Por Mauricio Álvarez Mora.
La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa archivó hoy la propuesta de reforma del Artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente N º 7 para que el Estado y municipalidades le consulten todo plan ambiental de manera obligatoria a una asociación de Sarapiquí.
La asociación activó dos vías para su objetivo, por un lado, en la corriente legislativa mediante el padrinazgo del exdiputado Justo Orozco quien presentó esta reforma mediante el proyecto de ley N°18.306 y por otro, la recolección de firmas para obligar al Tribunal Supremo de Elecciones a realizar un referéndum donde se vote a favor o en contra de la reforma.
Con esta acción La Comisión de Ambiente sepúltó la iniciativa de referéndum, lo cual resulta positivo para gran parte del movimiento ambientalista y otros sectores que no le ven ni pies ni cabeza a dicha reforma y mucho menos a un referéndum para este caso.
Esta propuesta fue considerada inconstitucional pues implica un tratamiento desigual ante la ley y monopolizaría el derecho humano a la protección del ambiente según los criterios del departamento de Servicios Técnicos en el Congreso y de la Universidad de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia.
Para FECON la convocatoria a un referendo nacional no parecen tener sentido en el tanto desvirtúan el espíritu y la pertinencia de la consulta ciudadana. Además resulta discriminatorio un proyecto hecho con base en el derecho a la consulta popular pero exclusiva para una organización cuando existen miles de otras organizaciones, colectivos, comunidades, grupos de hecho, que se dedican a la defensa del ambiente.
Sabemos que sin participación popular no se podría haber logrado detener la minería, las exploraciones petroleras, la expansión descontrolada del banano, la defensa del Golfo Dulce contra la transnacional Stone Forestal, el combo del ICE o lograr detener por años el TLC. Cabe destacar que desde el movimiento ambiental sabemos bien las trabas a las propuestas de iniciativa ciudadana, ya vivimos la experiencia proponer dos proyectos de ley por iniciativa popular -mediante la recolección de miles de firmas - para tener una ley de vida silvestre o una ley de aguas que en este último caso los diputados actuales de niegan a refrendar.
Somos el sector más activo para solicitar y realizar plebiscitos en defensa del agua en Sarapiquí (2000), Guácimo (2001) y Turrialba (2005).
Además mediante el mismo mecanismo de solicitar un referéndum logramos en 2008 juntar más de100 mil firmas para someter consultar la aprobación del Convenio UPOV que fueron obviadas por los diputados y la convirtieron Ley de la República, desechando la petición de referéndum.
Como ecologistas aclaramos que aplaudimos y apoyamos que la gente se organice y que busque mayor participación para la defender el ambiente y mejorar su calidad de vida, pero no en detrimento de los derechos colectivos. De hecho el movimiento y la sensibilidad ambiental en este país han hecho la diferencia entre el fantasioso discurso ambiental oficial y la realidad negativa que enfrenta los ecosistemas y las comunidades, pero esta iniciativa de referéndum la consideramos un absurdo.
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