La ruta 257 “perder-perder”

 Por Mauricio Álvarez Mora 

En respuesta al editorial del 19 de abril del 2017 del periódico La nación S.A. es importante apuntar que para hacer la ruta 257 se burlaron las leyes ambientales y la Convención Ramsar por parte de quienes estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo en la administración pasada como por quienes están a cargo en este momento. Se ha señalado en público, lo hemos manifestado en las calles (febrero y marzo, 2015) y también por medio de vías formales por la forma como se violó y se retorció la ley para hacer posible este proyecto.

En diciembre del 2013 la SETENA denegó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto ruta 257 presentado por el CONAVI y le solicitó un anexo al EIA. En esa resolución aducía que la ruta “se desarrolla en un área de cobertura boscosa importante, por lo que los impactos del proyecto sobre esta son de importancia alta, pues será necesaria la tala de árboles en el derecho de vía”, sin embargo, de manera casi automática la SETENA aprobó la viabilidad ambiental al proyecto, en febrero del 2014.

En abril de 2014 se alertó del inicio irregular de obras, pues aunque contaran con los permisos aprobados por la SETENA, consideramos que violaron normas tanto nacionales como internacionales, entre lo más grave encontramos la destrucción parcial del Humedal Cariari sin que existiera una ley especial para reducir el área o cambiar el uso del suelo y donde  ni siquiera cabía un decreto de interés nacional (N° 38172 -MINAE-MOPT) pues ellos permitidos sólo en propiedad privada, pero no en bienes de dominio público. Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13). Aunque las autoridades dicen que se desforestaron menos hectáreas, lo cierto es que la destrucción fue efectuada sin debidas consideraciones técnicas y al margen de la ley. 

Este criterio fue compartido por los abogados de la SETENA, que apuntan el requerimiento de una ley especial hecha con base en la Ley Forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción o cambio de uso del suelo (ver expediente SETENA). Las observaciones fueron obviadas por los responsables de SETENA y la Administración del MINAE del anterior gobierno y por la actual Administración. Comunicados públicos (FECON, 29-4-2014) que enviamos alertando al respecto parecen no haber pasado el filtro de lo que consideran algunos medios de comunicación como prioritario o destacable.

El caso fue visto en 2014 en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) que rechazó la medida cautelar que ordenaba al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) no autorizar la tala de árboles en el Humedal Cariari; una de las razones para levantar la medida cautelar fue el supuesto de que se construiría con tal control que se evitaría el daño ambiental.  Esto no sucedió, pues se hizo una calle de lastre que partió en dos el humedal lo que significó la tala de al menos 1399 árboles, según la SETENA.

Parece que se pudo inducir al error al Tribunal, y a la ciudanía, al hacer creer que estas medidas -que hacen la carretera sumamente cara- protegerían el humedal previo a la construcción de la ruta, cuando por el contrario el humedal fue destruido generando daños irreversibles y ahora con esta costosa calle se quiere disimular el desastre, entonces la obra fue un “perder-perder” tanto para el ambiente y como para las arcas públicas.

No es de extrañar que ninguna de las autoridades de pasadas administraciones ni tampoco de las actuales callen el tema pues las implicaciones son de tipo penal sobre las actuaciones y omisiones. Bien hacen los medios en poner la luz sobre el tema, pero hay que alumbrar profundo, pues hubo irregularidades que no solo evidencian despilfarro y negligencia con fondos públicos, sino delitos por la destrucción del patrimonio natural del Estado, amén de violación a la Convención Ramsar.

Tal y como lo hicimos en abril de 2014, seguimos demandando que se proceda a cambiar por completo y de forma urgente la Comisión Plenaria de la SETENA, el Secretario General y que se renueve la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos, lo anterior como parte de una reestructuración integral que consideramos indispensable y urgente, así como una investigación profunda sobre una decena de casos denunciados.

Es claro que dentro de la SETENA se ha inventado todo tipo de procedimientos “exprés” sobre bienes frágiles y en perjuicio del ambiente. Hemos solicitado en los últimos tres gobiernos la reactivación de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA para sacar esta instancia de los intereses políticos de turno que la hace detestable al unísono, pero nada se ha logrado. Incluso se ha solicitado al actual ministro del Ambiente que implemente las evaluaciones ambientales estratégicas, pero se ha negado.

Sobre el tema del ministro coincidimos con La Nación, aunque más que pintado en la pared está de viaje y capaz que por eso no se enteró que tenía que decir esta boca es mía y mucho menos tomar cartas en asuntos propios de su responsabilidad como servidor público. Así se pueden resumir estos tres años de gestión: ausencia y omisión de sus deberes, “perder-perder”.