009 en la visita judicial de Sala IV a la mina en Crucitas. Ambos magistrados legitimaron una serie de anomalías con los opositores a las minas, exdiputados que recibieron malos tratos y discriminaciones que nos colocaron en absoluta desventaja para realizar dicha diligencia legal. Durante la vista, los Magistrados solo visitaron los sitios que la mina les mostró, nunca escucharon a los demandantes, ni a los vecinos y vecinas de la comunidad que les intentaban mostrar los desastres ocasionados (Semanario Universidad, 16 -9-2009).
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