Por Mauricio Alvarez Mora.
Esa misma semana fue el diario electrónico "El País" que denunció un presunto grupo clandestino lanzó serias amenazas mediante un correo electrónico al ambientalista de Guanacaste, Gadi Amit y al director del diario digital Carlos Salazar tras las denuncias sobre intentos de entregar recursos acuíferos de Sardinal a inversionistas de proyectos inmobiliarios. (DPA, 06-09-2010y www.elpais.cr)
“Osa: un tesoro en peligro”
Desde siempre la fragilidad y riqueza ecológica de Osa y recientemente han generado la mayor de las admiraciones y explotación generando una gran conflictividad. En la historia ambiental de la zona destacan los conflictos por la tenencia de la tierra, minería de oro, presencia de transaccionales bananeras o forestales como la Osa Forestal o Stone Conteiner, instalación de Marinas, construcción de las granjas atuneras y actualmente el desarrollo inmobiliario turístico o residencial.
Parte de estos conflictos toman forma entre 1997 al 2008 en 87 denuncias ambientales y cuatro informes de la Contraloría, sin la que el Municipio ni el Minaet actuaran para revertir esta tendencia. Más bien en el 2007 la Municipalidad de Osa otorgó 406 permisos nuevos de construcción, lo que representó un aumento del 202% en el número de construcciones con respecto al año anterior. Este aumento se concentro en el litoral costero y en las filas montañosas del sector norte del cantón que termina extinguiendo los corales del Parque Marino Ballena (Consejo Universitario UCR, 2008).
Solo entre el 2008 y 2009 en 4 barridas ambientales el Tribunal Ambiental interpuso 65 medidas cautelares a diferentes proyectos turísticos e inmobiliarios por los fuertes impactos ambientales en las montañas de la Fila Costeña y la Península. Recientemente el Tribunal dio a conocer el Informe Especial “Osa: un tesoro en peligro” con los resultado 4 barridas realizadas por el Tribunal con 60 casos en investigación por: afectación de manglares, afectación de recursos hídricos, cambio de uso del suelo, numerosos caminos montaña adentro en áreas de bosque, proyectos que invaden zonas de protección, gran cantidad de planteles para construcción y movimientos de tierra para lotificación y desarrollos inmobiliarios, así como la tala y envenenamiento de árboles a fin de eliminarlos para establecer construcciones o para obtener mejores vistas.
Incendios y amenazas en Osa una práctica común contra ecologistas
• En febrero de 1999 en el marco de una lucha por establecer una veda forestal en Osa hay una fuerte represión y arresto de ecologistas en una marcha pacífica en el Cruce de Chacarita ese mismo día en la noche fue incendiada la sede policial de Rancho Quemado de Osa. (La Nación, 2-22-1999)
• En 2006 un incendio provocado destruye la Asociación para el Desarrollo del Parque Marino Ballena, en Uvita de Osa. En esa misma zona se produjeron previo al incendio cuatro ataques contra grupos ecologistas y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet). Por ejemplo, en 1995 quemaron la casa de los guardaparques (La Nacion 1-15-2006)
• El año pasado fueron incendiadas la oficina Minaet del Área de Conservación Osa, en Palmar Norte. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) e investigadores del cuerpo de Bomberos confirmo que hubo residuos de algún hidrocarburo. Las oficinas dañadas contenían expedientes sobre investigaciones de talas en zonas protegidas. (La Nacion 23-04- 2009)
• Vecinos de la zona recuerdan en plena pelea por la defensa de la Fila Costeña el incendio de expedientes dentro de la misma Municipalidad de Osa.
• Las amenazas con armas y destrucción de finca al ambientalista Alcides Parajeles quien ha denunciado sistemáticamente a madereros, autoridades, tala de bosques y apertura ilegal de caminos en Península de Osa.
Otros antecedentes
En el 2009 fue amenazas de muerte y el saqueo de la oficina del computador del activista de la Zona Sur, Aquiles Rivera, quien ha venido participando y promovido actividades por la defensa del ambiente y derechos laborales. También un asalto a miembros del Proyecto Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica.
