Para conmemorar esta fecha, sobran las celebraciones oficiales. Con ellas, se maquilla la falta de políticas y de acciones en el país, que pretendan revertir las causas estructurales de la crisis ambiental que, sin dudas, nos aqueja.
Esta crisis impacta de forma cotidiana los recursos de la naturaleza. Sin embargo, también nos afecta diariamente a nosotras y nosotros, seres humanos, habitantes del planeta.
Un ejemplo de ello es el aumento la desigualdad y la desnutrición. A pesar de los intentos por manipular las cifras, la realidad es innegable. Tenemos aproximadamente, 20 mil niños menores de 5 años con problemas de desnutrición (Informe UNICEF, 2013). Mientras esto ocurre, los monocultivos de productos postre siguen creciendo en las tierras que pudieran aprovecharse para producir alimentos básicos y desplazando pequeños propietarios.
Aunado a este severo problema, está la crisis de la Seguridad Social (problemas en la CCSS, debilitamiento del ICE -son solo algunos ejemplos) lo cual, agudizará las situaciones que se han expuesto. Aumentando así, la desigualdad social que como es sabido, constituye una de las principales causas de los problemas ambientales.
Lo descrito revela la falta de norte, es decir, la ausencia de una verdadera política ambiental. Otro ejemplo que permite constatar esta realidad, es el desmantelamiento de la soberanía ambiental. Situación que salta a la vista con la concesión de la carretera a San Ramón. Donde se hace patente el menosprecio por los mecanismos de evaluación ambiental y la legislación vigente en esta materia, al firmar un contrato sin estudios ambientales actualizados ni aprobados.
Las instituciones encargadas de evaluar temas ambientales, parecieran estar saqueadas. Se les ha debilitado con la intervención que se hace, por ejemplo, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con el fin de facilitar la aprobación de las viabilidades ambientales que requieren proyectos caracterizados por la polémica. Además, de la promulgación de reglamentaciones que quedan a la medida de los empresarios y no así, de la protección al ambiente, que es interés de toda persona. Como si fuera poco, desde el Ministerio de Competitividad y el de Economía tiene intervenida -desde la Administración anterior- a la Secretaría. Con ello, se ha sustituido y debilitado la Comisión Mixta de Apoyo a SETENA, la cual podría colaborar en la despolitización y fortalecimiento de la institución, aportando a la posibilidad de retomar un rumbo favorable al ambiente.
Por otra parte, en la Asamblea Legislativa, pasamos un Día de la Tierra más, como si nada. Sin lograr que se aprobara ninguna de las tres reformas importantes en la Agenda del Agua -la reforma constitucional por el agua, el proyecto de Ley de Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales ( expediente N° 17742) y el proyecto de Ley para la gestión integrada del Recurso Hídrico impulsada por Iniciativa Popular con 150.000 firmas. (Expediente N °17914)-. En su lugar, la Comisión de Ambiente trató de aprobar, sin mayor debate, el proyecto de Ley 17680 que pretende mutilar el Parque Nacional Rincón de la Vieja para autorizar el desarrollo de un proyecto de geotermia.
En el ámbito judicial, hay preocupación por la reciente anulación (Voto 02572-13) del acuerdo del Concejo Municipal de Pococí, Nº 448 del 2012 que prohibía las licencias municipales para la expansión de piña en el Cantón. Esta acción fue interpuesta por la Cámara de piñeros y está en estudio otro recurso de amparo por la moratoria a la siembra de piña en Guácimo en las partes altas de recarga acuífera.
Por parte del sector ecologista, se ha trabajado con la Ley de Vida Silvestre y proyectos similares contra la caza. Además, frente a la imposición de cultivos transgénicos, se ha generado un movimiento que propone liberar los cantones, mediante acuerdos municipales, de la intensión de sembrar ese tipo de cultivos. A la fecha, 55 de los 81 cantones son libres de cultivos transgénicos.
A pesar de los intentos del sector, la falta de una agenda nacional de temas ambientales, la ausencia de proyectos de ley innovadores, y la carestía de participación, han multiplicado los conflictos socio ambientales en todo el país. Hoy existen luchas contra la contaminación del agua por arsénico (Zona Norte y Guanacaste), contra la instalación de marinas en Golfo Dulce, megaproyectos -como el aeropuerto- en el Sur, los impactos de los monocultivos de caña -principalmente las quemas-, y la expansión incontrolada de piña -que genera contaminación del agua, entre muchos otros problemas-.
También hay luchas contra la expansión energética descontrolada, la proliferación de represas hidroeléctricas y megaproyectos de infraestructura, que implican la privatización de agua sea de forma directa o indirecta. A pesar de la opinión de las comunidades y del sector ecologista, las políticas (auto) destructivas del Gobierno, avanzan sin control. Basta el ejemplo de la cuenca del río San Carlos que tiene 40 proyectos de explotación del recurso hídrico y más de 20 se han planteado. Sin embargo, esto no desmotiva a las comunidades que empiezan organizarse frene a la construcción de proyectos hidroeléctricos en: Ayil río Duchí-Chirripó, Atlántico, Pacuare, Savegre, Telire, Chachagua, Coronado, La Tigra, Upala, Diquís, Parritón en Acosta, Parismina, Rivas de Pérez Zeledón, Talamanca y Sarapiquí.
Por estas y muchas otras razones, los ecologistas no podemos permanecer en silencio este “Día de La Tierra” y más bien queremos llamar a todo el sector a seguir uniendo esfuerzos para coordinar las luchas y sumarse a nuestras agendas.
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