El deterioro ambiental se ha convertido en una problemática de carácter planetario. El proceso de producción y consumo que caracteriza al actual modelo de desarrollo, basado en la acumulación de capital y en la explotación extrema e insostenible de los recursos naturales, ha generado presiones muy serias sobre los ecosistemas y somete a tensiones crecientes a amplios sectores de la sociedad.
En Costa Rica esto se expresa en la agudización de una serie de conflictos socio-ambientales, que además de crecer en número, lo hacen en intensidad. Esta situación, que se repite en toda América Latina, coincide con la consolidación del modelo económico neoliberal y el consecuente debilitamiento del papel regulador y de protección del bien común que supuestamente debe cumplir el Estado.
En este sentido, los objetivos económicos de las empresas y/o entidades estatales –respaldados por gobiernos que buscan elevar la competitividad y la inserción global de la economía nacional en los mercados desregulados – entran en fuerte tensión con las expectativas de calidad de vida de las comunidades, especialmente en las áreas rurales, que viven en situaciones de marcada desigualdad social.
Dentro de estos conflictos, han tomado especial relevancia aquellos relacionados con el agua, los monocultivos, el desarrollo de energías “limpias”, el crecimiento inmobiliario, los territorios costeros y las industrias extractivas como la minería metálica, en un mapa de conflictos que cubre todo el país.
Los actores por su parte, se ubican en distintas dimensiones: empresas transnacionales y sus representantes nacionales, gobiernos locales más o menos involucrados, instituciones del Estado (como desarrolladoras y/o fiscalizadoras) y organizaciones sociales, no solo aquellas que se llaman a sí mismas “ambientalistas” o “ecologistas”, sino también las organizaciones comunitarias locales, agrupaciones de pequeños y medianos productores, estudiantes y vecinos y vecinas en general. La vitrina que abren los medios de comunicación, y más recientemente las redes sociales virtuales, han llevado también a que la opinión pública tenga un papel cada vez más relevante en este tipo de conflictos socio-ambientales.
En este panorama, la Universidad de Costa Rica se ha perfilado también como un actor, lo cual la posiciona frente a otra más de sus responsabilidades inmediatas. Su vocación de ser gestora de pensamiento crítico y comprometido con la realidad nacional, así como la enorme legitimidad que mantiene en toda la comunidad del país le han permitido involucrarse y comprometerse con las necesidades de las y los habitantes de las zonas que experimentan conflicto.
El referéndum sobre el TLC-CAFTA se convirtió en uno de los acontecimientos políticos más importantes en la historia de Costa Rica. Desde el inicio de las nueve rondas de negociación en el año 2003 diversas comunidades y organizaciones sociales fueron mostrando su rechazo a esta iniciativa e iniciaron una discusión nacional alrededor de temáticas sensibles vinculadas al TLC-CAFTA, como empleo, agricultura, salud, telecomunicaciones, ambiente, propiedad intelectual, soberanía, entre otros (Rodríguez, 2011).
La Universidad de Costa Rica indudablemente tuvo un nivel importante de protagonismo en este proceso nacional, en distintos niveles de acercamiento al conflicto y desde lugares sociales y políticos diversos (movimiento estudiantil, organización sindical, reflexiones académicas, producciones de investigaciones, audiovisuales, comisiones interuniversitarias, entre otras).
“Hacia el final de la negociación, pero especialmente a partir de los primeros meses de 2004 cuando se conoció el texto negociado, distintos grupos intelectuales, especialmente de profesores y estudiantes de las universidades estatales, empezaron a estudiar y debatirlo. Mientras que las posiciones favorables enmarcaron su defensa del tratado en la creación de empleo, los críticos deconstruyeron este argumento, a la vez que extendieron la crítica a impactos cada vez más amplios en la organización política y social del país”. (Raventós, 2007, p.3).
Uno de esos aportes irrumpió en el año 2007 desde la UCR: el proyecto Kioscos Informativos del TLC y el Referéndum. En términos concretos, los Kioscos buscaban colaborar en el proceso de discusión nacional, compartiendo directamente con las personas de a pie, en parques y visitas casa por casa, los productos de la investigación que se habían estado realizando en diversos institutos, centros, unidades académicas de las universidades públicas.
Para esto, se generaban materiales escritos de divulgación en un lenguaje popular e inclusivo de los temas más sensibles alrededor del TLC (salud, empleo, agricultura, ambiente) y mediante técnicas de animación socio-cultural se visitaba con estudiantes de TCU, mercados, parques, casas y hasta iglesias. Más de 100 estudiantes participaron en más de 60 comunidades visitadas desde el mes de julio y hasta finales de setiembre.
