Por Mauricio Álvarez Mora.
Con la reciente directriz del Ministerio de la Presidencia (No. 042) se inició la construcción de un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas del país, como "cumplimiento de la obligación del Estado de consultar de forma informada, previa y libre, cada vez que se prevean medidas que puedan afectarles directamente". Las personas indígenas críticas de esta directriz han solicitado razonablemente sanear, pacificar y garantizar su derecho a la libre determinación como condiciones para lograr la legitimidad de un mecanismo de consulta.
Esta obligación de consulta por parte del Estado se enmarca en tratados internacionales como el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT de 1989, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al tiempo que responde también a instrumentos jurídicos costarricenses. Una gran deuda por saldar en un contexto convulso y lleno de dudas.
Si hay territorios donde un 80 % del territorio está en manos de no indígenas, ¿qué sentido tiene consultar o generar un mecanismo, cuando los indígenas son doblemente extranjeros en sus propias tierras? Con este tipo de exclusión, insistir en una directriz despierta la malicia de propios y extraños, pues el sujeto y la intención vienen calificados con nombres y apellidos extractivos: represas, agua, aire, minería, gas, bosques y biodiversidad.
No solo es de interés consultar y aprobar la represa Diquís, sino al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos (Boroi , Tanari , Atirro, Sueo , Jaki-Kutri , Boyei , Ayil, Nakeagre, Telire, Bugu, Cabecar, Lari, Palmar, Coen, Pacuare, Talamanca y Bajo Boruca) que el ICE ha querido imponer dentro de los territorios indígenas, la mayoría de ellos en etapas de identificación y estudios preliminares. Estos proyectos representan, con respecto a la capacidad hidroeléctrica nacional futura, aproximadamente un 30%. Es un potencial mayor que el que existe en Parques Nacionales, con cuencas mejor conservadas lo que implica en la lógica del ICE menor inversión y mayor rentabilidad.
El ICE es el interesado principal pero no el único. El FONAFIFO (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) está haciendo fila, ya que avanza en imponer el mecanismo REDD+ y otros servicios ambientales. El mercado de carbono se ha apropiado de muchos territorios indígenas alrededor del mundo, y nuestro país es un laboratorio para esto. En cuanto a extracción minera, en los años noventa, durante el penúltimo ciclo minero, la mayoría del territorio indígena de Talamanca fue solicitado para concesiones principalmente de oro, cobre y carbón. Lo mismo sucede con el gas de la zona norte. Estos intereses no son tan visibles y evidentes, pero están siempre presentes.
Una coyuntura convulsa. Gran parte de los territorios indígenas están tomados por “blancos ganaderos” que gobiernan a su antojo, incluso se podría afirmar que tienen más presencia que la misma institucionalidad del Estado. Estos grupos actúan al margen de la ley al mejor estilo paramilitar, como quedó en evidencia con el bloqueo que hicieron en Buenos Aires de Puntarenas donde echaron mano de dinamita, machetes, bombas molotov y otras muestras de violencia como linchamientos y ataques premeditados con armamento pesado, tanques de gas debajo de los puentes dispuestos a detonarse.
Todo esto ligado a que los pueblos indígenas están inmersos en un narcocontexto que no es un secreto: la siembra y el trasiego de drogas en los territorios indígenas es cada vez mayor, y estas actividades son realizadas en su mayoría por no indígenas. Tenemos una bomba de tiempo que supera el tema de una directriz específica.
La emergencia de los territorios indígenas del Sur cobró la salida de la Viceministra de la Presidencia, quien fue fletada y declarada persona non grata. Fue sustituida por la ministra de Justicia. Sin embargo, con el proceso de la nueva directriz NO.042, se pretende reflotar al Viceministerio de la Presidencia, lo cual es entrar perdiendo.
No tapemos la historia con un dedo. ¿Cómo no dudar de las presiones que pueda haber sobre esta directriz si la falta de legitimidad histórica y política de la relación con los pueblos indígenas (PI) cruza todos los vínculos de estos pueblos con el Estado y agrupaciones no indígenas? Son relaciones marcadas históricamente por el despojo, el desprecio y el racismo. Nacen, crecen y se reproducen en un contexto de sometimiento, constante reducción de territorio y en relaciones de poder desiguales producto del colonialismo que permanece vivo desde hace cientos de años bajo el avasallamiento fundante y permanente que ha incluido el genocidio.
Así que la construcción de este mecanismo, planteada como una labor por hacer en conjunto pueblos indígenas y el Gobierno, que garantice un mecanismo discutido, consensuado y aprobado desde las mismas comunidades, resulta indispensable para su credibilidad y sin duda sería una reivindicación histórica de los pueblos indígenas. Sin embargo, la directriz es una propuesta, que, aunque tiene una forma políticamente correcta y de difícil cuestionamiento técnico, pareciera no considerar la complejidad de una coyuntura donde la violencia contra los pueblos indígenas se ha agudizado.
Si el gobierno quiere llevar a cabo estos procesos, requiere mirar de frente el germen paramilitar y extirparlo ahora, en el tanto ya opera como gobierno de facto. Es necesario un análisis de lo que se ha hecho y por qué se ha fracasado, y partir del reconocimiento de las enormes asimetrías que fundan esta relación, empezar a sentar otras bases con visión de largo plazo, de manera que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta directriz se sostenga porque es verdaramente legítima y aceptada por los pueblos indígenas y no solo por los intereses vinculados a megaproyectos extractivos.
Pensar que resulte un mecanismo hecho a la medida de los intereses institucionales y transnacionales para la extracción de recursos y desarrollo de megaproyectos en los ricos territorios indígenas, no es ilusorio. Sin duda el país necesita una política pública menos colonialista, pero por más "parafernalia o seda", no son palabras en papel lo que resuelve una coyuntura de violencia extrema y terror y sin medidas urgentes no se puede iniciar un proceso que desde ya huele a fracaso y derroche de recursos y fondos públicos.
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