Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la Terminal de Contenedores de Moín debe anularse

Organizaciones de la sociedad civil y universitarios, con el respaldo de varios diputados, solicitan se anule el proceso de proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por graves irregularidades.

El presidente de FECON Mauricio Álvarez, los profesores universitarios M.Sc Alvaro Sagot, Dr. Allan Astorga junto a los diputados de la Fracción del Frente Amplio exigen la anulación completa del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Mega Proyecto de la Terminal de Contenedores de Moín ante la evidencia de serios vicios de nulidad.

Además de la forma abrupta en que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) finalizó el proceso de Audiencia Pública del Megaproyecto, y del hecho de que solicitó un Anexo con 110 observaciones técnicas al Estudio de Impacto Ambiental entregado por la empresa en el 2013, en vez de haber solicitado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental completo; ahora, con la presentación del denominado “Anexo” a dicho Estudio, se han identificado una serie de irregularidades que muestran un claro favorecimiento de las autoridades de gobierno para con el megaproyecto, en irrespeto a lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente y el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, que debe ser técnicamente independiente, transparente, bien informado y participativo.

Las razones de esas irregularidades son las siguientes:

1. El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) de forma irresponsable e inconsistente, aprobó los diseños finales y el presupuesto de desarrollo del Megaproyecto en Octubre del 2013, cuando aún se estaba realizando la revisión del Estudio de Impacto Ambiental. Algo que resulta absolutamente contradictorio con el proceso, cuyo objetivo es determinar, en primera instancia, si el proyecto es viable ambientalmente y en caso de que fuese así, las medidas ambientales que deben incorporarse para mejorar el diseño PROPUESTO del proyecto. La aprobación previa del diseño al proceso de EIA, le quita total credibilidad a este proceso y le impregna un serio vicio de nulidad.

2. Como si fuera poco, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), sigue los pasos del CNC, y también aprueba los diseños finales del proyecto, sin que finalizara todavía la EIA. Algo que, para un megaproyecto de esas dimensiones, localizado en una zona de tan alta sensibilidad ambiental resulta absolutamente irrespetuoso e irresponsable.

3. La información presentada como “anexo” al Estudio de Impacto Ambiental, no se presentó como un Anexo real, ni tampoco como un Estudio nuevo, sino en  una voluminosa, contradictoria y caótica respuesta a las 110 observaciones técnicas presentadas a la SETENA. Con ello, se irrespeta el principio fundamental de presentar un Estudio de Impacto Ambiental ordenado y coherente, todo lo contrario y más grave aún, con la caótica forma de presentar esa información ambiental, se inhibe por completo la posibilidad de que los ciudadanos puedan revisar la información, con lo cual se cercena la posibilidad de se dé la necesaria y transparente participación pública.

4. El Megaproyecto insiste en desarrollar 11 tajos submarinos frente a las costas de Moín, sin cumplir a cabalidad con el procedimiento establecido en la Legislación Nacional para este tipo de proyectos de explotación submarina de los recursos naturales.

5. Además, se insiste en utilizar un sitio a que denominan “Botadero” submarino de escombros del dragado capital, en el que se dispondrán, durante varios años, millones de metros cúbicos de lodo; sin que se cumpliera lo solicitado por la misma SETENA, en el sentido de realizar una correcta y eficiente evaluación de impacto ambiental de ese sitio, a fin de terminar la viabilidad de esa propuesta.

6. En el caso del campamento a instalar en Playa Moín, para el desarrollo del Megaproyecto, se detectan serias y graves contradicciones entre la información presentada al SENARA y luego a la SETENA, con lo cual se pone en evidencia que la evaluación de impacto ambiental se está haciendo de una manera prejuiciada y favorecedora de la aprobación, a como sea, de ese Megaproyecto.

7. Se han detectado muy serios vicios de nulidad en el tema de la propiedad que ese campamento ocuparía, ya que se trataría de terrenos del Estado, usados por una compañía privada. Algo que simula en mucho lo ocurrido con la llamada Marina Moín y que llevó a la nulidad de todo lo actuado por parte de la Procuraduría General de la República.

8. La Evaluación de Impacto Ambiental realizada sigue en la línea de minimizar las consecuencias ambientales que generará en el litoral caribeño la eventual construcción de este Megaproyecto, cuando se reconoce que se afectará la pesca y que se generará una extensa pluma de sedimentos lodosos que se moverá en dirección a Cahuita, produciendo serios impactos en las actividades pesqueras y turísticas de la zona.  Además, se sigue ignorando el desarrollo de potenciales impactos transfronterizos que podrían afectar la zona de arrecifes del Este de Panamá.

9. Se sigue defendiendo a toda costa, el diseño original del proyecto, olvidando que se trató de un diseño impuesto por la Administración Arias Sanchez, que no fue objeto de una correcta evaluación ambiental estratégica y cuya finalidad era aniquilar la funcionalidad del puerto de Japdeva, sin considerar en ningún momento su real reforzamiento y mejora para el bienestar de Limón y de Costa Rica.

10. Se continúa engañando de forma cínica y descarada a la población de Limón, señalándole que el desarrollo de ese Megaproyecto solo producirá beneficios para su desarrollo, cuando en la misma evaluación ambiental se señala que solo dará 500 empleos durante la operación, a costa de sacrificar más de 2.000 empleos que ahora existen en la operación de los puertos de Limón. 

En consideración a todo esto, exigimos un nuevo proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, que reconsidere el modelo de desarrollo portuario planteado para la zona de Moín.  Abogamos porque ese modelo integre a JAPDEVA como parte de la solución y que no la convierta, como hasta ahora, en un instrumento para su propia aniquilación a costa de los beneficios de empresas transnacionales extranjeras.