Por Mauricio Álvarez Mora.
Decimos No a la Ruta 32 no porque la infraestructura sea en si misma enemiga del ambiente, no lo es o al menos no debería serlo, pero sí lo es cuando está cruzada de corrupción o sin estarlo subvalora la planificación ambiental y estratégica. Despegada del cuido del bienestar colectivo y de la Naturaleza se convierte en asidero de conflictos sociales y técnicos, que no sólo quebranta nuestro equilibrio económico, social y ambiental, si no que destina las mismas obras y proyectos al fracaso o a largos litigios legales.
Asimismo, la infraestructura no es sinónimo de progreso "per se", mientras que sí lo es tejer consensos y preservar la soberanía y el capital socio- ambiental del país. La ruta que apueste por mejorar nuestra calidad de vida y de las generaciones futuras propondrá las mejores soluciones de vanguardia y de primera calidad a nivel mundial en infraestructura, cuando se hayan agotado otras opciones y por tanto sea indispensable construir.
Muchos de los impactos socio ambientales de proyectos como la ruta 27, autopista a San Ramón, a San Carlos, ruta 257 y la “trocha fronteriza” no se han podido ni anticipar ni mitigar con nuestra débil legislación ambiental. Se sigue apostando a la improvisación y a que "en la prisas" se resuelvan los problemas de los malos diseños y malas decisiones. Esto sale doblemente caro para el ambiente y la sociedad.
Resulta inexplicable que este el autodenomindo gobierno del cambio perpetúe estas prácticas en el Proyecto de ley de ampliación de la Ruta 32 (Expediente 18.945), obligando a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a evaluar en menos de un mes el proyecto en cuestión, lo que viola, claro está, el espíritu y la lógica de la evaluación ambiental(Artículo 20). Así, cierra las posibilidades de que se solicite un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integral, sabiendo que el trazado original de la Ruta 32 actual se hizo entre 1978 y 1987 sin un EIA, por lo que sobra decir que faltan estudios básicos para predecir y mitigar el posible daño ambiental de la ampliación de la Ruta 32 sobre humedales, nacientes, fuentes de agua y vida silvestre.
Pero este caso no sólo dervirtúa el trámite de EIA: el anteproyecto también tiene un mecanismo expedito para otorgar concesiones mineras con el fin de extraer material para el desarrollo de la Ruta (Artículo 21). De esta manera, también "simplifica" al máximo el trámite ante la Dirección General de Geología y Minas, por medio de una peligrosa propuesta de “homologación” que antepone la urgencia ante cualquier criterio técnico.
Estos dos artículos fueron incluidos por el gobierno anterior en el proyecto de ley para el empréstito y abalado por el actual sin que estuviera previsto en el borrador de contrato final de la empresa China y CONAVI (26-11-13). Estos cuestionables artículos del tema ambiental estaban de más y pudieron ser eliminados por los diputados pero pesó más el afán de flexibilizar el ya de por si débil proceso de evaluación ambiental, buscándolo convertirlo en un mero requisito.
En nada contribuye flexibilizar las normas y retroceder los requisitos ambientales, cuando el proceso de expropiaciones puede dar el tiempo necesario para hacer estudios profundos que se necesitan para reducir estos impactos que, sin duda, nadie quiere en nuestro país.
Este caso acentúa el rasgo de una relación con China mediada por proyectos contaminantes como la refinería y por la ampliación de una calle que seguirá atrasando el cambio hacia una economía más limpia, cuando hubiésemos podido en este periodo avanzar en propuestas como un tren eléctrico que permitiría reducir el tránsito de miles de camiones y hacer una aplicación menos costosa de la carretera.
¿Por qué a toda prisa, a lo sumo en un par de semanas, y casi intacto, se intentó aprobar un proyecto del gobierno anterior, como es el caso de la Ruta 32? ¿Por qué una vez más se utilizó "la urgencia" para reducir el margen de discusión y cambios, cuando se pudo haber mejorado en los últimos 9 meses? ¿Por qué se trató de maquillar la falta de consenso bajo la misma fórmula impositiva de proyectos o políticas que han generado lamentables resultados ya conocidos en infraestructura vial? Aún no tenemos la respuesta.
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