La iniciativa contó con un equipo docente interdisciplinario que coordinaba las capacitaciones a estudiantes y la planificación de las visitas comunitarias. El lema de esta experiencia era “Democratizar el conocimiento”; sin embargo sabíamos que en realidad lo que hacíamos era democratizar una forma específica de conocimiento, el científico.
Democratizar el conocimiento implica sobre todo, democratizar su producción, es decir, generar procesos de construcción colectiva del conocimiento, no solo de la divulgación de conocimiento científico, sino ante todo de un encuentro crítico de saberes que genere espacios para la producción de nuevos saberes. Freire decía:
“…que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción” (Freire, 1998).
Las diversas visitas nos fueron mostrando en lo cotidiano cómo el actual modelo de desarrollo ha venido despojando a muchas comunidades de sus bienes comunes. Esta lógica es que la que Harvey ha llamado proceso de acumulación por desposesión. Este proceso consiste en la mercantilización y privatización de la tierra, dando una expulsión forzosa de las poblaciones (campesinas, indígenas y urbano-marginalizadas), donde se da una conversión de las diversas formas de derechos de propiedad basados en lógicas colectivas o estatales, dando paso a derechos de propiedad exclusivos y de propiedad privada. Se procura la supresión del derecho de los bienes comunes, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas (Harvey, 2007).
Desde hace siete años, el Programa Kioscos Socio Ambientales para la Organización Comunitaria, ha trabajado con diferentes organizaciones sociales de base comunitaria que enfrentan problemáticas socio ambientales a raíz del modelo neoliberal. Ejemplo de ello, la lucha de los habitantes del cantón de Talamanca en contra de la petrolera a inicios de este siglo y contra la Marina New World en el 2008, contra la minería años más tarde, las luchas contra la expansión piñera en el caribe norte y en la zona norte del país, la lucha contra la construcción de un acueducto para el desarrollo inmobiliario de lujo en Sardinal, entre otros.
Así mismo, el programa se involucra y crea espacios dentro y fuera de la Universidad que se constituyen en puentes de articulación de conflictos, así como la utilización y generación de herramientas educativas que sirvan como multiplicadoras de experiencias comunitarias; todo ello abordado desde la pedagogía critica entendida como una herramienta para generar transformaciones sociales.
En ese sentido, no se separa la política de lo educativo, más bien se concibe diferente la forma de enseñanza, es decir, la educación debe ser una praxis liberadora y horizontal, diferenciándose de la educación bancaria, donde no se subestime la posición de uno u otro, sino por el contrario se encuentren diferentes saberes y erijan tejidos de conocimiento.
Durante el 2010, desde los distintos proyectos que conforman el programa se desarrollan procesos de reflexión acerca del trabajo que desde la Universidad y sus diferentes proyectos y programas, se realiza en las comunidades. Se trata entonces de repensar, a la universidad en tanto espacio institucional, en la forma en que se asume la práctica profesional y reivindicar los saberes populares.
Universidad y los conflictos socio ambientales
La Universidad debe ser un espacio por excelencia, educativo, donde se generen conocimientos social y académicamente pertinentes a través de la docencia, la investigación y la acción social. Esta última es el encuentro entre la Universidad y la comunidad nacional e internacional para generar espacios de retroalimentación y construir en conjunto, las transformaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida.
Si la Universidad es un espacio educativo, el vínculo entre la Universidad y la sociedad es ante todo, un vínculo educativo. En los proyectos de acción social se generan lógicas y modelos educativos, relaciones puntuales entre el saber y el poder, formas de vinculación, objetivos, sentidos, metodologías, principios; algunos explícitos, otros no, la relación de la Universidad con la Sociedad colabora con el mantenimiento de un orden existente o se compromete con procesos de transformación social. En su quehacer, la Universidad legitima, critica, asume posiciones frente a la realidad nacional, ignora, se compromete, etc, pero nunca es neutral (Fleuri, 2001).
En Costa Rica los llamados conflictos socio-ambientales persisten, y se multiplican a través de diversos mecanismos como zonas económicas especiales, apertura sector eléctrico, conflictos alrededor del agua, expansión piñera, mercados de carbono en bosques indígenas, expulsión de población campesina para proyectos de infraestructura como aeropuertos y represas hidroeléctricas.
El 2011 fue un año en el que según datos del Estado de la Nación, se registran grandes paradojas a nivel ambiental ya que aunque el territorio cuenta con una cuarta parte protegida, se evidencia que también alberga una huella ecológica negativa que depura cada vez más los recursos y la vida de especies de flora, fauna y la humana.
