Berta Cáceres y el Instituto Costarricense de Electricidad transnacional

Por Mauricio Álvarez Mora.

A 16 años del Combo eléctrico ¿dónde está el ICE que defendimos?

Sirva otro aniversario más del Combo para que el ICE, las fuerzas políticas y sociales empecemos a debatir: ¿por qué el ICE expande sus negocios fuera de Costa Rica justo donde existen graves conflictos socio ambientales y violación abierta de derechos humanos?, y en Costa Rica ¿por qué insiste en favorecer las hidro-oligarquías privadas?, ¿pretende ahora comportarse como una transnacional más?, ¿qué papel debe jugar entonces nuestro país y en especial el ICE ante esta indiscutible nueva realidad regional de guerra por los recursos?

Nos tragamos las lágrimas por el asesinato de Berta, llega el momento de identificar responsables en nuestro país, sí en Costa Rica. Hay que decirlo claro: el ICE está interesado en iniciar proyectos para represar ríos ensangrentados -no sólo por el asesinato de Berta-, que despojan de sus tierras a campesinos y pueblos originarios por sobre las leyes que les protegen y comprometen el bienestar socioambiental de un país en función de intereses privados.

El ICE parece estar dispuesto a hacer lo que no ha podido en Diquís, Talamanca o Duchi, nombre en cábecar de nuestro Río Chirripó. Esto, en la jerga transnacional, se llama doble estándar: consiste en hacer en el extranjero lo que no se puede hacer legalmente en el país de origen. El conflicto no sólo ético si no legal reside en dos aspectos: por un lado si el ICE hizo o no la consulta indígena qué corresponde y cómo corresponde y por otro, si construirá represas que están destinadas a proveer de electricidad no a la población hondureña, si no a la nefasta minería de oro a cielo abierto a cual el dueño del ICE, es decir el pueblo costarricense, dijo NO de manera rotunda logrando que esta actividad se prohibiera por la Ley 8904 en nuestro país.

Para echar a andar esta transnacionalización, entre otras acciones, el ICE y la cancillería firmaron un convenio marco para promover la “exportación de servicios y productos” (Presidencia, 22-2-16); mientras el presidente Solís estuvo en diciembre pasado en Honduras, evaluando las opciones de proyectos en ese país donde la vida parece no valer nada (Presidencia, 17-12-2015).

Ríos de Sangre. Según el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), son 41 los asesinados desde 2005. Sin embargo, ampliando las fechas y profundizando en la búsqueda, la cifra se eleva a 50 defensoras y defensores de los ríos que han sido asesinados por oponerse a proyectos hidroeléctricos en México, Centroamérica y Colombia. En detalle: Guatemala (17), Honduras (14), México (89, Colombia (7), Panamá (3) y El Salvador (1) (ver lista). Entre estos 50 asesinatos hay 4 de mujeres y por los menos dos de menores de edad (11 y 13 años). Los años más sangrientos fueron el 2013, con 10 asesinatos, y el 2014, con 12. Reglón aparte merecen los 27 sindicalistas colombianos asesinados en conflictos con Unión FENOSA.

En Honduras los 14 asesinatos por la defensa de los ríos están vinculados a los siguientes proyectos hidroeléctricos: Agua Zarca, Babilonia, Los Encinos, Las Minitas, Aurora y Agua Blanca. Algunas de estas personas asesinadas contaban con medidas cautelares interpuestas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estos 14 casos solo se refieren a los defensores de ríos. Según un estudio de la organización Global Witness, los asesinados entre 2002 y 2014 por conflictos de tierra y minería en Honduras son 111, lo cual hace que este país tenga el índice per capita más alto de todos los analizados por esa organización, lo que lo convierte en la nación más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el ambiente.

Además, resulta dramático que dicho estudio revele que, durante este período de 11 años, solo en 10 de los casos hubo alguna condena.

Honduras se perfila como la segunda nación (2002-2014 según estudio de “Global Witness”, 2015) con mayores asesinatos después de Brasil. La región Latinoamérica registra la mayoría de los asesinatos de ambientalistas: 702 casos; es decir, alcanza el 77%. Tomando en cuenta también el año 2015, en Centroamérica tenemos 146, en México 45 y en Colombia 80. Se trata en total de 271 asesinatos, dos de esos caso se dieron en Costa Rica, pero muchos otros ocurridos también en nuestro país no están en esas estadísticas o sucedieron antes del 2002.

