Por Mauricio Álvarez Mora.
Ríos secos que no llegan al mar, quebradas y nacientes débiles, proyectos de riego que no resuelven, pero sí perjudican: intentos de dividir las comunidades, exceso de hierro y manganeso y escasez de fuentes de agua potable. Esta es la crítica situación del cantón central de la provincia de Puntarenas y el detonante para que varias comunidades se hayan unido para hacerle frente a esta crítica situación y lograr una justa distribución del agua.
Entre las acciones prioritarias para la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico está el trabajo de incidir en las comunidades y tomadores de decisión para que se priorice el uso de las fuentes de agua para el consumo humano, sabiendo que de esta forma se garantiza la salud y calidad de vida de las poblaciones, sobre todo ante la disminución que vive la zona del pacífico central como efecto de la degradación ambiental de las cuencas y el cambio climático.
Esta alianza se integra principalmente por organizaciones comunitarias de Guacimal, Santa Rosa y Aranjuecito, que tienen como meta buscar soluciones conjuntas a los problemas de manejo del agua en sus cuencas, atendiendo solidariamente las luchas de todas las comunidades afectadas por los intereses de privatización del agua, que han actuado en complicidad o bien por inacción de las instituciones estatales. Además afirman que buscarán un acercamiento a las comunidades de la zona que presentan problemas de contaminación o cortes diarios en el servicio de sus acueductos, como La Pita, Sardinal y Villa Bruselas, que también han carecido de atención institucional a sus problemáticas, para buscar soluciones conjuntas.
Comunidades organizadas por la defensa del agua. Entre los casos destaca el de Guacimal que desde el año 2011 tuvo que luchar contra la privatización del 60% del agua del Río Veracruz, pues la falta de información en un proyecto de riego provocó el descontento comunal. Según los habitantes de la zona los interesados, una Sociedad de Usuarios de Agua y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA, no aclaron que los beneficiados serían grandes fincas ganaderas de Coyolar y Sardinal y posiblemente la expansión piñera. Este caso aún no cierra y a pesar de que la Sala IV defendió el derecho al ambiente sano del pueblo de Guacimal, anulando los permisos ambientales y ordenando a los desarrolladores corregir las carencias realizando el debido Estudio de Impacto Ambiental, los desarrolladores y SENARA continúan tratando de evadir este paso fundamental para garantizar la sostenibilidad ecológica y social del proyecto.
Un caso similar ocurrió en Aranjuecito, donde la llamada Sociedad de Usuarios, con respaldo del SENARA, obtuvo viabilidad ambiental para el proyecto de riego San Rafael-Sardinal, que pretende captar hasta el 90% del agua del Río Aranjuecito. Los vecinos se enteraron del proyecto hasta que vieron los trabajos de zanjeo en las calles y la colocación de las gruesas tuberías que succionarán prácticamente toda el agua del río si las autoridades continúan negándose a escuchar la voz de la comunidad. En este caso también se llevó a la Sala IV un recurso de amparo para defender el derecho al ambiente sano y al agua, pero de manera contradictoria con las consideraciones que se hicieron en el caso de Guacimal, los magistrados fallaron en contra de la comunidad y aceptaron la versión de la Dirección de Aguas del hecho que dejar sólo el 10% del agua es lo típico de todas las concesiones y por ende “ecológicamente viable”, a pesar de que no consta estudio ecológico alguno que garantice que esa interpretación sea cierta. Aranjuecito seguirá luchando por defender su río contra la indiferencia institucional y con esta alianza se fortalecerá su lucha.
El último caso descubierto fue la gota que derramó el vaso. El río Acapulco fue encontrado seco a la altura de Santa Rosa de Guacimal desde el 10 de abril pasado. Los vecinos hicieron denuncia pública en medios escritos y formalmente en el OIJ (que es el único organismo que se ha hecho presente en el lugar) y ante el Viceministerio de Aguas y la Dirección de Aguas como responsables de supervisar concesiones, pero estos últimos brillan por su ausencia. Como resultado de la denuncia pública fue revelado que la Dirección de Aguas cuenta con solamente un inspector para las 17.000 concesiones que se registran a nivel nacional, por lo que se cae el argumento que usa esa Dirección cuando ha sido denunciada por las comunidades, cuando dice que no debe haber preocupación porque ellos garantizan que las concesiones nunca lleguen al límite de secar las fuentes de agua. Esa afirmación irresponsable usada para contrariar las demandas comunales, ha pasado de ser un escudo de indiferencia a ser una mentira ya comprobada.
Acción frente a la irresponsabilidad estatal. La indiferencia de las instituciones encargadas del tema ambiental respecto a las preocupaciones y advertencias de las comunidades locales seguirá siendo denunciada por la Alianza hasta encontrar soluciones satisfactorias y ganarse el respeto de parte de las autoridades, que hasta al momento han sido bastante cerradas para favorecer proyectos que son rechazados por las comunidades amenazadas y ya afectadas. Se ha argumentado que para favorecer los intereses de pocas personas, se acaparan grandes cantidades de agua afectando de forma grave el ambiente de los ríos, que son muy importantes para el bienestar de los pueblos locales. Una de las metas principales será informar a la comunidad nacional sobre estos casos, que deben alertar al país entero. Además abrir los espacios de audiencia pública que hasta el momento han sido negados por los desarrolladores y el SENARA, lesionando el interés social del uso y conservación del agua.
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