Por Mauricio Álvarez y Rebeca Arguedas
El próximo 6 de febrero serán las elecciones presidenciales y para el parlamento nacional en Costa Rica, Como cada cuatro años nos vemos en medio de campañas electorales pensadas desde, para y por el vallecentralismo, con poco presencia de los mundos del campo, costeros, incluyendo los territorios y pueblos indígenas. Las “costaricas al margen” suelen expresarse en indecisión, apatía y abstencionismo y esa parece ser la mayor fuerza política.
Esta vez con la particularidad de un número inédito de aspirantes en la historia de este país: 38 partidos inscritos, 27 a escala nacional en la papeleta presidencial y 11 a escala provincial para diputaciones en las siete provincias del país. ¿Quién los conoce que han hecho por el bienestar o perjuicio ambiental de nuestro país? es un enigma es una elección a gallo tapado en casi todos los temas. Cada vez más el proceso de elecciones parece ser más de “des seleccionar”, descartar y hasta reciclar en vez de elegir.
La falta de ese capital político y consenso es un lastre que hace que cualquier gobierno sea proclive a sectores con mayor poder económico y sus medios de comunicación, que son hilos clave en el entramado que incide en la gobernabilidad de todo país, empezando por el período electoral. Por ejemplo, en Costa Rica, desde hace más de 15 años, el TSE ha propuesto franjas electorales (Semanario Universidad 17-3- 2021), sin embargo son las mismas personas que han conformado la Asamblea Legislativa quienes, en su mayoría, han evitado aprobarlas, incluida la actual, resulta paradójico que países como Chile, que a pesar de una tradición electoral y democrática mucho más limitada que Costa Rica, tienen reglas de campaña más justas sin que todo el peso esté en la capacidad financiera de cada partido, entre otras cosas, para pautar, ya sea por su capital inicial o la inyección de capital que obtenga para luego obtener el reembolso de dinero del Estado.
Cantidad no es sinónimo de diversidad. La mayoría de los casi 40 partidos inscritos se parecen en sus propuestas cuya base no apunta a ningún cambio de fondo, es como si la crisis multidimensional global, que la pandemia ha puesto en el tapete con vehemencia, no existiera, pero lo cierto es que vivimos un mundo regido por una lógica extractivista de la naturaleza, territorios y cuerpos dehumanizados, con patrones de producción, acumulación y consumo que se reconocen, además de injustos, como insostenibles.
Desde el inicio de la pandemia, según el más reciente informe de Oxfam, “ha surgido un nuevo milmillonario en el mundo cada 26 horas, mientras las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada cuatro segundos” . El informe indica que la riqueza de las diez personas más ricas del mundo es el doble hoy, y que los ingresos del 99 % de la humanidad se han deteriorado. Esas diez personas son todas hombres y representan el mayor aumento de las fortunas milmillonarias jamás registrado y como causa de este incremento Oxfam apunta “el aumento desorbitado de los precios de los mercados de valores, el apogeo de las entidades no reguladas y el auge del poder monopolístico y la privatización, junto a la erosión de las normativas, los tipos impositivos a las personas físicas y las empresas, los derechos laborales y los salarios”.
Ese es el contexto global en el que Costa Rica está inmersa porque el patrón se repite en todos los continentes, sin embargo, no vemos ni en los planes ni en los discursos de campaña, con muy pocas excepciones, cuestionamientos y propuestas ante el sobreconsumo o la hiperriqueza o hiperacumulación, concebidas dentro de una lógica de sometimiento de la naturaleza y los cuerpos subordinados, como lo implica el sistema patriarcal capitalista imperante. ¿Soluciones? los números de la hiperacumulación que evidencia Oxfam indica que, por ejemplo, un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos extraordinarios que los diez hombres más ricos han obtenido durante la pandemia podría servir, para producir suficientes vacunas para el mundo y financiar servicios de salud y protección social universales, y aun así, estos hombres seguirían teniendo $8000 millones más que antes de la pandemia.
El mantra común de todos los planes de gobierno es la reactivación económica, sin duda alguna es la urgencia de la mayor parte de la población, pero la mayoría se enfoca en dejar intactos los privilegios de los sectores más acaudalados, que como parte del fenómeno mundial muchos de ellos ha visto crecer sus ingresos en la pandemia, y eso se hace a costa de recorte del gasto público y desmejora de servicios, lo que parece implicar que seguiría creciendo la desigualdad y por ende las disputas y los conflictos ambientales, donde las mujeres de campo y las mujeres indígenas, junto con las migrantes serían quienes podrían verse aún más afectadas, pero sin duda cruza la vida de todas las personas.