El ICE en Honduras. Según transcendió medios de comunicación, el ICE evalúa participar, en el Departamento de Santa Bárbara, en los Proyectos Hidroeléctricos (PH) Santa Lucía (Municipio de Quimistán), Joyas de la Laguna (Municipio de Naranjito), Rancho (Municipio de Atima) y Ojo de Agua (ubicado en una franja que abarca el municipio de San Esteban, Departamento Olancho, e Iriona, en el Departamento de Colón). Otros dos proyectos ya construidos son el Cañaveral y Río Lindo, donde se realzaría reconstrucción y modernización de las plantas (Semanario Universidad, 14-12-16).

Es muy fácil encontrar información acerca de los conflictos que están vinculados a estos proyectos que pretende asumir el ICE. El PH Ojo de Agua, sobre el afluente del Río Sico, afecta la comunidad Garífuna de Ojo de Agua de Iriona, Colón (ACI, 2013). En el municipio de Santa Bárbara, donde se ubicarían 3 proyectos de interés del ICE, se ha denunciado la matanza de campesinos y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, en especial durante el periodo posterior al golpe de Estado. En la construcción de proyectos hidroeléctricos se ha denunciado falta de participación y conflictos en los Valles del Norte de Santa Bárbara (ver más en http://cespad.org/.../files/Informe%20de%20represas.pdf).

¿Energía para qué? Toda esta energía que el ICE estaría ayudando a producir está en función de los intereses del poder fáctico reinante en Honduras: enriquecer más a la sanguinaria clase política hondureña y suplir la locomotora minera que arrasa este país, y en especial al departamento de Santa Bárbara, donde en el 2013 existían unas 51 concesiones otorgadas de minería metálica (oro, plata, zinc, plomo, etc.) y otras 39 en trámite. Los datos en 2015 son alarmantes, se cuenta 44 concesiones para exploración de oro, 37 de plata, 23 de zinc, 23 de plomo y 21 de polimetales (La Prensa Honduras, 9-7-2015). Según la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras, más del 35% del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, a las 300 nuevas concesiones mineras se suman 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas, por lo que aseguran que el 50% del territorio hondureño se encuentra en manos de la industria extractiva (Radio Progreso, 26-2-2016).

Violar el convenio 169. No es casualidad que el estado Hondureño, tal y como han denunciado las organizaciones indígenas, haya pisoteado el Convenio 169 de la OIT desde el momento que fue ratificado (1995) hasta ahora (Informe de Pueblos indígenas ante CIDH, 2013).

El ICE pretende incursionar en el PH Patuca III, que se benefició del apoyo y las leyes aprobadas con el golpe de Estado (2009), las cuales permiten no consultar a los pueblos indígenas Tawahka, Miskito, Pech y Garífuna. Un estudio independiente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en relación con la construcción de la hidroeléctrica, concluye "con relación al proceso de consulta realizado para el Proyecto III por la ENEE, podemos resumir que durante la realización de las mismas con el pueblo Tawahka y Miskito, ambos se manifestaron en contra del proyecto, debido a que consideran que uno de los impactos es el descenso del caudal del río afectándose la navegación por el mismo río, única forma de comunicación relativamente rápida a sus territorios". Cabe la pregunta que se hace siempre a las transnacionales ¿bajo qué ley operará?, ¿con la ley de cuál país?, pues resulta fácil decir que cumplirá las leyes, pero ¿cuáles estándares internaciones cumplirá? o simplemente, con los legalismos del caso, ¿operará con la ley que menos requisitos tenga?

Si se revisa cada uno de estos proyectos que el ICE evalúa, por supuesto que no todos se ubican en territorios indígenas o en áreas protegidas, pero se trata de cuencas de poblaciones sumamente pobres, que no tienen servicios y que su acceso al agua son los ríos. Aunque estas poblaciones no estén organizadas por terror, o no haya un muerto en cada proyecto, están insertas en una guerra para despojar a las comunidades de los bienes comunes, y lidian con un Estado dominado por los intereses de la clase dominante que impone el proyecto a un costo de permanentes violaciones a los Derechos Humanos.

