Por Mauricio Álvarez Mora.
En un contexto mundial marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el aumento de los conflictos socioambientales, las personas defensoras del medio ambiente cumplen un papel esencial. Son quienes, desde territorios rurales, comunidades indígenas, organizaciones sociales o espacios académicos, sostienen la defensa cotidiana de derechos fundamentales que dependen directamente de un entorno sano: el acceso al agua, la soberanía alimentaria, la salud pública y la conservación de los ecosistemas.
Sin embargo, esta labor imprescindible se ha convertido, paradójicamente, en una actividad de alto riesgo. Así lo reconoce el llamado a contribuciones realizado por Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, quien ha advertido sobre el incremento de amenazas, agresiones y violaciones sistemáticas contra quienes protegen el ambiente en distintas partes del mundo.
Defender la naturaleza en contextos de riesgo
A pesar de que el derecho internacional reconoce y protege el trabajo de las personas defensoras, en la práctica estas enfrentan múltiples formas de violencia. Ejecuciones, amenazas, criminalización, campañas de desprestigio, detenciones arbitrarias y procesos judiciales infundados forman parte de un patrón que se repite en numerosos países, incluyendo Costa Rica.
En el país, los casos documentados muestran una diversidad preocupante de agresiones. Activistas han sido amenazados por denunciar proyectos hidroeléctricos o monocultivos; otros han enfrentado campañas de estigmatización desde discursos oficiales que los califican de “conflictivos” o “anti-desarrollo”. También se registran presiones contra medios de comunicación y plataformas críticas, así como procesos judiciales contra personas que defienden servicios públicos o territorios comunitarios.
Costa Rica: una historia de violencia invisibilizada
Lejos de la imagen internacional de “país verde”, Costa Rica arrastra una historia poco reconocida de violencia contra defensores ambientales. Durante décadas se han documentado más de 70 tipos de agresiones, incluyendo atentados, incendios provocados, amenazas de muerte y asesinatos.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el asesinato de Jairo Mora Sandoval en 2013, ocurrido mientras protegía nidos de tortugas marinas en Moín. Este crimen evidenció la vulnerabilidad de quienes defienden la biodiversidad frente a redes ilegales y la insuficiente respuesta estatal.
A este caso se suman otros nombres que forman parte de una memoria dolorosa: Olof Wessberg, María del Mar Cordero, Óscar Fallas, entre otros. Sus muertes, en muchos casos, continúan rodeadas de impunidad o con procesos judiciales cuestionados.
Más recientemente, se han denunciado amenazas directas contra activistas en regiones como Los Chiles, donde opositores a la expansión piñera han sido intimidados por sujetos desconocidos. En otros casos, defensores han sido amenazados tras reuniones con actores empresariales o por publicaciones en redes sociales.
Criminalización y debilitamiento institucional
La violencia no siempre se expresa de forma directa. En Costa Rica, uno de los mecanismos más frecuentes es la criminalización de la protesta. Personas defensoras han sido llevadas a juicio por acciones de resistencia pacífica, mientras proyectos cuestionados avanzan con respaldo institucional.
Incluso guardaparques —funcionarios encargados de proteger el patrimonio natural— han enfrentado procesos judiciales polémicos, en los que testimonios de personas vinculadas a actividades ilegales han tenido más peso que la labor de conservación. Este tipo de situaciones no solo desprotege a quienes cumplen funciones clave, sino que envía un mensaje desalentador a quienes consideran involucrarse en la defensa ambiental.
El debilitamiento institucional también se refleja en la falta de respuestas oportunas ante denuncias. Muchas agresiones no son investigadas adecuadamente, y cuando lo son, los procesos suelen ser lentos o inconclusos. Esta inacción contribuye a consolidar niveles de impunidad que rondan cifras alarmantes.
Las causas de fondo: conflicto y modelo de desarrollo
Las agresiones contra defensores ambientales no ocurren en el vacío. Están profundamente ligadas a un modelo de desarrollo que ha intensificado la presión sobre los territorios y los bienes comunes.
La expansión de monocultivos, proyectos hidroeléctricos, infraestructura y actividades extractivas ha generado una creciente conflictividad socioambiental. Según diversos informes nacionales, en la última década Costa Rica ha experimentado un aumento sostenido de protestas relacionadas con el ambiente, reflejando el malestar de comunidades que ven amenazados sus medios de vida.
En este contexto, el Estado ha sido señalado por adoptar un rol cada vez más alineado con intereses empresariales, dejando de lado su función de mediador. Decisiones tomadas sin consulta previa, estudios insuficientes o procesos poco transparentes han alimentado la desconfianza y la movilización social.
Respuestas desde la sociedad civil
Frente a este panorama, las organizaciones ecologistas han impulsado propuestas para enfrentar la crisis. Una de las más relevantes es la creación de una Comisión de Verdad ambiental, orientada a documentar las agresiones, esclarecer responsabilidades y generar medidas de reparación y no repetición.
También se ha planteado la necesidad de establecer mecanismos específicos de protección para defensores ambientales, incluyendo protocolos de prevención, sistemas de alerta temprana y reconocimiento legal de su labor.
La presión pública y la denuncia internacional han demostrado ser herramientas efectivas. La visibilización de los casos no solo protege a las personas en riesgo, sino que obliga a las instituciones a actuar y a rendir cuentas.
Una oportunidad para el país
Costa Rica tiene la posibilidad de convertirse en un referente global no solo en conservación ambiental, sino también en la protección de quienes la hacen posible. Para ello, es necesario cerrar la brecha entre el discurso y la práctica.
Garantizar la seguridad de las personas defensoras del ambiente implica reconocer su labor, atender las causas estructurales de los conflictos y fortalecer las instituciones encargadas de proteger derechos.
El llamado del Relator Especial no es solo una invitación a documentar la crisis, sino una oportunidad para transformarla. Defender a quienes defienden la naturaleza es, en última instancia, defender la democracia, la justicia y el futuro del país.
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