Mauricio Alvarez Mora.
Ha pasado un año desde el nefasto derrame de fertilizantes de la empresa FERTICA en el Golfo de Nicoya y hasta el momento no hemos visto alguna comunicación oficial o disculpa de la compañía ni en la web ni en algún otro medio de comunicación, en 365 días no hubo alguna palabra de la empresa asumiendo públicamente su responsabilidad. ¿Será que consideran que en su negocio la imagen no tiene mucha importancia cuando se “vive” de la venta de venenos y la muerte?
Pero lo que sí se menciona en los medios de comunicación es que el gobierno tuvo que indemnizar a 380 pescadores y molusqueros que recibieron ¢25.000 por tres días de veda que decretó el Gobierno tras el derrame. Será poco dinero, pero lo pagamos usted y yo, pero lo que no se puede medir en monedas es el daño a la naturaleza y la carga a la crisis socio ambiental que viven comunidades y ecosistemas del Golfo. Si usted o yo llegamos a comer algo de los fertilizantes derramados en el pescado o moluscos no fue gratis.
En 2012 se importaron 82.570 toneladas de nitrato de amonio, mucho era de FERTICA, es muy probable que este año la cifra sea similar y que poco o nada haya cambiado de manera que las miles de toneladas se siguen moviendo, sin mayor regulación legal, de un lado a otro en barcazas exactamente iguales a la protagonista del derrame.
Impunidad ambiental. A pocos días del evento, el Fiscal general de la República aseguró que ante la falta de una Ley de navegación acuática es casi imposible poder actuar, en pocas palabras sin ley no hay delito (Diario Extra,6-5-2015). Habrá que preguntarle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) qué pasó con la demanda por la emergencia y el daño que provocó el derrame y a la Asamblea Legislativa qué avance tiene el proyecto de ley de navegación que ya se acerca a su “quinceaños” de esperar aprobación y que de haber existido con ley por lo menos tendríamos una remota posibilidad de justicia.
Por otro lado, confirmamos que seguiremos siendo "los campeones del mundo" en consumo de plaguicidas cuando siguen entrando a nuestro país miles de toneladas de agroquímicos y fertilizantes. Según estadísticas del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET-UNA) en el 2013, la importación de plaguicidas en Costa Rica alcanzó 12,4 millones de kilos, de los cuales 9,1 millones se usaron en el país, el resto corresponde a la re-exportación de agroquímicos, negocio por el cual este gobierno será recordado como veremos adelante. Estas re-exportaciones se transportan por vía terrestre y el resto por mar.
En el consumo de fertilizantes, según datos del Banco Mundial, Costa Rica está en los primeros lugares del mundo de mayor de consumo de fertilizantes superando 5 veces el promedio mundial, nuestro país tiene un rango de consumo de 744 kg mientras el rango mundial ronda los 147 kg por hectárea de tierra cultivable, lo cual nos coloca de manera muy lamentable y preocupante por encima de cientos de países y regiones.
¿Cuáles medidas para revertir esta tragedia han tomado las autoridades correspondientes para dejar de estar en este deshonroso puesto? Ninguna, por el contrario el incentivo es mayor ahora por decreto mediante un nuevo reglamento pretenden aumentar el consumo, el tráfico y la manipulación de estos venenos en nuestro país.
Es proyecto de reglamente pretende facilitar, aún más, la importación de agroquímicos y su formulación en suelo nacional para ser exportados con el Decreto N° 39461. Este negociazo aprobado en este gobierno a mediados de febrero pasado fácil nos podría convertir en una fábrica de venenos para exportar con todos los riesgos que esto implica. Eso sí, en un régimen de zona franca, sin exigir mayor pago de impuestos. Justo en momentos que se nos pide a la población aceptar nuevos tributos, se excluye al MINAE y MINSA de la evaluación para el registro de plaguicidas, lo cual es a todas luces es un retroceso y una amenaza a la salud ambiental del país.
Esta última acción es el nuevo esquema que está siendo consultado para el reglamento de registro de plaguicidas (RTCR 484:2016) usurparle o cercenarle funciones que tiene por ley MINAE y Ministerio de SALUD vía decreto al Servicio Fitosanitario del Estado, lo cual es inconstitucional o debería serlo, pero es un buen negocio para las transnacionales, cámaras agrícolas y de genéricos que se beneficiarían a costa de la salud ambiental de los ecosistemas y la gente (FECON, 13-5-2016).
Este triste aniversario del accidente de la barcaza pasó sin mayor gala, sin noticia de los impactos o acciones legales para cobrar el daño y que se han invisibilizado en el estado de colapso pesquero del Golfo pues los impactos se barrieron bajo la alfombra o internalizaron– dirían los economistas- ósea que se los endosamos a la naturaleza y la gente que más depende de ella.
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