Conflicto petrolero: postergado para próximo gobierno y en TLC

Por Mauricio Álvarez Mora.

A pesar de ser reconocida como una decisión digna y valiente del gobierno de no indemnizar a la petrolera Herken y de ir a juicio en tribunales costarricenses, hay que llamar la atención pues en la practica significará que la compañía petrolera seguirá extorsionado y logrará congelar  la situación legal actual hasta el próximo gobierno. 

De hecho ya el MINAE debió suspender indefinidamente los procesos de rescindir el contrato a  la empresa Harken Costa Rica Holdings LLC hasta que la Sala IV resuelva un recurso pendiente. Esto es por que la Sala Constitucional aceptó para su estudio un recurso de amparo presentado en los últimos de días del 2003 por Harken, en el cual alegaron la existencia de vicios en el proceso que se sigue en su contra. En el recurso, la empresa advirtió no haber sido notificada oportunamente del comienzo del proceso de rescindir el contrato, así como la existencia de interpretaciones erradas de la legislación de contratación administrativa que provocaron el rechazo de las apelaciones formuladas. 

El pago por indemnización era legalmente improcedente, pues la petrolera Harken incumplió el contrato. El órgano encargado de evaluar los estudios de impacto ambiental (EIA), SETENA ya se pronunció (febrero 2002) sobre el estudio de la Harken. La ministra de entonces, Elizabeth Odio, avaló esta resolución. La empresa nunca apeló la resolución de SETENA ni presentó un nuevo EIA dentro del término de tres años que establece el contrato. El contrato empieza a ser anulado en agosto del 2003 por estar condicionado a la aprobación del EIA. 

La situación tendrá dos escenarios: en Costa Rica la empresa presenta acciones legales, ejerce presión a través de la embajada norteamericana y lobby con el próximo gobierno. Un segundo escenario en los EEUU donde se reanuda el chantaje y la extorsión. En este escenario, no es previsible la interferencia en el tema del TLC. Más bien obstaculizar o parar el TLC seria lo único bueno que haría la Harken por Costa Rica, pero eso seria ir contra sus propios intereses. Esto pues ya el COMEX traicionó la posición del gobierno al incluir la ley de hidrocarburos en el Anexo I de Medidas Disconformes de Costa Rica, página 31 de los borradores del TLC.

Eso pues la ley de hidrocarburos no podría ser derogada o reformada para restringir la inversión petrolera. En las "Medidas Disconformes" los países miembros del TLC se comprometen a consolidar sus leyes existentes en favor de los acuerdos del tratado. Esto significa que si una ley es modificada solo podrá hacerse en beneficio de los acuerdos y no en perjuicio de ellos. 

Con esta realidad el gobierno desecho la única posibilidad real de consolidar una moratoria a la exploración y explotación petrolera mediante el proyecto de ley 14.630, que busca la derogatoria de la Ley de Hidrocarburos. Esto obliga a dejar abierta a perpetuidad la posibilidad de que en Costa Rica se realicen inversiones de exploración y explotación petrolera.

Cuando denunciamos esta situación la reacción del COMEX  fue bastante pobre. En ella aducen una excepción amparada en el Artículo XIV del GATS de 1994. En varias resoluciones del órgano de solución de controversias de la OMC, donde se aplican los artículos que el COMEX cita, se muestra con claridad que no podríamos alegarlos para justificar una derogatoria de la Ley de Hidrocarburos. Las resoluciones son aceptadas para casos extremos y donde sea se ha demostrado una afectación a la salud y al ambiente, no para los argumentos políticos, éticos,  económicos y sociales en que se sustenta una moratoria a la explotación petrolera.  

Además, una derogatoria amparada en los artículos que el COMEX aduce podría ser impugnada por los otros países firmantes como violatoria de las obligaciones del tratado. Estas impugnaciones serían tratadas por los paneles arbítrales internacionales creados especialmente para el tratado. Estos paneles son similares a los que la empresa petrolera Harken se valió para amenazar con una indemnización de $57.000. millones de dólares. Con el TLC firmado las empresas extranjeras como Harken tendrían mayor poder para extorsionar al país.