Por Mauricio Álvarez Mora.

Nuevos sectores se unen a los ecologistas y se suman al rechazo del nuevo reglamento de registro de plaguicidas, lo cuestionan por considerar que se una como excusa facilitar el registro con el fin de flexibilizar y reducir la participación del MINAE y MINSA en la fiscalización del uso de agrotóxicos en el país, que ya es uno de los países que más agroquímicos utiliza en el mundo, incluso prohibidos en la mayor parte del planeta. La Cámara de Apicultores, pequeños agricultores y la Feria Verde han rechazado de manera pública el reglamento.

 Por la falta de controles efectivos y de una política restrictiva, el país se ha convertido en un paraíso para el negocio de los agrotóxicos que al día de hoy gozan de exención de impuestos, mientras 12 mil personas reciben agua en cisterna por contaminación de fuentes de agua por agroquímicos usados en el cultivo agroindustrial de la piña en comunidades como Pital y Siquirres.

 Vivimos en un país donde hay pruebas de contaminación por agravenenos en los productos que consumimos, en la orina de niños, en placentas, en agua subterránea, en los ríos, en el mar, en la vida silvestre, en el aire. Toda esta contaminación está comprobada con estudios científicos hechos con la mayor exhaustividad y autonomía por las universidades públicas.

 El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) se refirió al reglamento como un atentado contra la salud pública costarricense. MAOCO es el principal impulsor de la Ley de Fomento a la Agricultura Orgánica Nº 8591, y se muestra preocupado ante el intento de aprobación “rápida”, del Reglamento de Plaguicidas “por los eventuales perjuicios para la salud pública y ambiental de nuestro país”. Los agricultores lamentan que se quiera pasar por alto los protocolos de registro de plaguicidas: “para favorecer los intereses meramente económicos de los comerciantes de agrotóxicos en Costa Rica”  lo que confirma “el desinterés en nuestros productores y consumidores”, afirman.

 Reiteraron que “la agricultura sin agrotóxicos ofrece al país alternativas productivas más nutritivas y amigables con el ambiente. En la actualidad las familias pequeñas y medianas productoras orgánicas ubicadas a lo largo y ancho del país, acompañados de varios miles consumidores (as) que permanentemente consumen alimentos orgánicos, demuestran que es posible producir y comer sin el o de químicos sintéticos”.

 MAOCO contradice los argumentos de las Cámaras y MAG sobre los supuestos beneficios del registro de nuevas plaguicidas y considera que “No hay certeza que los agrotóxicos por registrar contienen moléculas más específicas y menos tóxicas, como se quiere dar entender. Por ello es obligante que se cumpla con los protocolos establecidos, para establecer los grados de toxicidad de los nuevos productos”.

 Para MAOCO “no hay información fehaciente que confirme que los productores convencionales tienen problemas de producción, por no poder usar los nuevos químicos, como también se ha querido dar a entender, para justificar la aprobación del nuevo registro a “golpe de tambor”. Y una de sus principales preocupaciones es la salud de la ciudadanía y del ambiente pues “se pueden afectar en mayor grado, durante los tres años de “gracia” que se dará a los nuevos químicos, sin cumplir con los controles vigentes, tal como reza el Transitorio décimo del Reglamento”.

 La Red Permanezca, que promueve la permacultura como una forma de vivir y producir en armonía con la naturaleza mediante la unión de conocimiento tradicional con la ciencia moderna, llamó la atención a las autoridades mediante una carta apuntando a temas de fondo vinculados al polémico reglamento, les preocupa que signifique un retroceso en el cuido de la salud de la población y del ambiente si no se hace en el necesario control de estas sustancias “por lo que nos oponemos a como está planteado el reglamento, pues implica un esfuerzo por burlar los criterios de sostenibilidad ecológica, ambiental y social que deben demostrar estas sustancias antes de ser aceptadas para su uso en el país”.

 Esta red que ha realizado encuentros con más de 50 comunidades y proyectos de permacultura de todo el territorio nacional, y llaman la atención sobre la vinculación del uso de los agrotóxicos y el monocultivo que “domina la tierra, destruye la naturaleza y nos da comidas envenenadas, deforestación y deterioro de los recursos naturales (…) estamos dañando tanto a la naturaleza que los efectos son claros, por ejemplo el calentamiento global y sus efectos sobre la vida en el planeta van a ser severos”.

 La Feria Verde y su organización Amantes del Orgánico (AAMOR), que representa unas 500 personas que viven, promueven y defiende la agricultura orgánica y a su vez ha creado un exitoso proyecto de ferias que convoca a miles de consumidores, mediante un carta, manifestó su rechazo a la propuesta «porque el Servicio Fitosanitario del Estado no puede ejercer  las funciones de aprobar, controlar y fiscalizar, no es ético que sea juez y parte en el manejo control aprobación y análisis de agro tóxicos». Finalmente solicitan que se regulen los agrotóxicos en vez de aprobar este reglamento.

 Es eminente que, de aprobarse como un decreto ejecutivo, el reglamento se trataría de un evidente caso de regresión ambiental pues se estarían reduciendo los controles del MINSA y MINAE para favorecer el lucro de las cámaras agrícolas y de insumos que, a final de cuenta, beneficiaría mayormente a las trasnacionales fabricantes de venenos en perjuicio de la salud pública y de la Naturaleza del país.