Interponen acción de inconstitucionalidad contra ampliación de Ruta 32

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La Federación Ecologista (FECON) busca anulación de artículos 17 y 18 de ley Nº 9293 “Aprobación del Financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional nº 32, sección Cruce ruta 4-Limón "del 10 de marzo de 2015. 

Los ecologistas aducen la violación del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al debilitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de un proyecto de Alto Impacto Ambiental Potencial. 

Lo anterior lo consideran un atropello a la independencia y exhaustividad en las funciones de la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), al proponer  na evaluación de impacto ambiental “a la carrera” con imposición de plazos arbitrarios y desproporcionados que impidieron un análisis serio y reposado como amerita dicho proyecto.

Es importante destacar que aunque no se conoce el diseño final, si se considera que la carretera se ampliará sobre la ruta actual hay que destacar que esta atraviesa numerosos bosques riparios (vinculados a las riberas de los ríos), áreas de protección, zonas de recarga acuífera muy vulnerables, gran cantidad de tuberías de agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y al menos nueve Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS).

Los ecologistas creen que el mecanismo de evaluación que se le hizo al proyecto genera un precedente muy peligroso pues, de acuerdo con la normativa vigente, se calificaría como un proyecto de “Categoría A”, es decir, de Alto Impacto Ambiental Potencial.  

FECON considera que los artículos 17 y 18 del proyecto crean un procedimiento que busca debilitar y flexibilizar las normas de evaluación ambientales incurriendo en un trato discriminatorio. 

Lo anterior fue ampliamente advertido a los diputados en la discusión del proyecto, pero fueron obviados debido a los intereses y presiones que rondaron en la aprobación de la ley. No fueron pocas las alertas y los sectores que evidenciaron los cuestionamientos y este tipo de posibles errores del proyecto.

En sí misma la Ley 9293 cierra las posibilidades de que se solicite un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integral, como necesita un proyecto de tales dimensiones, impactos y costos, ya que permite segmentar el proyecto de ampliación de la Ruta 32 en diferentes de componentes para que se realicen "estudios específicos" sin dimensionar la envergadura de todo el proyecto. 

"También refuerza el nefasto papel que hemos denunciado de la SETENA, pues le permite a la entidad definir la rigurosidad, realizar el EIA y finalmente evaluarlo. Todo ello viola claramente el espíritu y la lógica de la evaluación ambiental" aseguran representantes del movimiento ecologista.