Durante ese año, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inicio el PH Diquís, que se desarrollaría en territorio indígena Térraba. Este hecho provocó un conflicto por falta de consulta a las comunidades de la zona. Al mismo tiempo que se detecta que mantos acuíferos especialmente aquellos que están cerca de grandes plantaciones, poseen residuos de agroquímicos que están afectando notablemente a las personas de las comunidades.
Los resultados evidencian la tensión entre la realidad y la acción de las autoridades políticas. Se trató de un año récord en temas preocupantes: la mayor brecha negativa en la huella ecológica desde 2002, la cifra histórica más alta de importación de plaguicidas, en un marco de conflictividad, el registro más alto de protesta social sobre asuntos ambientales. En este contexto, en sus primeros meses de gestión el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda pareció bajar aún más la prioridad política del tema, al plantear metas limitadas y mostrar pocas acciones.
Para el 2012 el Estado de la Nación resalta que Costa Rica enfrenta un panorama poco alentador en materia ambiental. Específicamente hay una prominencia en aspectos del área marítima terrestre, tenencia y ocupación de la tierra, sector energético, minería a cielo abierto y monocultivo. En cuanto a las fuentes de energía, el 2012 fue un año de debates intensos que no lograron el consenso entre el pueblo, empresas y gobierno, sin embargo, los proyectos Hidroeléctricos han mantenido su operación y su multiplicación, todo ello como respuesta al Plan Mesoamérica.
Mientras en el campo agrícola, uno de los temas predominantes es la expansión del monocultivo de la piña, en las cual se utilizan tecnologías sumamente dependientes de plaguicidas para elevar la calidad del producto según estándares internacionales, de forma tal que las moléculas de estos se depositan sobre ríos y quebradas, e incluso se infiltran en el suelo y llegan a las aguas subterráneas. Por ello, durante octubre de ese mismo año diversas organizaciones ambientalistas solicitaron al Consejo Presidencial Ambiental que se realizara una valoración sobre el estado de las plantaciones de piña y sus efectos sobre la salud, el ambiente y la situación socioeconómica de las poblaciones vecinas, con la intención de tomar acciones concretas, como declarar una moratoria nacional y aplicar mayores regulaciones y controles sobre esa actividad. A raíz de eso las municipalidades de Guácimo y Pococí declararon moratorias.
En ese año también, nuestro país es el primero del mundo en firmar millones de dólares para el medio ambiente, como forma de fomentar en el país el Proyecto Ecomercados I, de Fonafifo y el Banco Mundial, para el pago por servicios ambientales (PSA) a las asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII) en la cordillera de Talamanca, Osa y sus corredores biológicos, mismos que han ido incursionando desde hace varios años en el país pero que en el presente están tomando fuerza. Como parte de ello, se promueve el Programa REDD+ (Estrategia de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques) que busca ingresar a los territorios protegidos e indígenas para apropiarse de los recursos que ahí se encuentran, todo ello con ausencia completa de mecanismos de consulta a los pueblos.
En el 2013, a Pagos por Servicios Ambientales (PSA) “67.929,2 nuevas hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: 91,7% en protección de bosque, 6,3% en plantaciones forestales, 1,8% en regeneración natural y 0,3% en manejo de bosque. Con ellas el programa alcanzó una cobertura total de 934.275 hectáreas acumuladas en el período 1997-2012” (Estado de la Nación, 2013). Sin embargo, en la actualidad muchas de las personas que se dedican a este tipo de actividad forestal han expresado disconformidad por las limitaciones que esto implica.
Como respuesta a las problemáticas ya mencionadas y otras más que enfrenta el país, muchos sectores de la sociedad, así como organizaciones ambientales y sociales, han mantenido una fuerte lucha en contra de esos proyectos. Las protestas se han dirigido mayormente al Estado por su falta de apoyo al pueblo costarricense y más bien por criminalizar las manifestaciones de descontento y preocupación que se han proliferado desde la aprobación del TLC en el 2007 y que en esta nueva década siguen sin tener respuesta alguna. No solo no se han hecho escuchar las exigencias de la ciudadanía, sino que aunado a ello, se han presentado cuadros de represión por parte del Ministerio de Seguridad Pública.
Según el Estado de la Nación en el 2010, fue un año en el que se registró la mayor cantidad de acciones colectivas en los últimos 13 años, sobre asuntos ambientales. En este campo la protesta ciudadana ha sido clave para controlar las decisiones del Estado, cuando promueven o permiten determinadas iniciativas que podrían ser perjudiciales para el ambiente. Ante estas situaciones la sociedad civil se moviliza, pero además acude a la vía judicial para hacer valer sus posiciones.
Prácticamente se han duplicado las movilizaciones que demandan una mayor participación en la toma de decisiones, la protección del ambiente, la cancelación o asignación de presupuestos y la defensa o ampliación de derechos.
