¿Quién protege a los que nos protegen?

Costa Rica: Persecución, criminalización e impunidad

Por Mauricio Álvarez Mora.

Conforme incrementan los conflictos ambientales y la crisis socio ambiental incrementan también los ataques contra los ecologistas y las comunidades que defienden la vida, actos que, además, suelen quedar impunes.

Si bien en Costa Rica la protesta social no es todavía ilegal, tampoco existe una legislación especial que proteja a los activistas sociales y ecologistas. Por el contrario: los atentados en su contra suelen ser tratados como actos de delincuencia común o accidentes. Esto es todavía más cierto en el caso de las comunidades y sus líderes, que por no tener la misma exposición pública o social son aún más vulnerables.

No siempre es necesario llegar a la violencia física; las demandas por injurias y calumnias son las formas más evidentes y directas de criminalización de las actividades de denuncia ambiental, y pueden ser muy efectivas. Pero también se dan casos como el incendio que causó la muerte, en 1994, de Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense que habían participado en una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero. Meses después muere David Maradiaga, tras una misteriosa desaparición de tres semanas. 

Persecución estatal. A finales del año pasado se presentó el informe Sobre criminalización y persecución de  defensores/as de DDHH - Caso Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producto del aporte de varias organizaciones indígenas, sociales, sindicales, de derechos humanos y ambientales. En el informe hay antecedentes importantes para entablar una denuncia internacional por las amenazas, muertes, atentados y la criminalización de la lucha social y ambiental, así como otras formas de violencia  e intimidación que los aparatos represivos gubernamentales y privados ejercen sobre nuestras comunidades y las organizaciones ecologistas y sociales costarricenses. 

Por ejemplo, el informe relata las amenazas contra Jorge Arguedas, presidente de la Asociación de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC). Arguedas fue seguido durante varios días por la Dirección de Protección y Seguridad Institucional del Instituto de Electricidad (ICE), acción realizada con fondos públicos y con el claro objetivo de abrir un proceso de despido. En mayo del 2010, Arguedas formuló una denuncia ante el Ministerio Público por temor a su vida, la cual fue desestimada, si bien ante la Sala IV Constitucional el ICE admitió que siete investigadores de su dirección siguieron y reportaron los movimientos de Arguedas. El mismo aparato del Estado está dedicado a las labores de espionaje y acoso a un sindicalista. 

Llamado a la violencia. En este contexto cabe recordar las agresivas e irresponsables palabras de la Presidenta a raíz del establecimiento del área protegida en el humedal Maquenque, pronunciadas ante la Cámara de Ganaderos: “Por eso es que yo necesito, que en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes, nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente.” Chinchilla continúa diciendo que, en una gira por la Zona Sur (donde firmó el decreto de interés nacional para un mega-aeropuerto), “me encontré grupos radicales, que me dijeron ‘no haga el aeropuerto’, ‘no más turismo’, esos no quieren desarrollo, y esos grupos los vamos a tener que enfrentar juntos...” (30/10/2010). 

Ataques directos. Meses después de las palabras de la Presidenta, la conservacionista canadiense Kimberly Blackwell fue asesinada en su casa, ubicada en la zona montañosa de San Miguel de Cañaza, Golfito. Según la nota periodística, la Fuerza Pública descartó el robo como móvil del crimen, inclinándose por algún cazador de los que muchos veces enfrentó (La Nación, 02/02/2011). Esta muerte se une a una larga lista de ataques contra aquellos que denuncian irregularidades y comportamientos ilegales en el ámbito ambiental: Carlos León sufrió el incendio provocado de su casa (Diario Extra, 31/08/2010), Jorge Ballestero fue atacado por cinco matones (PRETOMA, 08/01/2011), y el famoso chef británico Gordon Ramsay fue rociado con gasolina y amenazado con un arma de fuego tras grabar un programa sobre el aleteo de tiburones en el país (Teletica.com, 04/11/2011). 

Pueblos indígenas. No siempre los atacantes son anónimos: fue la policía la que golpeó y sacó a empujones de la Asamblea Legislativa a 21 manifestantes que demandaban una respuesta gubernamental sobre el futuro de la ley Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica, considerado problemático por el gobierno y su fracción legislativa por sus implicaciones para el proyecto hidroeléctrico El Diquís (PHD). 

