Por Mauricio Álvarez Mora.
La prensa nacional está dando cuenta de un nuevo asesinato perpetrado contra alguien que se tomó el atrevimiento de defender el bien común. “Diego Armando Saborío habría sido asesinado por defender a los animales silvestres de una finca propiedad de su familia, en Chamorro de Cutris en San Carlos”.
¿Por qué llamamos la atención de este asesinato en particular? Primero, porque el móvil del asesinato es que Diego Armando, en el escaso entendimiento. de quien lo asesinó, no tenía derecho alguno a prohibirle la caza. Este efecto delata que las acciones de educación ambiental sobre la población no resultan suficientes, ya que hasta el último costarricense debería entender que la cacería es un delito y que quien se opone a la comisión de un delito de este tipo lejos de ser un enemigo del potencial delincuente, intenta evitar precisamente que un costarricense sea un delincuente.
Segundo, porque hemos venido insistiendo ante el asesinato (aun no esclarecido formalmente) de Jairo Mora que el Ministerio de Seguridad debe actuar en materia ambiental previniendo, controlando y reprimiendo la comisión de delitos ambientales y lo mejor que ha obtenido el movimiento ambiental de esta demanda al hoy Ministro de Seguridad, es el ofrecimiento de Celso Gamboa de recibir a los voluntarios ambientales en la Reserva de la Fuerza Pública y la invitación a que tramitemos permisos de portación de armas y nos defendamos por vía armada.
Pero Jairo o Diego no son los únicos si no hay otros ocho activistas en Costa Rica cuyos asesinatos en su mayoría continúan en la impunidad: Antonio Zúñiga, Oscar Quirós, Jorge Aguilar, Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, David Maradiaga y Kimberley Blackwell. Estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas documentadas que incluyen al menos: 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de demandas y 4 demandas colectivas de más de 26 de activistas locales.A estas últimas demandas se unen las de vecinos del Coyol y la Garita de Alajuela que se enfrentan contra la instalación de una industria de gasificación de desechos.
El 5 junio pasado, el movimiento ambiental presentó a los diputados, en una conferencia de prensa, su agenda legislativa del ambiente e hizo un llamado para aprobar el proyecto No.18804 “Investigación sobre las responsabilidades del estado en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista (Comisión Permanente Especial de Ambiente) procedimiento comisiones especiales investigadoras”.
Ante estos graves hechos de violencia e impunidad los grupos ecologistas lanzamos la propuesta de crear una comisión de justicia y verdad ambiental para documentar atentados y proponer un fuero especial para los defensores del ambiente. Esta iniciativa es apoyada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL,) y por John Knox, experto independiente de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Ambiente.
El experto John Knox, independiente de Naciones Unidas en derechos humanos y ambiente. acogió la propuesta de crear una comisión para llevar un registro sistemático de las amenazas a ambientalistas en función de su trabajo. En sus recomendaciones finales asegura que en “lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas.
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