Teniendo en cuenta que se gastan sumas exorbitantes en consultorías y fundaciones innecesarias, algunas organizaciones ecologistas consideraron que la indemnización bien podría ser una inteligente opción para sacarse de encima a Harken, petrolera de mala reputación en Estados Unidos, y su posible querella jurídica. No obstante, la decisión del Gobierno de indemnizar económicamente a la compañía es legalmente improcedente, puesto que es la empresa la que ha incumplido el contrato.
El negocio de ellos ya se realizó y fue el alza de las acciones de su empresa en la bolsa; de esta manera muchos de los accionistas de las empresas involucradas han ganado mucho dinero. De igual manera van a buscar siempre más y a tratar de sacarle todo el provecho a esta desventura organizada.
Es evidente que han ido de más a menos en su petición de indemnización. Cualquier persona sabe que en materia de negociaciones hay que exigir mucho desde el comienzo para luego poder cobrar lo que creen justo. Así hizo la compañía y, aunque ya habían declarado una perdida de casi 9 millones de dólares en sus operaciones en Costa Rica (descontándolos de su responsabilidad tributaria en Estados Unidos), ahora vienen a tratar de sacar su última oportunidad de ganancia.
Harken Costa Rica Holdings ha llamado al ex Senador estadounidense Robert Torricelli, para negociar con el gobierno costarricense. Torricelli fue senador del Estado de New Jersey, Estados Unidos, quién fue destituido por escándalo de lavado de fondos y tráfico de influencias y no es la primera vez que visita Costa Rica.
Lo que el gobierno debería dejar claro es que es Harken la que incumplió el contrato y que es el gobierno quien debería demandar a la empresa por daños a la imagen internacional ecoturística y por todos los gastos que diversos sectores de la sociedad civil han tenido que asumir en esta lucha antipetrolera. El órgano especializado para analizar los estudios de impacto ambiental en costa Rica, SETENA, no aprobó el estudio de la compañía petrolera y, según dice el contrato, "rige previa aprobación del Estudio de Impacto Ambiental".
Una serie de maniobras legales le permitió a Harken interponer recursos de amparo por el debido proceso no seguido al pie de la letra en la notificación a la empresa sobre la intención del gobierno de rescindir el contrato por el incumplimiento de la propia empresa.
Desde hace varios meses la coalición antipetrolera ADELA ha declarado que rescindir el contrato no es suficiente. Integrantes de ADELA instan constantemente con cartas a la presidencia y a la Asamblea Legislativa que se derogue la Ley de Hidrocarburos cuanto antes. Según ADELA, "la ley permite al Presidente de turno firmar contratos de explotación y exploración petrolera sin ni siquiera discutir el asunto en la Asamblea Legislativa. Además, permite entregar dichos recursos a empresas extranjeras sin ni si quiera obligar a dichas empresas un porcentaje de recurso extraído. Hacemos un llamado urgente al Poder Ejecutivo para que incluya el Proyecto de Ley 14.630 (que deroga la ley de hidrocarburos) en la corriente de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa".
Al final y al cabo, concluyen, rescindir el contrato con la compañía petrolera (pagando la supuesta indemnización o no) debe estar acompañado con la derogación de la Ley de Hidrocarburos para que la tranquilidad vuelva a Costa Rica y al Caribe Sur. Para que el turismo, los sectores productivos y el desarrollo sostenible de la región siga en un camino seguro hacia el futuro.
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