En los planes de gobiernos de las principales seis tendencias, según las últimas encuestas, en general los problemas ambientales se ligan poco o nada a su origen en las desigualdades sociales, incluyendo clase, género, origen, color de piel, etnia, entre otras. Salvo el Frente Amplio, se omite en general un enfoque interseccional para analizar y proponer.
Sin embargo, el discurso a favor de una Costa Rica que protege la naturaleza se hace presente en casi todos mediante formas y fórmulas de capitalismo verde en los planes y en la campaña electoral, la forma más evidente es hablar de cambio climático, lugar común y confortable que busca involucrar al electorado más joven, uno de los más indecisos, sin embargo los planes son ante todo antropocéntricos que perpetúan la naturaleza y la vida misma como recurso económico, los bienes comunes no son parte de los discursos de la mayoría de estos partidos.
En general las propuestas, incluso las vinculadas a soluciones ambientales, son urbanocentradas o pensadas desde la lógica del concepto ciudad, ícono de “modernidad y desarrollo”, tal y como sucedió con el famoso y polémico tren eléctrico, priorizado sobre otros temas de alta conflictividad social, ambiental y económica como uso de agroquímicos, uso de ríos y tierras en pueblos indígenas. Vemos poca profundidad sobre las realidades rurales, transfronterizas, costeras y sus demandas históricas, como lo es la tenencia de tierras y la producción agropecuaria, que se agudiza para las mujeres. Según datos del más reciente censo agropecuario, del total de personas físicas productoras, 15,6% a nivel nacional son mujeres; y 84,4% son hombres. Además, aproximadamente el 53% de la tierra que está en manos de mujeres no supera las 3 hectáreas de extensión, según investigaciones, como la realizada por el CICDE-UNED, que indican que existen serias deficiencias en el acceso a servicios como el crédito, la asistencia técnica y la capacitación, para producir la tierra, suele ser deficiente y muy limitado en el sector rural.
Sin embargo, la respuesta generalizada desde los planes de gobierno para los territorios rurales donde se viven las principales tensiones socioambientales y conflictos por la tierra, es generar mano de obra para transnacionales vinculadas a megaturismo, monocultivos extensivos, incluso la bancarización de los pueblos indígenas. Son en esas áreas olvidadas donde radica la mayor conflictividad socioambiental, hoy sin precedentes: entre el inicio del 2020 y abril del 2021, es decir casi en plena pandemia- desde el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, se monitorearon más de 500 acciones colectivas llevadas a cabo mayoritariamente desde comunidades rurales y organizaciones sociales (Fernández, 2021).
En cuanto a pueblos indígenas y originarios, veinte partidos políticos no los incluyen de manera abierta y explícita en sus planes de gobierno y de los pocos partidos que sí lo hacen en general no ahondan en los derechos de los pueblos indígenas. Frente Amplio, PAC, CR Justa, PLN y NR, oscilan en la “delimitación y acceso a las tierras “o el cumplimiento del “Plan de Recuperación de Tierras.” Mientras el PLN dice “recuperación de tierras, mediante el diálogo entre personas indígenas y no indígenas” que es precisamente evadir el papel del Estado y no cumplir la ley en favor de los indígenas (Maroto G. 18-1-22). Todo esto en un contexto de escalada de la violencia contra los pueblos indígenas con el asesinato de dos líderes indígenas en los últimos dos años, agresiones sostenidas a las mujeres que están al frente de las recuperaciones de territorios y un reciente intento de homicidio a un líder indígena.
La marca del extractivismo está en las agendas de Rolando Araya, Fabricio Alvarado y Lineth Saborío. Recordemos que en precampaña Rolando Araya propuso explotar el cobre que implica, ni más ni menos, destruir territorios indígenas en la cordillera de Talamanca y del Parque Nacional La Amistad, un escenario poco previsible, si no tuviese posibles compromisos con sectores extractivistas, como quedó sugerido en su relación con una empresa y su dueño, envueltos en el caso diamante, que se dedican a la venta de explosivos de uso cotidiano en la actividad minera y petrolera. ( Semanario Universidad , 23-11-21).
