Costa Rica “reconocida” por pesca ilegal por FAO, se justifica o no?

Por Mauricio Álvarez Mora.

Lo que se trató de “vender” como un premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) es un reconocimiento por la adhesión a un tratado que vendría a combatir la pesca ilegal en el futuro. Se galardonó a los firmantes del llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, se reconoce el espíritu y sin duda es deseable que sea un punto de partida para cambiar la situación actual de nuestros mares.

Sin embargo, hay que señalar que estamos lejos de la ruta para revertir la pesca ilegal pues los hechos respaldados por datos de FAO nos llenan de dudas acerca de la acción estatal para el combate de la pesca ilegal y la salud de nuestros mares.

En 6 años descendimos 95 puestos en el índice de Salud de los Océanos (OHI) pasando del lugar 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016. Esta lista califica la relación entre el océano y los seres humanos, elaborado desde el punto de vista de los múltiples beneficios y servicios entre los que destacan la provisión de alimentos, oportunidades para la pesca artesanal, turismo y recreación, aguas limpias y biodiversidad.

Según el biólogo Ross E. la FAO ha evaluado poblaciones de peces, crustáceos y otras especies sujetas a pesquerías, es decir, cualquier especie sujeta a explotación comercial, como el atún, el tiburón o la piangua, determinó que el 57% de las pesquerías ya no aguanta mayor extracción, mientras que se da una sobreexplotación en el 30%. (Semanarios Universidad, 11-5 2016).

El INCOPESCA-MAG es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón. Contrasta la mención de FAO, pues según sus mismos datos Costa Rica figura entre los mayores exportadores de aletas de tiburón. Entre 2008 y 2011, el país exportó más de 300 toneladas anuales. Desde el punto de vista ecológico, los datos de la FAO (2014) significan que la matanza de tiburones en el país, solo para exportar sus aletas, puede haber llegado –utilizando números conservadores y considerando solo el dato de las 300 toneladas anuales–a 660.000 tiburones al año ( Arauz R, en Estado de la Nación, 2015).

El gobierno insiste en revivir mediante un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16). La pesca incidental, osea otras especies que se pescan que no son camarones, finalmente representa el mayor porcentaje de la pesca por arrastre, entre el 70% y el 97%, así que la mayoría de lo que se pesca con este ineficiente arte pesquero debería ser considerado pesca ilegal. Días atrás el Tribunal Contencioso Administrativo anuló una disposición que autorizaba la pesca de arrastre semi industrial camaronero en el Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo Guanacaste, este fallo reitera la resolución de la Sala Constitucional donde se declaró inconstitucional el uso de redes de arrastre y prohibieron la renovación de licencias o el otorgamiento de nuevas licencias (voto 2013 -10540).

Según los jueces la medida de INCOPESCA es contraria a once leyes, decretos y tratados internacionales sobre pesca responsable y biodiversidad. Uno de estos instrumentos violados es el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. Además sentencia que el uso de redes de arrastre debe prohibirse, debido a "la poca o ninguna selectividad de estos aparejos de pesca y el consiguiente daño a la pesquería y a la economía de los pescadores artesanales de la zona" (EXPEDIENTE: 13-003412-1027-CA)

En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, la lógica de una Junta Directiva conformada por los mismos interesados en la explotación de los mares, en este evidente conflicto de intereses es imposible hacer una buena gestión del mar.

Además para aumentar la vergüenza mundial la aleta de tiburón martillo exportada pudo ser pescada ilegalmente en la Isla del Coco y con combustible subsidiado. Así lo denuncio la Federación Ecologista en marzo del año pasado (FECON, 11-3-15). Esta paradoja se hace especialmente grosera cuando se constata que quienes en el SINAC han autorizado la exportación de las aletas son quienes no logran proveer a los guardaparques de Isla del Coco de los medios necesarios para lograr meter a la cárcel a quienes violan las leyes al pescar ilegalmente en este sitio patrimonio mundial de la Humanidad. (FECON, 26 -3- 2015).

En la defensa de la exportación de aletas de tiburón el director de INCOPESCA, Gustavo Meneses, utilizó un argumento propio de las industrias pesqueras que prácticamente tienen al borde de la extinción a las ballenas y otras especies marinas: “Toda la pesca es de interés científico” (Semanario Universidad 25-3-2015). Este tipo de afirmaciones son las que Costa Rica ha tenido que adversar en las últimas décadas en la Comisión Ballenera Internacional. Resulta contradictorio que la mayor autoridad estatal con relación a la pesca en nuestro país, utilice argumentos de la cuestionada industria ballenera japonesa.

El MAG, SINAC y de INCOPESCA son los responsable políticos de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15).

El MAG reconoce sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681. El Ministerio de Agricultura reconoce que de las reglas emitidas desde el 2014 para el ordenamiento de la pesca de palangre, a la fecha son pocas las que se cumplen, para la protección del atún y especies afines, pues no hay capacidad para ejecutar las acciones dispuestas en el decreto. Otro punto en el que no hay cumplimiento es en el establecimiento de dispositivos de control satelital en las embarcaciones nacionales de palangre que pescan atún, corvina, tiburón, entre otras especies (Diario Extra, 25 -2-2016).

La Asociación Cámara Nacional de Armadores y Pescadores de Atún del Pacífico Oriental y Afines (Canapatun) denunció que los pescadores de palangre andan por ahí al margen de la legalidad y posiblemente sin denuncias penales o administrativas por el incumplimiento del decreto. No obstante, estas continúan recibiendo el combustible a un precio preferencial. (Diario Extra, 23 -7-2016).

Este gobierno es responsable además solicitar en agosto de 2014 a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) el aumento de 7000 toneladas adicionales de atún que se sobrexplota y se regala en nuestras aguas a la flota que pesca en aguas internacionales que acapara las licencias (Semanario Universidad, 19 -7- 2014). Según denunció el biólogo Enrique Ramírez Guier la falta de políticas y manejo de las pesquerías, que ha llevado a una caída en el 50% de los desembarcos de productos pesqueros en los últimos 10 años. Mientras esto ocurre, la flota internacional de cerco atunero se ha llevado aproximadamente 25.000 toneladas de atún al año con un valor de mercado de $70 millones (atún de enlatado) y un valor potencial (atún fresco) para la pesca con anzuelo para pescadores nacionales de $250 millones, pagando esa flota solo el 0,6% del valor potencial del atún que se llevan a otros puertos( Ver articulo completo).

En resumen, Costa Rica merecería más que un galardón una “jalada de orejas” basado en los mismos datos de la FAO por lo que extraña que se pretenda disimular con este reconociendo la evidente y documentado estado de emergencia de los ecosistemas marinos.

También es casi un consenso que los más afectados son los ecosistemas, su capacidad de regeneración y los pecadores artesanales, por las prácticas no solo ilegales sino las “legales” abusivas y saqueadoras. Es evidente no por ser legal la pesca deja de ser irracional e insostenible. Hace falta verdadera voluntad política para empezar a revertir esa realidad.