MINAE promueve muerte de ríos

Por Mauricio Álvarez Mora.

En una comparecencia el día de hoy en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa que analiza el proyecto de ley del Recurso Hídrico, el Ministro del Ambiente demostró total insensibilidad por una de las principales causas de conflictos socio-ambientales en Costa Rica como es el impacto ambiental de la generación eléctrica privada. 

En este momento 4 contratos terminaron su concesión de aguas y no existe un marco jurídico para renovarlas.  Para finales del 2004 se aprobó un nuevo Texto Sustitutivo al proyecto de Ley del Recurso Hídrico (expediente No14.585) donde se remite el tema de las concesiones para generación privada a una ley especial. Por eso que los beneficiados de este negocio, unos 90 proyectos por ser construidos y unos 27 operando, están maniobrando para que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa incluya, con apoyo de MINAE, un capítulo que reactive la generación privada. 

Unos 27 proyectos hidroeléctricos privados instalados en los ríos y comunidades han generado movilizaciones sociales a nivel nacional. Las movilizaciones contra el Combo eléctrico, los plebiscitos de Siquirres y Guácimo fueron respuestas a la cadena de 90 proyectos que se encontraban en fila para ser construidos. Estos proyectos estarían construidos de no ser por la lucha de las comunidades campesinas de Pérez Zeledón. Estas presentaron un Recurso de Amparo y una acción de inconstitucionalidad que paralizaron todas las gestiones de las empresas de generación eléctrica al quedarse sin la posibilidad de obtener una concesión de aguas para generar fuerza hidráulica. 

Estos proyectos no solo causan conflictos sociales si no que tienen graves impactos ambientales sobre los ríos, como la privación del agua para otros usos, los cambios en el caudal que terminan matando la vida del río, cabezas de agua río abajo, la construcción de caminos en el bosque y la deforestación del área, el desvío de quebradas y desplazamiento de poblaciones y propietarios. Lo más grave es que los instrumentos de mitigación como los EIA no están diseñados para prever estos efectos acumulativos y sinérgicos. Por ejemplo hay 14 proyectos hidroeléctricos privados en la cuenca del Río San Carlos y 14 en planificación. La SETENA no tiene mecanismos legales para rechazar estos proyectos por acumulación de efectos negativos al ambiente. Esto además por que las compañías privadas recurren a disminuir costos y no cuentan con un departamento de ambiente, planificación, gestión, hidrología y construcción como el que tiene el ICE.

Mientras el ministro trabaja para  promover a los generadores privados y la muerte de los ríos olvida recomendaciones, dictámenes de tres distintas Comisiones investigadoras  legislativas espaciales, Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), del ICE y las demandas ejercidas desde la sociedad civil para derogar estas leyes. Además de danza de millones que significa la generación privada pues el monto acumulado por el pago a los generadores privados será de unos $1522 millones de dolores en 26 años de contratos al precio histórico del dólar y proyectado: 428 colones. Esto según las proyecciones del ICE. En cifras esto corresponde a unos $58 millones de dólares anuales o 68 millones de colones diarios o 2 millones 800 mil por hora. Según estimaciones de los técnicos del sector, al momento de terminar los contratos, el ICE habría pagado, en valor presente, un sobre costo que se estima entre US$ 50 millones y US$100 millones.

No es casual que todo lo anterior se dé en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos TLC CA-EEUU. En el tema de comercio transfronterizo de servicios la posición del Gobierno de Costa Rica para el servicio de generación eléctrica ha sido la de "promover que dichos servicios continúen siendo regulados tal y como actualmente se estipula en la legislación costarricense", según nota remitida por el Ministro de Comercio Exterior al diputado Gerardo Vargas (oficio DM-0678-3 del 10 de julio de 2003). Por eso tanta prisa por consolidar la apertura en el mercado eléctrico. Una vez que esta quede incluida en las obligaciones de acceso a mercados y trato nacional contenidas en el TLC no será posible revertir el proceso de privatización. Esto significa que si una ley es modificada solo podrá hacerse en beneficio de los acuerdos y no en perjuicio de ellos.