¿Cómo analizar los planes de gobierno y propuestas partidarias a las elecciones? Recomendamos hacernos preguntas sobre los aportes o antecedentes en temas específicos, por ejemplo ¿ qué han hecho los partidos en materia ambiental y cuido por la vida? ¿ cuáles son los antecedentes ambientales de los partidos, sus gobiernos anteriores, o cómo han votado proyectos claves en temas ambientales en el Congreso de la República?
Por ejemplo, resulta ineludible recordar el caso diamante o la penetración del narco en el manejo político de las Municipalidades. En este mismo nivel es importante cómo votaron los partidos iniciativas como las moratorias a hidroeléctricas o la expansión a piñeras, cuáles partidos se prestaron a bloquear las declaraciones contra los transgénicos, o al uso de agrovenenos en sitios públicos de manejo municipal o las declaraciones de cantones amigables con las abejas. Temas emblemáticos para preguntarse desde cada cantón, pues en la maquinaria de partidos los que fueron síndicos, suelen pasar a regidores, otros a alcaldes y a diputados.
También resulta indispensable chequear lo prometido en campañas anteriores vs lo que han cumplido, por ejemplo qué cumplió el PAC de su “Pacto Ambiental” y promesas en sus dos gobiernos, ¿se tradujo en letra muerta? lamentablemente podemos decir que incluso hubo importantes retrocesos ambientales y en la protección de defensores del ambiente y los territorios.
Por otro lado, ¿qué entienden por pueblos indígenas los partidos políticos y su intrínseca relación con la gestión de los bienes comunes naturales del país?, ¿cuál es el nivel de comprensión de la particularidad del cumplimiento de leyes nacionales e internacionales en relación con pueblos y territorios indígenas? vemos que solo los planes del PLN, Nueva República y Frente Amplio mencionan uno de los instrumentos legales internacionales más básico e importantes para los pueblos indígenas como lo es el Convenio 169, conviene preguntarse en la práctica ¿cuáles de estos partidos han dado cuenta de acciones consistentes y congruentes con la comprensión, respeto e inclusión de pueblos indígenas en sus propios partidos?
Dudemos si nos hablan de nuevas leyes para resolver problemas ambientales, pues en los últimos años ya las leyes ambientales aprobadas ha resultado en muchos casos inaplicables, poco vale tener una ley si los recursos del Estado para la protección y adecuada gestión de los bienes comunes y básicos para la existencia de la vida misma, los recortan y ni si quiera hay personal para hacer cumplir estas normativas. Tenemos casi 7000 mil leyes, pero su aplicabilidad parece darse a conveniencia en muchos casos.
Las excepciones en leyes que sí tienen más posibilidades de ejecutarse, son las que avanzan en temas de participación, las que brindan más poder a la ciudadanía para que busque transformaciones de fondo para el bien común, son las que resultan de la movilización social y tiene una fiscalización social en su cumplimiento como la Ley de bienestar animal o la de reforma a Ley de vida silvestre. Muchas otras como la ley de manejo de residuos sólidos o la misma ley del ambiente han sido mutiladas y sus reglamentaciones, limitadas.
Preguntarnos ¿ qué y cómo? en materia ambiental es clave, resulta una gran incógnita la respuesta a cómo puede ejercer un cambio o mejora el Poder Ejecutivo si el MINAE tiene menos de 1 o 2 % del presupuesto nacional y cada presupuesto se baja. Muchos servicios que brinda en Estado desde el MINAE están en vías de cierre técnico o estado de calamidad.
El papel aguanta lo que le escriban. Siguiendo la lectura de los programas de los 5 primeros lugares, el PLN que lidera en las encuestas, tiene un programa que desconcierta a la luz de una lectura histórica, de currículo del partido y del candidato presidencial. Sin duda, en nuestra lectura pesan más los actos que las promesas, pesa más la historia reciente, muy cuestionada por presunta corrupción, por estímulos a negocios como el de la cogeneración eléctrica privada y represamiento innecesario de ríos, la gestión ambiental de los últimos gobiernos y hasta el periodo presidencial del candidato a la presidencia. Vemos una instrumentalización “logros pasados” como si fuesen de la institucionalidad cuando responden en su mayoría a luchas socioambientales de base.
