Por Mauricio Alvarez Mora.
Las organizaciones ambientales unen su voz a la del Colectivo de Apoyo a las Víctimas de la Criminalización de la Protesta Social y nos manifestamos en contra de los cargos con los que se acusa a seis luchadoras y luchadores por participar en manifestación en defensa de la Seguridad Social.
El pasado 24 de junio de 2015 en la audiencia preliminar se absolvió a uno y cinco deberán ir a juicio penal por su participaron en noviembre de 2012 en una manifestación en defensa de la Seguridad Social en Costa Rica. A pesar de la falta de pruebas y la inconsistencia de los cargos hay una clara la intención de buscar, en instancias judiciales la criminalización de la protesta social.
Exigimos a la Fiscalía General de la República retirar la acusación que hizo debido a que en la etapa indagatoria no se verificó que las personas imputadas estuvieron cometiendo ningún acto violento contra la policía, siendo que la violencia que presenciamos ese 08 de noviembre de 2012 fue provocada por la misma Fuerza Pública, acto repudiado con una gran Marcha Nacional de Repudio a la Represión, una semana después de los hechos de violencia, el 15 de noviembre de 2012.
La misma Sala IV condenó al Estado por las detenciones en la marcha en favor de la CCSS que culminó con 36 personas detenidas.
También advierten que las formas de represión y criminalización han tenido como resultado en los últimos años 20 casos de demandas individuales y 7 demandas colectivas de más de 36 activistas locales que defendían el ambiente y derechos comunitarios en San de Rafael de Alajuela, Coyol , Monteverde, Sardinal y Térraba. Además de formas de persecución y amenazas documentadas que incluyen al menos: 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte.
Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de Jairo Mora, Antonio Zúñiga,Olof Wessberg, Oscar Quirós, Jorge Aguilar, Óscar Fallas, Jaime Bustamante, María del Mar Cordero, David Maradiaga, Kimberley Blackwell y Diego Armando Saborío defensores y defensoras del ambiente que se perpetraron entre 1975 y 2014, que la mayoría continua en la impunidad.
La situación de la CCSS es provocada sin duda por un modelo neoliberal de acumulación que priva a una mayoría de la población de servicios de calidad. Si desde la ecología social decimos que los desequilibrios ambientales tienen su origen en las desigualdades sociales, estamos señalando al sistema económico y en este caso el Estado como la causa de la violencia.
DESCALIFICACIÓN. El modelo de desarrollo actual genera automáticamente intolerancia hacia los que defienden la vida y los bienes públicos de la apropiación trasnacional y privada. Esta intolerancia se está materializando en un discurso, repetido por la prensa comercial, que busca descalificar y desprestigiar a un movimiento socio ambiental cada vez más necesario, legítimo y amplio. Se repite la imagen del activista como una persona violenta, radical y que se dedica a oponerse a todo, creando una generalización que busca que la gente sea insensible a los hechos de violencia y hasta los llegue a justificar.
Las y los activistas que están siendo acusados son personas comunes y corrientes que aman la vida y aspiran vivirla con justicia social. No es posible que se les persigan, denigren o acusen de extremistas cuando son las trasnacionales y los gobiernos los que con sus acciones y políticas desprecian y aniquilan la vida y las comunidades.
Para cerrar estos círculos de violencia, en este caso perpetrado por el Estado, nos unimos a las manifestaciones contra la criminalización de la protesta socio-ambiental.
Leer más antecedentes en: kioscosambientales.ucr.ac.cr/documentos/criminalizaci%f3n%20/no-criminaliza_web.pdf
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