Por Mauricio Álvarez Mora.
Además, el sustraerse de los tribunales nacionales y de la legislación nacional; sometiéndose a un arbitraje privado en el Banco Mundial, muy a la medida de las transnacionales, dejaría sin participación a las organizaciones y a los activistas que ejercieron sus derechos de acuerdo con nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia participativa.
El Gobierno podría haber descartado ir al arbitraje, amparándose en que el mismo Tratado de Inversiones con Canadá (1998) dice que no se acudirá a esta vía cuando, con anterioridad, exista una resolución de nuestros tribunales (Ver más en http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/ca-cr/trt_ca_cr.pdf).
Además, el sustraerse de los tribunales nacionales y de la legislación nacional; sometiéndose a un arbitraje privado en el Banco Mundial, muy a la medida de las transnacionales, dejaría sin participación a las organizaciones y a los activistas que ejercieron sus derechos de acuerdo con nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia participativa.
Ningún tratado internacional de protección de inversiones podrá ser entendido como una autorización para violar nuestro ordenamiento jurídico. Además, existen precedentes de empresas mineras -Pacific Rim contra El Salvador y la misma Infinito Gold contra Venezuela-, que reclaman contra los Estados por haber perdidos sus concesiones y los tribunales internacionales en ambos casos, han fallado a favor de los Estados.
En ninguna parte de este acuerdo con Canadá o EEUU se les da derecho a las compañías de pasar por encima de la legislación ambiental o las resoluciones de los Tribunales de la República. Está claro que en la mayoría de las ocasiones, los arbitrajes buscarían una nueva correlación de fuerzas al ser ahora, tres árbitros privados donde: uno es nombrado por la empresa, otro por el Banco Mundial y apenas uno por el Estado costarricense.
Caso Juzgado. En los tribunales costarricenses, quedó absolutamente demostrado que fueron los empresarios mineros, los que incumplieron lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico para llevar a adelante el proyecto. Fue la misma actuación y el comportamiento de la empresa que tuvo como resultado la nulidad de la concesión minera y su viabilidad ambiental. Ninguna de las medidas establecidas como decretos de moratoria o medidas administrativas ¿le cambiaron las reglas del juego?
La resolución histórica del Tribunal Contencioso Administrativo anuló lo actuado y ha solicitado que sean investigados en la vía penal, los funcionarios de diversas dependencias, incluyendo el exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, así como el mismo expresidente de la República, Óscar Arias, por lo que fue calificado por este Tribunal como una orquestación de voluntades.
Tras que la debe... Es indignante que esa empresa minera pretenda cobrarnos, cuando más bien debe reparar los daños ambientales y sociales que ocasionó en Crucitas (alrededor de $10 millones). En este momento, se está en la ejecución de sentencia del juicio contencioso y el sector ambiental pelea para que el dinero de la indemnización vaya en beneficio de la comunidad de Crucitas y por revertir los daños causados por la mina.
Al mismo tiempo, resulta preocupante que la defensa de nuestro país en esas instancias internacionales quede en manos de los principales defensores de la empresa minera como lo son los jerarcas de MINAE, SINAC, PGR, COMEX... como se evidenció en los procesos legales en la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso, donde la defensa del patrimonio e interés nacional parecían empleados de la empresa minera con el dinero de todo nuestro pueblo.
Antecedentes. En el 2003, la compañía canadiense Vannessa Ventures, para ese momento desarrolladora del proyecto Crucitas, invocó este acuerdo y llamó a una "consulta" en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones del Banco Mundial (CIADI). Se trata de un requisito previo para demandar al país ante un arbitraje internacional. A raíz de esta gestión de la empresa y algún "tecnicismo", se logró que el MINAE revocara rápidamente la decisión de SETENA (Nº 272-2003), la cual rechazó la viabilidad ambiental del proyecto.
En una segunda ocasión -3 de junio de 2005- la trasnacional Vanessa Ventures volvió a presentar ante el CIADI una solicitud de arbitraje. En este caso, la empresa exigió que se le pagaran 276 millones de dólares, en su opinión, la SETENA había incurrido en un "atraso injustificado" en el trámite del "anexo" al EIA del Proyecto Minero Crucitas y no se había pronunciado sobre la viabilidad ambiental en los plazos establecidos. Pero pocos meses después, la empresa remitió una nota al CIADI, donde solicita suspender su solicitud de arbitraje porque se encontraban en "negociaciones" con el Gobierno y era "razonablemente optimista" sobre el resultado de las mismas.
Juegos de números. Las curiosas formas de calcular las ganancias, hicieron que Vannessa Ventures exigiera $276 millones "más los intereses compuestos, lo que incluye gastos adicionales por aproximadamente $36 millones y ganancias perdidas por no menos de $240 millones", en caso de que no se le autorice proseguir con el proyecto. Parece que los cálculos fueron "mejorados" por el entonces vicepresidente de la República, Alfio Piva, que les sugirió la cifra de 1.700 millones de dólares (La nación, 27 de julio de 2010). Hoy se habla de recuperar 94 millones. Sería interesante analizar si el desglose de gastos en relación a la mencionada "orquestación de voluntades".
Sin embargo, nuevamente el Gobierno corre a jugar en este nuevo escenario que impone la empresa, pero deberían ser los que "pifiaron cifras" y "orquestaron sus voluntades" para aprobar los permisos, quienes paguen de su bolsillos lo que cueste este injusto, costoso y largo proceso legal que al final terminaremos ganando nuevamente.
Publicado en:
https://www.informa-tico.com/13-02-2014/gobierno-puede-negarse-ir-arbitraje-internacional
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