Por Mauricio Álvarez Mora. Ecologista, facilitador de la Red Oilwatch en Mesoamérica
En abril de 2010, el mundo fue testigo de una de las peores catástrofes ambientales de la historia: el derrame petrolero en el Golfo de México. Según cifras del gobierno estadounidense, el flujo de crudo alcanzó entre 35.000 y 60.000 barriles diarios, mientras que informes extraoficiales de BP elevaron esa cifra hasta 100.000 barriles por día. Para ponerlo en perspectiva, ese volumen equivale al consumo diario de petróleo de Costa Rica en 2008, mientras que Estados Unidos supera los 20 millones de barriles diarios.
Once trabajadores, entre obreros e ingenieros, perdieron la vida en el accidente. Como ocurre con frecuencia en este tipo de desastres industriales, sus nombres y rostros quedaron rápidamente relegados. También quedaron invisibilizadas las cientos de personas heridas o fallecidas en incidentes previos en plataformas del Golfo durante las últimas tres décadas. El dolor humano suele diluirse cuando los intereses económicos alcanzan tal magnitud.
Lejos de asumir plenamente su responsabilidad, British Petroleum optó por estrategias orientadas a contener el impacto mediático más que el ambiental. Se dispersó el petróleo con productos químicos para evitar que flotara, se restringió el acceso de la prensa, se compró el silencio de pescadores y se priorizó la protección de la imagen corporativa y del valor de sus acciones. Uno de los químicos utilizados, Corexit, no solo ocultó la magnitud del derrame, sino que incrementó la toxicidad en las profundidades marinas. Según Greenpeace, el uso de estos dispersantes permitió reducir costos al evitar el despliegue masivo de embarcaciones recolectoras, pero ese “ahorro” se tradujo en un aumento de la mortalidad de peces, aves y en daños severos a la cadena alimenticia.
El desastre también desmontó el discurso reiterado por la industria petrolera sobre la supuesta seguridad de su “tecnología de punta” y sus “estándares internacionales”. Ninguno de estos argumentos evitó la tragedia ni permitió una respuesta eficaz ante la emergencia.
A esto se sumó la exposición de prácticas de corrupción institucional. La agencia federal Minerals Management Service (MMS), encargada de regular la actividad petrolera en Estados Unidos, mantenía vínculos estrechos con las compañías del sector. Durante la administración de George W. Bush, se eximió a empresas como BP y Transocean de presentar planes de contingencia ante posibles accidentes. En una audiencia parlamentaria, el congresista Ed Markey reveló que algunos planes de emergencia incluían la protección de morsas, especies que no habitan el Golfo de México desde hace millones de años, evidenciando el carácter ficticio de dichos documentos.
El Golfo de México se ha convertido en un territorio altamente intervenido por la industria petrolera y resguardado por estructuras militares. Los pescadores han sido progresivamente desplazados, mientras que el deterioro ambiental avanza. Desde 2001 se han registrado más de 850 incendios y explosiones en plataformas en esta región.
Las más de 3.800 plataformas que operan en el Golfo aportan apenas un 8% del consumo diario de petróleo de Estados Unidos. Se trata de una contribución marginal frente a los enormes costos sociales, ambientales y humanos que implica. A cambio de una fracción del suministro energético, se sacrifican ecosistemas completos, economías locales y vidas humanas.
Este derrame tampoco fue un hecho aislado. BP ya había estado involucrada en tragedias anteriores, como la explosión de su refinería en Texas en 2005, que dejó 15 muertos y 170 heridos, y un derrame de 200.000 galones en Alaska en 2006. Las sanciones económicas impuestas en estos casos resultaron insignificantes frente a sus ganancias.
Tras el desastre, las responsabilidades se diluyeron en una cadena de acusaciones cruzadas. Otras petroleras señalaron a BP, BP responsabilizó a Transocean, esta a su vez al operador, mientras que Halliburton y Cameron International también fueron señaladas. Se configuró así una red de evasión de responsabilidades que contrasta con el discurso de eficiencia corporativa.
El entonces presidente Barack Obama, quien había prometido limitar la exploración petrolera, había levantado la moratoria en aguas profundas pocos días antes del derrame. Su administración, además, había recibido aportes de campaña de las empresas involucradas, lo que plantea interrogantes sobre la relación entre política energética y financiamiento corporativo.
BP anunció una inversión de 20 mil millones de dólares para la limpieza. Aunque la cifra parece elevada, representaba apenas el 6% de sus ingresos en 2009. El petróleo continúa siendo barato porque no incorpora sus verdaderos costos: los daños ambientales, sociales y culturales. En ese contexto, no resulta exagerado afirmar que, en ocasiones, un barril de refresco puede costar más que uno de petróleo.
Sin embargo, la verdadera catástrofe no es únicamente el derrame, sino la persistencia del modelo que lo hace posible. Se siguen destinando miles de millones de dólares para expandir la frontera petrolera hacia territorios como Alaska, el Ártico, la Amazonía o Talamanca. En apenas tres años, las petroleras invirtieron 39.000 millones de dólares en exploración de nuevos yacimientos, mientras que los recursos destinados a seguridad, prevención y respuesta ante accidentes fueron mínimos, apenas 20 millones anuales, según datos citados por Naomi Klein en The Guardian (19-06-10).
Las guerras, el cambio climático y desastres como el del Golfo de México evidencian hasta dónde pueden llegar las corporaciones y las sociedades consumidoras para sostener un modelo energético basado en hidrocarburos. Cuanta más información se acumula, más clara resulta la conclusión: la era del petróleo no solo está en crisis, sino que debe llegar a su fin. La transición hacia una sociedad postpetrolera no es una opción lejana, sino una necesidad urgente que implica replantear las bases mismas de nuestra relación con la energía, la naturaleza y la vida.

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