Si se revisa los informes de Derechos Humanos (ACI, 2013 y CIDH, 2015), se concluye que si hay una comunidad o un sector social que intenta discutir, participar o cuestionar, se convierte en blanco de la criminalización, estigmatización y, finalmente, terrorismo de Estado, ya sea a través de actividades paramilitares o de otras formas de violencia disfrazada, como las maras o la delincuencia común.

El ICE en El Salvador. El ICE anunció la firma de un contrato para supervisar la construcción del PH El Chaparral, ubicado en el Río Torola, en la zona oriental de El Salvador, según informó el gobierno (Gobierno.cr, 21 -3-16). Este proyecto ha visto pasar 4 gobiernos desde su inicio en 1997, y su construcción 2008 fue paralizada por problemas constructivos desatados por las tormentas Ágatha y Álex. Desde su inicio, sufrió un via crucis por la opinión de las comunidades, dado el desplazamiento de cientos de familias y la afectación de miles más, la falta de transparencia, la corrupción y la politización.

Nuestra responsabilidad y defensa del ICE. A orilla de estos ríos caminamos junto a sus defensores, estuvimos con Berta y muchos otros líderes de la región, en distintos foros y eventos donde compartimos nuestras luchas y logros. Con muchos y muchas que hoy están junto a Berta, con comunidades sin más esperanza que ser expulsadas de sus tierras y arrinconadas en cinturones de pobreza y renunciar a su cultura por haber perdido su recurso más valioso.

Como ecologistas, hermanos y hermanas de Berta y esta larga lista de asesinados, no podemos consentir que el mismo ICE que defendimos en las calles actúe ahora como cualquier otra trasnacional, amparándose en el “yo no fui” y ocultándose tras un rol de “asesoría técnica”.

El asesinato de Berta devela la guerra de “alta intensidad” por la defensa de los territorios, ante los intereses por vaciarlos, ocuparlos y extraer todos sus recursos. Los activistas y líderes son blancos de combate. En “combo” vienen la minería, las represas y las maquilas. Este es un círculo vicioso de muerte: producir electricidad para consumir energía en la extracción de minerales y desplazar y fragmentar a las comunidades alimentando pobreza y germinando violencia en forma de maras, crisis humanitaria con migraciones que terminan en una maquila si no mueren en el camino de terror hacia el Norteamérica, se recrudecen las expresiones de xenofobia y homofobia y donde mujeres y niños se vulnerabilizan aún más.

¿Por qué decimos que el ICE se comporta como una transnacional? Primero porque el ICE y el país no deberían recibir inversión y asociarse con empresas señaladas por asesinatos y otras violaciones a los Derechos Humanos en estos países, como la empresa China Sinohydro Corporation o la española Unión Fenosa.

Segundo, porque su simple presencia tratará de utilizar su imagen para mejorar proyectos que se dan sin cumplir los mismos requisitos o estándares de nuestro país. El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW).

Como si fuera poco, antes, el ICE trató de “maquillar” frente a la Contraloría un nuevo Proyecto Hidroeléctrico -La Perla, de 17 MW- pero el refrendo del contrato ha sido rechazado en 3 ocasiones. Para la Contraloría, el ICE no ha podido garantizar que dicha represa será independiente del PH La Joya, perteneciente a la empresa Unión Fenosa. Este último, limitado por la Ley 7200, solo podría comprarle 50 MW, por lo cual ampara este nuevo proyecto bajo la Ley 8660 que le permite firmar un contrato donde es el ICE el que produce energía (en una planta que es propiedad de FENOSA) y no paga por el concepto de compra de energía sino por el pago del diseño y construcción, además de una cuota periódica por concepto de operación y mantenimiento (Diario Extra, 22-3-2016).

Sobre esto, cabe preguntarse: ¿Qué pasó con la investigación (Fiscalía de Delitos Económicos) sobre un “premio” por ¢25 millones recibido por el exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo, de parte del exdiputado socialcristiano Gerardo Bolaños, vinculado con la adjudicación del PH La Joya a FENOSA en el año 2000? (Al Día, 2- 12-2000). ¿Cómo funciona este sistema de “premios” en su esquema de negocios internacional?