Las amenazas, robos o accidentes no son nuevas, al menos para movimiento ecologista y ambientalista de Costa Rica. Se registran la muerte no esclarecidas en 1989 luchador indígena Antonio Zuñiga. En 1992 muerte, a balazos, Oscar Quirós dirigente de la Lucha en contra la deforestación en Sarapiquí. Las constantes amenazas y presiones recibidas, en diversa luchas ambientales en la pasada década a la escritora Ana Cristina Rossi, a la periodista Patricia Sánchez, y el del ingeniero forestal León González.
Incendios una vieja técnica
La muerte en un incendio, cuyas causas no fueron esclarecidas satisfactoriamente por la investigación oficial, de los compañeros Oscar Fallas, Jaime Bustamante y la Compañera María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), el 7 de diciembre de 1994. Meses después la muerte de David Maradiaga tras una misteriosa desaparición de tres semanas.
En Abril de 1995 hubo un incendio simultáneo, de las viviendas de los Geólogo Wilfredo Rojas y la trabajadora social Elizabeth González, profesionales integrados a la Campana Contra de instalación del Relleno Sanitario en Cordel de Mora.
El año pasado fue incendiada la casa del dirigente comunal de Ostional, Gilbert Rojas quien se opone a las expropiaciones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.
Criminalización de la acción ecologista
En el 2006 Industrias Infinito intento enjuicio querella por Difamación contra Marco Tulio Araya comunicador y ambientalista.
Resulta cada vez más cotidiano la intolerancia y la descalificación a quienes denuncian actividades empresas o personalizan acusaciones. Por ejemplo la demanda interpuesta al programa ambiental Era Verde de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y a los ecologistas Marielena Fournier y Fredy Pacheco en agosto de 2007.
En el 2008 los intentos de judicializar a los Vecinos de la Perla de Guácimo han sido amenazados y reprimidos por exigir que se cumpla la ley y se cierre una piñera que contamina el agua. También en el 2008 la demanda al líder comunal de Desamparados de Alajuela Abel Sánchez Solórzano por denunciar el proceso urbanizador y sus efectos sobre la naturaleza y los recursos hídricos.
Hasta los jueces ambientales son amenazados
Los tres jueces integrantes del Tribunal Ambiental Administrativo del ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica fueron amenazados de muerte, luego de haber cerrado proyectos turísticos irregulares en las zonas costeras del Caribe y en Guanacaste, en el Pacífico. Dichos proyectos afectaban bosques o zonas públicas de playa, de acuerdo con el informe de los jueces. Los jueces José Lino Chaves, Jorge Bonilla y Mario Leiva presentaron las respectivas denuncias sobre las amenazas que han recibido por teléfono ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). (AFP, 20-05-2008)
Por toda la región
El movimiento Ambiental Mesoamericano sufrió el asesinato hace catorce años de Jannette Kawas razón por la que el Estado Hondureño fue condenado por la Corte Interamericana. Organizaciones y comunidades de Honduras, El Salvador, Panamá y México han sufrido represión, detenciones, asesinato y judicialización. La misma situación se da en Guatemala con las poblaciones indígenas y dirigentes de organizaciones sociales y ambientales, donde el compañero Yuri Mellini sufrió un atentado y son constantes las amenazas.
No son hechos aislados
Todos estos alarmantes antecedentes y los recientes contra Carlos Leon y Gadi Amit son suficiente importantes para entablar una denuncia a nivel nacional e internacional sobre las amenazas, muertes, atentados y la criminalización de la lucha social y ambiental, así como otras formas de violencia e intimidación que los aparatos represivos gubernamentales y privados ejercen sobre nuestras comunidades y organizaciones ecologistas y sociales costarricenses.
El trabajo de los y las ecologistas o activistas sociales tiene que ver con la defensa de la vida, con el respeto y con la solidaridad. Debe rechazarse todo tipo de amenazas a la integridad física de cualquier persona que en cualquier parte de nuestro territorio o del mundo.
La inseguridad ciudadana en general afecta a todos y todas, pero esta lista de amenazas y atentados que ecologistas y luchadores comunales han sufrido en los últimos años y que todavía están en la impunidad nos obliga a poner atención a todo hecho de violencia en torno a compañeros y compañeros en el desempeño de su labor de acción social.
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