La procuraduría minera

Por Mauricio Álvarez Mora.

A la Procuraduría Ambiental y Agraria deberíamos llamarla la "procuraduría minera". Para rectificar su actuar no le bastó con la sanción que se le hizo al procurador Mauricio Castro por su abierta parcialidad y servilismo a favor de la minera canadiense Industrias Infinito, ahora su reemplazo, Susana Fallas Cubero, parece concursar por el mismo "premio" al defender los intereses de la empresa, en lugar de asumir sus atribuciones de protección de los bienes naturales para las presentes y futuras generaciones.

Durante las conclusiones del litigio, a raíz de la demanda contra la minera y el Estado costarricense por deforestar más de 60 hectáreas de bosques en Crucitas, la Procuradora descalificó el peritaje hecho en la zona afectada, y parece no haber otra razón que no sea regatear el pago por los delitos ambientales cometidos. 

Este proceso es el final de una segunda fase del juicio, donde tiene lugar la ejecución de la sentencia. Como movimiento ambientalista logramos que para este momento la valoración de los daños ambientales en Crucitas fuese realizada por un equipo técnico interdisciplinario que incluye especialistas en economía ecológica, suelos, bosques y biología, altamente calificado para dimensionar el impacto de la minera. Este trabajo de peritaje- como casi todas nuestras luchas - fue realizado sin recibir honorarios, sostenido con contribuciones voluntarias y solidarias de gente que forma el histórico movimiento que, después de 20 años de lucha, logró la primera ley en América Latina para prohibir la minería a cielo abierto, que además fue votada por unanimidad.

Los peritos estimaron que la empresa debería pagar entre $6.2 y $10.4 millones. Este avalúo es una estimación hecho con base en una metodología que no responde a tablas prestablecidas y que trata de expresar en cifras el valor de bienes que en realidad son invaluables. 

Difícil es interpretar la actuación de la Procuradoría de otra manera que no sea la mala fe, al insinuar que los abogados ambientalistas lo que buscan es lucrar con la sentencia y alegar que el Estado no tiene recursos para pagar los daños. Una vez más la Procuraduría se alejó de su misión y uso de criterios de fondo, además incurrió en una falacia dado que el monto que se defina por los daños ambientales y la restauración es solo el elemento que permitirá a la jueza fijar lo que corresponda a los juristas de acuerdo con la tabla de honorarios del Colegio de Abogados. La suma que la jueza determine ingresará a las cuentas del SINAC y no a las cuentas de ninguna organización o persona como podría derivarse del comentario de la procuradora.

Por otro lado, el interés por cuidar los recursos públicos también quedó en entredicho cuando la Procuradoría no aportó en el juicio un estudio encargado por el propio Estado. Fueron los mismos abogados ambientalistas quienes presentaron como prueba la valoración Económico Ecológica Rápida, elaborado por la Fundación Neotrópica y la organización estadounidense Earth Economics, que estimó en $4.6 millones los daños ambientales y los costos de restauración en Crucitas. ¿Por qué no lo aportó? No hay respuesta aún. 

DEUDA. No se puede pasar por alto el papel de la Procuraduría como bastión del “régimen anterior” con telefonazos y espaldarazos a los Arias “informando” del proceso legal de la minera. Y fue en  la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo  que condenó a la empresa, donde se cuestionó el papel del Procurador de ese momento, Mauricio Castro Lizano, por su constante intercambio y apoyo a las posiciones que defendió la empresa Industrias Infinito, y quien reconoció que su tío tiene contratos firmados con la empresa minera. Por este caso fue sancionado con un mes sin goce de salario por la Procuraduría de la ética.

No podemos olvidar que la Procuraduría, junto con el Ministerio Público, son responsables de la impunidad que liberó al expresidente Arias del juicio que sí condenó al exministro Dobles por prevaricato en el caso Crucitas, y son las mismas instancias las que hoy tienen libres a los asesinos de Jairo Mora.

La Procuraduría sigue en deuda con la ética y la defensa del patrimonio natural del Estado: primero querían que todos los permisos siguieran vigentes, impugnó las medidas cautelares dictadas de paralización del proyecto, se comportaron como abogado de la empresa y actuaron como fiscales cuestionando toda actuación de los abogados ambientalistas, incluyendo su derecho a honorarios. 

Su posición vergonzosa y entreguista abona a la impunidad sobre delitos por daños al ambiente y sienta un nefasto precedente para institucionalizar el perdón a los más graves crímenes contra nuestro patrimonio natural. 

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