Aranjuecito lucha por el Agua

Por Mauricio Alvarez Mora.

Un conflicto más por el agua en el Pacífico Central, esta vez en la comunidad de Aranjuecito en Puntarenas, tiene los mismos "ingredientes" de los casos en esta región como el de Miramar por causa de la minería (1995), invasión piñera (2010), por concesiones de agua en Monteverde (2005) y recientemente el caso de Guacimal (2014), todos han generado grandes protestas y movimientos de lucha por la defensa de las escazas fuente de agua de esta zona.

 En la comunidad vecina de Aranjuecito desde el 31 de diciembre se encuentra en trámite el Recurso de Amparo 14-19766, bajo el que se denuncia la violación del Derecho al Ambiente de la comunidad Aranjuecito por la entrega de un 80% del agua del río del mismo nombre a la Sociedad de Usuarios de Agua de Aranjuecito (SUAA), que sería responsable de administrar el proyecto de riego San Rafael-Sardinal y que conduciría el agua hasta 17 kilómetros, distribuyéndola por fincas de medianos y grandes propietarios, lo que implica dejar casi seco el río Aranjuecito, cada vez es más impactado por las prolongaciones de la estación seca.

 Se ha llegado a medir un flujo de solo 67 litros de agua por segundo, contra los 54 litros que han sido concesionados por la Dirección de Aguas del MINAE en 2013, con lo que se puede estimar un flujo remanente de solo 13 litros, cantidad considerada insuficiente para sostener la biodiversidad del río y garantizar los usos tradicionales como el abrevadero del ganado para finqueros locales, y las necesidades de las familias de la comunidad en los veranos.

Y aunque tanto la aprobación de viabilidad ambiental como la concesión de aguas fueron obtenidas por los desarrolladores con el apoyo del SENARA se ha vuelto a desestimar la importancia del proceso de información adecuada y veraz para la comunidad que sería directamente afectada por la captación de tan importante volumen de agua del Río Aranjuecito. Además dicho proyecto que beneficia directamente a grandes propietarios se financiará con fondos públicos, en el marco de un préstamo del BCIE para ejecutar su programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Además, a pesar del gran volumen pretendido por los impulsores de este polémico proyecto de riego, SETENA no solicitó Estudio de Impacto Ambiental, sino que se conformó con una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, que consideran los afectados como insuficiente, pues el representante de la sociedad beneficiaria asegura que no habrá mayor impacto por las características del proyecto, sin que se haya realizado análisis a fondo de las implicaciones negativas que tendría la captación en el río.

En un caso muy similar, la Sala IV anuló en junio del año pasado la viabilidad ambiental y la concesión de agua a otro proyecto de riego que pretendía extraer el 60% del agua del río Veracruz, en Guacimal de Puntarenas. La Sala IV argumentó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental como base para garantizar derechos como el acceso al agua, el ambiente sano y al desarrollo sostenible, y determinó como ciertos los vicios en la aprobación de los permisos ambientales de SETENA que fueron denunciados por los representantes de Guacimal.

En el caso del Río Arajuecito, las principales reivindicaciones del recurso son la anulación de la viabilidad ambiental del proyecto por haberse actuado en contra del derecho al ambiente sano y equilibrado de la población local, además de anular la concesión de aguas que se dio en el mismo marco de esta violación, sobre todo por mediar la violación de otro derecho fundamental como lo es la información adecuada y veraz para los pobladores afectados como usuarios del río, la fuente de agua más importante de su comunidad, que es espacio de dominio público y cuya proyección es de interés social, como lo señala la propia ley del ambiente.

El estado de las obras es bastante avanzado, pues comenzaron a construirse desde inicios de diciembre. Por eso en enero pasado la comunidad solicitó como medida cautelar la paralización de la obra.