Con respecto al PUSC, en su desempeño legislativo es de corte neoliberal, con propuestas de descentralizar que más parecen ser privatizar y desregular ¿a favor de quién o quiénes?. También vemos un énfasis en la extracción de gas y atrasar la transición energética que en el resto del mundo se está buscando, además sus propuestas incluyen formas de mercantilizar el agua y estímulo de agronegocios de siempre con comprobado impacto negativo ambiental y socioeconómico. Hablan de alinear la imagen verde con el desempeño real, ¿doble estándar?.
Nueva República, repite un énfasis de negocios para sectores específicos, como el sector agroforestal o extractivista, en la agenda está la desregulación y regresiones ambientales como la extracción petrolera y minería. Y por su parte el PGD, con el candidato Rodrigo Chaves liderando, de nuevo parece tener más un plan de negocios, que un plan de gestión de política pública, sin claridad en cómo ejecutarlo o al menos de manera muy superficial, el ambiente lo liga directamente a turismo y en materia energética habla de transición con el “hidrógeno verde y el biometano como las alternativas más promisorias para sustituir el diésel”. Sin embargo, hay dudas y cuestionamientos sobre el H2 verde a nivel mundial, porque requiere electricidad generada mediante fuentes como el agua y sabemos que en Costa Rica uno de los principales focos de tensión tiene que ver con uso de ríos y represamiento, “por lo que si en el proceso de producción de hidrógeno se utilizan fuentes naturales de agua dulce, esto podría producir grandes problemas de escasez hídrica y sequía en los territorios afectando a la población local y destruyendo ecosistemas”(Jorge Chemes y Maximiliano Proaño, 2021)
El Partido Liberal Progresista, liderado por Eliécer «Eli» Feinzaig Mintz, sin duda repite la fórmula de un plan de negocios sin referencia a un marco legal que regiría su eventual gobierno, menciona armonía con el medio ambiente sin explicar con claridad cómo, pero sí se refiere con precisión a trasladar la Dirección de Geología y Minas (DGM) a un Ministerio de la Producción y hace referencia directa a posibles desarrollos mineros “para que se constituya en un soporte de los procesos productivos mediante la investigación y la generación de conocimiento acerca de los recursos geológicos, mineros y energéticos”. Se repiten así patrones distantes a la transición energética que está viviendo el mundo en contradicción con la “modernización” que coloca en uno y otro tema, sin claridad a qué se refiere con modernizar, sin embargo sus propuestas vinculadas a la gestión del medio ambiente, lejos de modernizar parecen más una regresión o rezago ante las tendencias mundiales para hacerle frente a las causas antropocéntricas del cambio climático y la crisis ecológica global.
Sin duda, los conceptos de cuido y un accionar más en sintonía con la vida están presentes, al menos de manera escrita, en los planes del PLN, PAC y Frente Amplio, con una precisión mucho mayor en qué y cómo, en el caso del Frente Amplio. Sin embargo el concepto de cuido en general y en particular en el resto de las propuestas, sigue asociándose únicamente al cuido de la niñez y recargado conceptos de familia y mujer como una dicotomía nuclear que aleja del cuido en general a hombres y a la sociedad en general. Cabe preguntarse, de estos tres partidos ¿cuáles tienen una trayectoria vinculada a acciones concretas y efectivas para el cuido de la vida y los bienes comunes, incluyendo la Naturaleza? ¿de esos discursos cuáles tienen sintonías con premisas ecofeministas que parten de que las mujeres, en especial las mujeres del campo y migrantes, junto con la Naturaleza representan “dos dimensiones gemelas de la explotación que sufren del actual régimen capitalista y de las estructuras patriarcales de dominación en él (McKinney et.al, 2015)?
Más allá de las elecciones, la participación social para todos los cambios y trasformaciones ambientales y de cuido de la vida, es el ejercicio democrático, de abajo hacia arriba. Resulta indispensable una participación de la ciudadanía, sin participación social las decisiones y el camino que llevamos será básicamente el mismo y como principio de realidad comprender que no es un gobierno de turno el que puede resolver, en cuatro años, problemas estructurales ni pensar que tiene potestades ilimitadas. Exigir el ejercicio que le corresponde y ser parte del cambio deseado resulta un ejercicio de responsabilidad, sobre el contexto que podemos cocrear.
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