Tercero, la medida sin mayor consenso o discusión es generalizar la exportación de electricidad a gran escala. Para ello, se realizó una mega inversión (US$ 494 millones) en interconexión eléctrica (SIEPAC) y se habla abiertamente de la exportación como “conveniencia nacional”, independientemente de quien lo haga (Costa Rica Hoy, 2/7/2012). Por ejemplo, para junio del año pasado, el ICE exportó más de 6 millones de dólares en electricidad a toda Centroamérica, que si bien son excedentes, es un gran banquete que están esperando devorar las transnacionales y los generadores privados. (crhoy.com, 1-7- 2015). Este sería una de las grandes motivaciones para que se insista en la Ley de Contingencia u otra más aperturista, que permita la exportación privada de electricidad, potestad que hoy solo tiene el ICE.

Cuarto, cuando vemos que el ICE pagará 95 000 millones de colones a los generadores privados por compras de energía; es decir, un incremento de 32 000 millones con respecto al 2014, y que ese monto lo pagamos todos y todas, tenemos claro que la generación privada local y transnacional (FENOSA) es un gran negocio y que sus dueños aún conservan su capacidad para influenciar políticamente la toma de decisiones técnicas en el ICE. ¿Engorda el ICE con nuestra plata las billeteras de dos expresidentes, que las usarán para campaña política y ser elegidos una vez más y aprobar leyes que los beneficien tal y como lo hicieron en el pasado?

Quinto, en su relación con los conflictos domésticos por energía privada desatados por sus licitaciones (Upala, Perez Zeledón, Coto Brus, Buenos Aires, Acosta y Perez Zeledón), el ICE ha actuado siempre favoreciendo a los empresarios privados. Por ejemplo, en el Sur del país, las comunidades quisieron conocer los expedientes de los proyectos elegibles, y no pudo ser más desatinada la respuesta del ICE, que les pidió una cédula jurídica (a comunidades que no dudaron para estar en las calles contra el Combo). Estas comunidades ha visto como el ICE dio varias prórrogas para el archivo del PH Consuelo, pasando por encima de criterios de otras instituciones como SETENA, MINAE, AyA y ARESEP que cuestionaron dicho proyecto (ver más).

Sexto, estas empresas que el ICE beneficia y antepone a las comunidades, amparadas en las leoninas Leyes 7200 y 7508, con razón o sin ella, demandan legalmente para tratar de cobrarle al ICE, o sea al pueblo de Costa Rica, unos 241 millones de dólares por atrasos, sobrecostos y otras medidas tomadas en la construcción de las obras adjudicadas. Entre estas empresas se encuentran: Hidroenergía del General, PH Parismina, PH Chucás, Hidrotárcoles, Unión Fenosa y Generadora La Joya. Sí, Unión Fenosa, a la que el ICE le pretende otorgar el nuevo proyecto La Perla. Ante esta información surgen preguntas como ¿por qué se premia con otro proyecto a compañías que operan de esta forma?

Ya hay una limitación impuesta al ICE para no construir obra pública, condenándolo a su especialidad de construir represas en Costa Rica. El ICE no ha dado el salto para el recambio abordar otros proyectos diferentes a las represas e incursionar en otras energías y en proyectos a otras escalas. Se le agota el tiempo para redefinirse y adaptarse al contexto.

No hay, a corto plazo, un plan para convertir el ICE en un instituto de energía que supere la hidroelectricidad, sino que se busca profundizar en la construcción de represas, ahora fuera del país. Esto debió desatar un debate profundo, así como abrir la llave de la exportación de electricidad o seguir financiando la hidro-oligarquía nacional y ahora la centroamericana.

Con estas decisiones, el ICE se pone en una situación insostenible como empresa nacional. Perderá apoyo social de sectores sociales y ambientales, quedará expuesto y con responsabilidades penales y jurídicas sobre las decisiones de tipo trasnacional que logre, por su resistencia a adaptarse a los nuevos tiempos y por su “precisa” en mantener una planilla con una alta especialización hidroeléctrica.

