Por Mauricio Álvarez Mora.
Más de 95 millones colones diarios ganan compañías de políticos - empresarios en 2002 Las recientes revelaciones sobre el supuesto soborno para la construcción del Proyecto Hidroeléctrica la Joya, de la transnacional Unión FENOSA, dejan al descubierto la corrupción de este jugoso negocio. La corrupción legalizada por la misma clase política genera 4 millones por hora a 28 empresas privadas para un total de 35 mil millones de colones según los estados financieros auditados del ICE en el 2002.
Ambiente paga los errores de la corrupción? Las recientes revelaciones sobre comisiones podrían explicar por qué la empresa Unión FENOSA, por falta de capacidad técnica, causa graves daños a las fuentes de agua de las comunidades de Tucurrique. Según trascendió en la licitación para construir el PH La Joya hubo incumplimientos de algunos requisitos del cartel. Por esto los ecologistas se preguntan si la empresa realmente tenía la capacidad técnica dadas las evidencias del impacto ambiental en las fuentes de agua que llevo a cerrar, por algunos días el proyecto, por orden de la Sala Cuarta.
La generación privada es producto de ley 7200 es que permite la Generación mediante centrales hidroeléctricas completamente privadas y no mayores a 20.000kw, y la ley de Cogeneración Privada (ley 7508), en que un empresario construye una central hidroeléctrica, la explota durante 20 a 25 años y finalmente la Transfiera al ICE.
Danza de millones para políticos. Por ejemplo los pagos por generación privada para la familia Figueres de 11.4 millones colones diarios entre 2001 y 2002, con un total de 8.377 millones de colones. Además de los Figueres se benefician inversionistas y empresas de los Arias Sánchez , Vargas Pagan, Corrales Villalobos entre otros. Así que de cada mil colones que usted paga en los recibos de electricidad, doscientos cincuenta se destinan al pago que hay que hacer a estas empresas que producen tan solo el 12% de la electricidad del país.
Desangrando a nuestros ríos y al ICE. El excedente neto del sector eléctrico del ICE para el 2003 fue de 31 971 millones de colones es menor al pago de 35 mil millones de colones para los generadores privados. En pocas palabras el ICE trabaja para pagar a los generadores privados, proveedores y las corruptas transnacionales de telecomunicaciones. . Los proyectos privados implantados en las comunidades Sarapiqui y la Zona Norte son claros ejemplos de irreparables efectos ambientales y sociales. Los impactos ambientales de proyectos hidroeléctricos son significantes, incluyen efectos directos y no directos, impactos a sistemas terrestres y acuáticos de agua dulce y mar. Socialmente los proyecto fueron rechazado desde la época del Combo en comunidades como Rivas de Pérez Zeledón y mediante plebiscito en Sarapiquí y Guácimo.
Fuera de la ley: Los efectos lesivos de estas dos leyes han sido determinados por la Contraloría, Procuraduría, Defensoría y Asamblea Legislativa. Los precios de la energía privada son 60% más caros que la del ICE pues hay una ilegalidad en las tarifas. La ilegalidad en las tarifas ha generado que ICE, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Gobierno se traspasen la responsabilidad de presentar los juicios de lesividad. Solo la posibilidad de poner a derecho las tarifas a estas compañías generó la presión de la Agencia Corporación de Inversión Privada de Ultramar (OPIC), de EE.UU. Ante la presión de esta agencia, que tenía asegurada dos empresas cogeneradoras ligadas a la familia Figueres, el gobierno decidió no tramitar la petición de la Contraloría de legalizar las tarifas. El actual contralor Lic. Alex Solís Fallas como diputado durante el período 1986-1990 propuso el proyecto que se convirtió en la Ley 7200. La pregunta que cabe, en este momento de actos de corrupción, si el contralor asumirá la responsabilidad de presentar los juicios de lesividad.
Montar nuevamente el negocio. El fallo de la Sala Constitucional 10466-2000, impide otorgar nuevas concesiones para el negocio de la generación privada de electricidad. Pero sabiendo la cantidad de millones en juego en el proyecto de ley del recurso hídrico, expediente 14585, que vendría a reformar la ley de aguas en la Asamblea Legislativa existe el fundamento jurídico que permite nuevamente, el otorgamiento de concesiones para la generación privada de electricidad.
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