¡Agua y ríos libres para la vida, no para los negocios!

Por Mauricio Álvarez Mora.

En el marco de la celebración del “Día Mundial en defensa del agua, los ríos, los ecosistemas y las comunidades” con más de 87 acciones en el mundo (ver mapa) en Costa Rica 23 comunidades afectadas por represas junto con organizaciones sociales y ecologistas se reunieron en San José para demandar a las autoridades nacionales un desempeño responsable y comprometido con el desarrollo verdaderamente sustentable.

De forma específica a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) se entregó una carta donde se evidenciaron múltiples anomalías que afectan negativamente el proceso de elaboración y evaluación de los Estudios de Impactos Ambiental de proyectos hidroeléctricos en sus territorios como lo es la parcialidad y favorecimiento a las empresas desarrolladoras por parte de funcionarios de dicha entidad a la hora de realizar la evaluación ambiental, o bien, la realización de estudios sociológicos someros, débiles, incompletos y tendenciosos que no cumplen con el ejercicio eficiente de someter a consulta todos los aspectos en los que las comunidades deben ser adecuadamente consideradas. Además, se hicieron una serie de demandas como por ejemplo, la realización de Audiencias Públicas para dialogar y negociar la viabilidad social de los proyectos incluidos en el Anexo “Expediente en proceso de Evaluación Ambiental ingresados, desde 2012 a febrero del 2014”, tal cual lo establece la Ley de Biodiversidad y otra normativa legal vigente en Costa Rica.

Por su parte, diputados salientes y electos de los partidos Frente Amplio, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana escucharon las principales preocupaciones de las comunidades con respecto a la generación eléctrica en sus territorios y se comprometieron a apoyarles durante la siguiente legislatura. De igual forma, al Congreso se entregó otra carta, solicitando la cooperación de las distintas bancadas para exigirle al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que entregue a la ciudadanía datos sobre contrataciones, acuerdos, actas del Consejo Directivo, planes de expansión eléctrica, estados financieros y, en general, sobre proyectos estatales y privados, porque aunque es información pública, en la práctica se maneja de forma confidencial y las comunidades no tienen acceso a ella, poniéndoles en situación de desventaja sobre lo que se negocia en sus territorios.

Las comunidades también exigieron que se voten los proyectos de ley que vendrían a asegurar una administración participativa y justa del agua como son las propuestas originales de la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (presentado por iniciativa popular) y la Ley para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales (ASADAS), así como la reforma constitucional para que el agua se declare como un bien de dominio público y su acceso como un derecho humano.

Las acciones de incidencia política para garantizar que el agua sea para las comunidades y no para los negocios continuarán el 21 de marzo con una marcha en Upala contra los proyectos hidroeléctricos que están causando efectos altamente destructivos en las zonas de protección de los ríos Zapote y Bijagua, así como un festival el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en la Plaza de la Cultura en San José.