¿Es imposible entender que el ICE podría apropiarse totalmente del mercado de la energía solar en nuestro país brindando este servicio público? La producción de paneles solares térmicos y fotovoltaicos en el país ya tiene más de una década. La han venido realizado pequeñas empresas nacionales que podrían compartir sus aprendizajes con el ICE. En un futuro cercano, prácticamente todas las casas de Costa Rica y de Centroamérica, al igual que los diferentes procesos productivos poseerán, este tipo de tecnologías. ¿Es que acaso en este gigantesco negocio el ICE no puede reclamar su espacio?

Esta aventura transnacional aislará al ICE de todos los costarricenses, de muchos sectores, que lo hemos defendido críticamente, y colocará a esta empresa de todos los costarricenses exactamente donde han querido sus enemigos pro privatización. Pareciera que el ICE está entrando en una trampa de donde solo saldrá privatizado o disminuido a su mínimo expresión.

Esperamos contribuir a que se genere un verdadero debate. Y que quede claro: si el ICE insiste en este trato de transnacional, le daremos campañas internacionalizadas, boicot a sus servicios y productos, acciones legales a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acciones directas y todo lo que sea necesario para que estas reglas, que hemos diseñado en la democracia costarricense, rijan la forma de hacer negocios del ICE en Costa Rica y fuera de nuestro país.

Si el ICE quiere redefinirse estaremos en primera línea asesorando y colaborando para que retome su inteligencia y grandeza, yendo por un camino sustentable, un camino de vida en tiempos de muerte.

Asesinatos vinculados a Proyectos Hidroeléctricos México, Centroamérica y Colombia del 2000 al 2016
MÉXICO
Nombre	Año	PH
Octavio Atilano Román Tirado	2014	Los Picachos
Jaime Bracamontes Arias	2005	Presa El Cajón
Eduardo Maya Manrique	2006	La Parota
Tomás Cruz Zamora	2005
Benito Cruz Jacinto	2007
Antonio Esteban Cruz	2014	Cuamono
Noe Vásquez Ortiz	2013	El Naranjal
Carlos Zamora	2010	Cerro de Oro
GUATEMALA
Víctor Juc Maaz	2014	Hidro Santa Rita
Sebastián Rax Caal
Luciano Can Cujub
Oscar Chen Quej
David Eduardo Pacay Maas	2013
Ageo Issac Guitz
Andrés Francisco Miguel	2012	Canbalam
Daniel Pedro Mateo	2013
Octavio Roblero	2010	Unión FENOSA
Evelinda Ramírez Reyes
Víctor Gálvez	2009
Carlos Noel Maldonado Barrios*	2010
Leandro Maldonado*
Santiago Gamboa*
Ana María Lorenzo Escobar*
Carlos Hernández Mendoza	2013	Caparja
Walter Manfredo Méndez Barrios	2016	PHs Petén
HONDURAS
Irene Meza Willimas	2014	Agua Zarca
Jacobo Rodríguez Maycol
Ariel Rodríguez García
Tomás García	2013
Berta Cáceres	2016
Pedro Pérez	2014	Las Minitas
Justo Sorto	2014	Aurora
Santos Alberto Dominguez Benítez	2012	Agua Blanca
Silvestre Manueles Gómez	2015	Los Encinos
Javier Vásquez
Selvin Darío Orellana
Domingo Martínez
Juan Francisco Martínez
Carlos Arturo Reyes	2003	Babilonia
EL SALVADOR
Jerson Roberto Albayero Granados	2007	El Cimarrón
PANAMÁ
Onésimo Rodríguez	2013	Barro Blanco
Gerónimo Rodríguez Tugri	2012
Mauricio Méndez
COLOMBIA
Kimy Pernía Domicó	2001	Urrá I
Nelson Giraldo	2013	Hidroituango
Robinson David Mazo	2013
Eduardo Caballero Toscano	2014	Hidrosogamoso
Horacio Llorente Merendez	2009
Luciano Romero	2005	Besotes
Maycol Ariel Rodríguez García	2007
Fuente: a partir de Mapa: Asesinatos y criminalización a los defensoras y defensores de los ríos del  Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), REDLAR , notas periodísticas y aportes de Mauricio Alvarez (FECON)