Por Mauricio Álvarez Mora.
Parece un fallo justo y cada país deberá asumir las responsabilidades y consecuencias de sus actos, el gobierno de Nicaragua por violar la soberanía territorial de Costa Rica, por un lado y por otro, los gobernantes de Costa Rica de aquel momento por haber violado la soberanía de pueblo costarricense sobre su patrimonio natural, Laura Chinchilla como ex presidenta de Costa Rica y René Castro como ex ministro de Ambiente.
Es hora de llamar a cuentas, no sólo a Chinchilla y Castro, como responsables de la condena emitida para Costa Rica por no contar con los estudios ambientales correspondientes, pero también a la Sala Constitucional por haber rechazado una acción interpuesta por Álvaro Sagot, que justo señaló en 2012 lo que hoy alega la condena internacional para nuestro país. Haberla acogido nos hubiese ahorrado el desastre ambiental y la corrupción. El fallo de la CIJ avaló aquel recurso de Sagot, queda claro que no se justificaba la emergencia que aseguró el gobierno de Chinchilla, y haberla declarado significó puertas abiertas, de par en par, para la corrupción.
¿Quiénes son los traidores? Ante este recurso, y otro sobre el tema de accesibilidad, Laura Chinchilla no dudó ni un segundo en llamar “traidores” a quienes integran el movimiento ambientalista y quienes les apoyan, por haber hecho y avalado esta acción. Pero no es de extrañar, este discurso lo sostuvo Chinchilla durante todo su mandato.
“Hay grupos radicales en este país que pretenden convertir a Costa Rica en un museo de ciencias naturales y por eso es importante que nos unamos para luchar juntos contra estas imposiciones e intolerancias", dijo Chinchilla públicamente, frases como estas no hicieron más que impedir el diálogo, tergiversando propuestas y consignas ambientalistas, llamando a la confrontación abierta, y lo más peligroso, incentivando el odio en un país donde ya no nos alcanzan los dedos de las manos para contar ambientalistas asesinados por defender nuestro patrimonio, casos impunes al día de hoy.
No olvidemos que durante el gobierno de Chinchilla asesinaron a Jairo Mora, protector de tortugas en Moín y también a la ambientalista canadiense Kimberly Blackwell quien fuera asesinada a finales del 2011 en la Península de Osa.
Hoy queda en evidencia un doble crimen ambiental y un doble discurso a los ojos de todo el mundo. El área destruida para hacer la trocha incluyó visibles ecosistemas de humedal, bosques asociados al área de protección de los afluentes del río San Juan y otras áreas protegidas. Para resguardar esa riqueza se creó por decreto (Decreto N° 22962- MIRENEM, 1994) un refugio de vida silvestre que abarca el corredor fronterizo de 2 kilómetros a lo largo del río en la frontera con Nicaragua. En el considerando #2 del decreto se asegura “que la zona en mención se constituye en un importantísimo corredor biológico entre el Área de Conservación Tortuguero, los Humedales de Tamborcito y Maquenque, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro y la Reserva Forestal El Jardín”. Esta condición de refugio fronterizo se suma a la del área de protección del Río San Juan que igual nunca fue respetada de “nuestro lado”.
Precisamente, el trazado de la calle aprovechó la doble condición de zona de protección del río y de zona protegida, para no tener que entrar en muchos conflictos y demoras por expropiaciones, derechos de vía, etc.
Solo en los primeros 49 kilómetros inspeccionados por el Tribunal Ambiental, los especialistas detectaron la afectación de más de 10 humedales y cuerpos de agua, según consta en el informe técnico del TAA. Según dicho informe al menos siete ríos, quebradas o riachuelos presentan daños de diverso tipo, ya sea por desvío de su cauce, canalización, entubamientos, taponeo o colmatación (acumulación de sedimentos) de sus cauces.
Negocio redondo: el bosque y su madera. En 2012 el Tribunal Ambiental Administrativo aseguró que “se encontró la corta y aprovechamiento de árboles totalmente fuera de los límites de la trocha; en estos, realizaron un camino forestal para extraer la madera, además causaron un fuerte impacto al bosque. Además confirmó la tala excesiva en varios tramos y que en algunas partes se abrieron “claros” que superan en 8 veces el ancho establecido para la trocha. (15-07-12, TAA).
¿Cuánto dinero por aprovechamiento de madera estuvo en juego? Se ha dicho que la ruta total de la trocha tiene una distancia de 160 kilómetros, ahora bien se tiene tiene certeza de que en tan solo 30 kilómetros de trocha con 30 metros de ancho dentro de bosque primario, se explotaron un total de 90 hectáreas con tala rasa. Si se calculan 30 mil pulgadas de madera por hectárea, da un total de dos millones mil pulgadas (2 700 000) de madera valiosa como almendro, caobilla, níspero, cedro, bota rama, corteza y guayabo. A un precio promedio conservador de mercado de 500 colones la pulgada, resulta un total de 1.350 millones de colones. (Telenoticias, 2012).
La lección también es doble para el gobierno de nuestro país y sus instituciones ambientales pues el EIA les suponía “un atraso” y “un estorbo”, disociando la importancia de la planificación y de los costos ambientales de la obra. Parece prevalecer la idea de que los costos ambientales no son dinero, claro no es “su dinero”, es el de cada una de las y los costarricenses.
En aquel momento, el gobierno declaraba emergencia, por tanto no realizó EIA alguno, tampoco hubo planos sellados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, ni previó presupuesto para puentes necesarios, ¡el colmo! ni tan siquiera se usaron los “modernos” baileys que datan de tecnología de la segunda guerra mundial y que son para uso temporal, pero que en Costa Rica son un clásico, casi sello idiosincrático, al parecer para uso permanente, si no que involucionados aún más, retornando a la prehistoria de los puentes de palos y contenedores que no soportaron un invierno, una “chambonada”.
Al final, se hicieron instrumentos de gestión ambiental, mitigación y valoración ambiental posterior al desastre, para “salvar la tanda” ante la Corte Internacional de Justicia, pero la lección es que la falta de planificación y diseño, incluyendo los EIA, genera más impactos, no hace más que encarecer cualquier obra de infraestructura y deja al descubierto una vez más el doble discurso ambiental, usal en nuestros gobernantes, ahora con la dimensión de una sentencia internacional, aunque traten minimizarlo los responsables y algunos grandes medios que ya sea por ineptitud o por complicidad desinforman.
Al día de hoy esta “obra”, si bien quedó abandonada, está siendo bien aprovechada. ¿Quiénes se siguen beneficiando? La trocha y sus accesos forman un piñal y un naranjal con mano de obra en semi esclavitud, ya se tendrá que ahondar en este tema. La trocha se ha convertido en una suerte de homenaje al robo y destrucción de la naturaleza, sin asco. La corrupción quedó destapada y la impunidad vigente, hasta el momento nadie ha sido responsabilizado ni judicial ni políticamente.
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