Los indígenas Térrabas Paulino Nájera e Isabel River enfrentan procesos judiciales por hechos ocurridos el pasado 12 de octubre del 2010 durante una manifestación pacífica realizada en el Territorio Indígena Térraba (Juzgado Contravencional de Buenos Aires, Exp. 10-200754-0634-PE). Esta causa se une al acoso por parte del ICE, a partir de la decisión de los indígenas de expulsar al PHD del Territorio Térraba. Según los indígenas, la dirección del proyecto ha estado incitando a la división y discriminación, diciéndoles a sus empleados que “por culpa de los indios se van a quedar sin trabajo” (Comunicado de voceros del Territorio Indígena Térraba, 22/02/2011). 

Judicialización. Otro caso es el del ambientalista y sindicalista Carlos Arguedas, que fue acusado por una piñera de difamación. La demanda interpuesta buscaba 10 millones de colones como reparación por las declaraciones dadas por Arguedas en el Consejo Municipal de Siquirres en febrero del 2009, el día en que un grupo de vecinos estaba solicitando concretar una moratoria a la siembra de piña en el cantón de Siquirres. El juicio se suspendió en dos ocasiones y no fue convocado nuevamente antes de la muerte de Carlos, el 31 diciembre del 2010. 

Luego de ser denunciada por atentar contra la salud de los vecinos de la zona donde opera, la empresa Comercializadora de Concreto y Asfalto (COMCOAS S.A) interpuso una querella en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José por el delito de difamación de persona jurídica contra Jorge Villalobos y Sergio Ávila Zumbado (elpregón.org, 09/11/2010). 

Acoso y persecución dentro del Estado. Funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minaet) enviaron una carta donde cuestionan al profesor, abogado y ambientalista Álvaro Sagot por enseñar a sus estudiantes a redactar denuncias y recursos de amparo por malas prácticas (Semanario Universidad, 22/09/2010). Por su parte, el sindicato de SENARA asegura que la Junta Directiva de esa institución presupuestó un millón de colones para pagar una asesora legal que investigara a Miguel Ramírez, funcionario que denunció la falta de estudios sobre la minería a cielo abierto en Crucitas (informa-tico.com, 19/06/2010). El diario digital El País y el sindicato SITRAMINAE vienen denunciando una serie de actos de corrupción, irregularidades y persecución interna dentro del Minaet, como el caso de Óscar Loza, Roberto Zúñiga y Katy Madrigal, funcionarios perseguidos por haber denunciado irregularidades y destrucción de la naturaleza en diversas áreas de conservación (elpais.co.cr , 04/04/2011).  

Responsables. Hay que enmarcar estas denuncias en la creciente ola de inseguridad y violencia social, provocada sin duda por un modelo neoliberal de acumulación que priva a una mayoría de la población de recursos básicos. Si desde la ecología social decimos que los desequilibrios ambientales tienen su origen en  las desigualdades sociales, estamos señalando al sistema económico actual como la causa de la violencia. 

El modelo de desarrollo actual genera automáticamente intolerancia hacia los que defienden la vida y los bienes públicos de la apropiación trasnacional y privada. Esta intolerancia se está materializando en un discurso, repetido por la prensa comercial, que busca descalificar y desprestigiar a un movimiento ambiental cada vez más necesario, legítimo y amplio. Se repite la imagen del ecologista como una persona violenta, radical y que se dedica a oponerse a todo, creando una generalización que busca que la gente sea insensible a los hechos de violencia y hasta los llegue a justificar. Un ejemplo concreto es el caso de Kimberly, retratada en las notas sobre su muerte como una persona conflictiva.

 Existen responsables indirectos de la violencia, como lo es todo el andamiaje de seguridad (en algunos casos paramilitar) privado y estatal, pero los autores intelectual de la represión son las trasnacionales y los empresarios. En algunos casos, los empresarios contratan servicios de espionaje y seguimiento (de “inteligencia”) para desarrollar estrategias de amedrentamiento, amenaza, e incluso actos concretos de violencia. Además, a partir de las palabras de Laura Chinchilla en octubre del 2010,  en las que llama a combatir a los ecologistas, el gobierno tiene una corresponsabilidad importante de todos los casos de violencia en contra de ellos. 

Los activistas ecologistas somos personas comunes y corrientes que amamos la vida y aspiramos a vivirla con justica social. No es posible que nos persigan, denigren o acusen de extremistas cuando son las trasnacionales  y los gobiernos los que con sus acciones y políticas desprecian y aniquilan la vida y las comunidades.

Publicado en: 

http://costaricahoy.info/reportajes/persecucion-criminalizacion-e-impunidad-%C2%BFquien-protege-a-los-que-nos-protegen/107368