Por la soberanía ambiental, no a la concesión.

Por Mauricio Alvarez Mora-

La concesión de la autopista San José-San Ramón, parece ser el nuevo capricho -y fracaso-  del Gobierno. Actuando en complicidad con la Contraloría General de la República y en general, toda la institucionalidad pública, en favor de la empresa privada y dándole la espalda a la ciudadanía. 

Sin considerar que las condiciones de la biodiversidad en Costa Rica implican impactos al ambiente, tras la realización de cualquier megaproyecto, en el país se siguen tomando decisiones sin la aplicación de instrumentos para mitigar el daño ambiental como se hizo en la trocha fronteriza. A pesar, de las repercusiones socioambientales que esto pueda representar. Teniendo como ejemplo los impactos negativos al ambiente en la pista a Caldera y de la carretera a San Carlos. En ambas, al menos existía una evaluación con el objetivo de mitigar los impactos predecibles, evaluación que en el presente caso deja mucho que desear. 

Como si se tratara de una burla, se han otorgado las autorizaciones correspondientes, sin contar con que, como lo ha indicado el abogado, Álvaro Sagot (Diario El País, 8 de abril, 2013), los permisos ambientales ya han caducado. Esto fue confirmado por Uriel Juárez Secretario General de la SETENA al asegurar que los expediente se encuentran así: el de Autopistas General Cañas esta archivado (N°431-01), el de Radial San Antonio -Rio Segundo está suspendido(N°432-01), el de Radial Santa Ana – Belén esta archivado (N°433-01), y el de la Autopista Bernardo Soto en Análisis de suspensión (N°124-1996). Según aseguró el funcionario, no cuentan con la viabilidad ambiental ni social,  no hay un traslado de los estudios a OAS,  ni mucho menos una actualización de los análisis que en su momento hizo autopistas del Valle en 1996 y 2001. (Sitio Web de Repretel. 05-04-2013). 

Esto solamente muestra el desinterés del Gobierno actual por las leyes, instituciones  y condiciones ambientales, en las que se desarrolla la población. Además, de la incompetencia de sus instituciones, incapaces de notar el estado en el que se encuentran los permisos, lo cual nos coloca nuevamente en una situación de inseguridad jurídica. Es sumamente parecido a la situación con la petrolera Harken donde se otorga la concesión y luego se hicieron los estudios de impacto ambiental -que fueron rechazados-. Esto nos tiene, años después, en largos litigios legales a nivel Contencioso Administrativo y con amenazas de llevarnos a un arbitraje internacional.

Ha sido evidente el descontento de los vecinos y las vecinas que utilizan la autopista. Sin embargo, valiéndose de artificiosas estrategias, se ha logrado que la empresa OAS pueda obviar la obligatoria consulta popular, establecida en la legislación ambiental vigente. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿Por qué no darle voz al pueblo? ¿A quién, realmente, se pretende beneficiar? ¿Por qué se quiere seguir imponiendo el estilo de la construcción de la trocha?

Esta situación no se debe ver de forma aislada. Son muchas las incongruencias y actitudes aceleradas -e incorrectas- que se han llevado a cabo en esta Administración. El modus operandi favorece proyectos –como en la trocha- con los que han ganado económicamente grupos específicos con la construcción, los funcionarios por corrupción directa y algunos otros sectores por la acumulación de tierras y con el aumento en el valor de sus propiedades tras el paso de las carreteras. Esto evidencia los intereses, generalmente ocultos, que se anteponen al interés común de la población costarricense.  

Las irregularidades vinculadas a la materia ambiental de este proyecto, no son las únicas. Sin embargo, lejos de toda la maraña administrativa que suele rodear un megaproyecto de concesión, el manejo de la cuestión ambiental, permite darnos cuenta de la contradicción del Gobierno. Mientras se hacen esfuerzos internacionales para que el mundo siga creyendo que Costa Rica es un país de paz y ecológico, se toman decisiones incorrectas, en detrimento de la salud ambiental y humana. Motivando el despertar del pueblo costarricense y respondiendo, con represión y la criminalización de la protesta social.