Según el Estado de la Nación del 2013, las protestas han dado lugar, “a un cambio en el perfil de la movilización ciudadana: se pasó de cortos períodos de alta intensidad en la protesta (“picos”), aun período más largo (episodio) con niveles sostenidos de conflictividad”. (p.231). Además, no se puede obviar que la alta movilización de diferentes sectores da cuenta del descontento ciudadano frente a las instituciones gubernamentales. En este marco, los canales para el control ambiental han sido cada vez más la judicialización y la confrontación, en ausencia del diálogo participativo e informado.
En ese sentido, los conflictos se generan en lugares físicos, culturales y políticos específicos y tienen causas concretas económicas. La situación pone en disputa gran cantidad de territorios en nuestro país. Para comprender de mejor forma estos conflictos se deben hacer esfuerzos por conceptualizar, teorizar desde prácticas particulares, dialogar críticamente con los actores involucrados, realizando un abordaje interdisciplinario y desde el diálogo de saberes sobre las respuestas organizativas comunitarias frente al proceso de acumulación por desposesión y sobre el papel de la acción social de nuestra Universidad para acompañar procesos organizativos que reivindiquen la defensa de sus territorios.
Caso del megaturismo
Guanacaste, en el Pacifico Norte de Costa Rica, es un ejemplo como el agua llega a los hoteles, urbanizaciones, viviendas con piscinas y centros comerciales en cuestión de días, pero las comunidades enteras tienen problemas de escasez, disponibilidad y calidad.
Desde hace 30 años las zonas costeras y la región Guanacasteca principalmente vive un cambio profundo y sostenido: el desplazamiento de actividades tradicionales como la pesca artesanal, la agricultura campesina y la ganadería, por grandes proyectos inmobiliarios, y servicios vinculados al Megaturismo.
Pequeños ranchos a la par de grandes edificaciones y hoteles, comunidades sin agua a pocos kilómetros de verdes canchas de golf y piscinas, desastres ambientales, playas privatizadas y desempleo. Esta es la verdadera la otra cara del desarrollo turístico en Costa Rica.
A pocos kilómetros del comunidades sin agua existe por ejemplo un campo de golf de “7,500 yardas, 72 pares y 18 hoyos de calidad mundial” con sus exuberantes jardines verdes todo el año.
Solo en una pequeña franja de menos de 100 kilómetros se encuentran unos 100 hoteles de playa, muchos ligados a marcas internacionales (CREST, 2010).
El Megaturismo se caracteriza por ser una actividad que excluye a las comunidades, a la cultura autóctona e invisibiliza las alternativas de desarrollo local.
Todos estos desarrollos se unen al crecimiento desmedido que se dio entre 1995-2006 donde se contaron 65 casos de conflictos por el agua en la provincia de Guanacaste, 70% de ellos relacionados con el desarrollo turístico e inmobiliario. De éstas 65 disputas, un 35,4% se dieron en el cantón de Santa Cruz, 20,0% se dieron en el cantón de Nicoya, 12,3% en Carrillo e igual proporción en Cañas (Ramírez, 2007) . A finales del 2007 el Tribunal Ambiental Administrativo en su primer semestre procesó cuarenta expedientes, el 70% de los cuales correspondió a proyectos turísticos e inmobiliarios (Programa Estado de la Nación, 2008)
Entre 2007 y 2008 la provincia experimentó todo un boom donde las costas de Guanacaste llegaron a alcanzar el 47% de la construcción total del país, y superó a San José en la cantidad de metros cuadrados de construcción (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2008). De toda la construcción residencial tres cuartas partes fueron viviendas de lujo (Ramírez, 2007) que vinieron junto con hoteles, campos de golf y comercios turísticos, de altísimo consumo de agua, luz y servicios.
La crisis financiera internacional del 2008 no detuvo el desarrollo inmobiliario pues -según la Cámara Costarricense de la Construcción- solo entre 2011 y 2013 se construyeron casi seiscientas viviendas unifamiliares, más de doscientos nuevos hoteles y alrededor de sesenta condominios.
Agua para los negocios. Para consolidar ese modelo, se impulsaron inversiones en infraestructura como aeropuertos, carreteras o acueductos. Ahí tenemos el ejemplo del acueducto de Sardinal donde la Administración Pública actuó con gran irresponsabilidad y negligencia, incurriéndose en situaciones ilegales -violó el principio de precautorio, derecho a información y participación- para favorecer proyectos de empresarios turísticos.
Con cuestionables figuras privatizadoras como la del fideicomiso, donde se supone que la obra es pública – pues una vez concluida pasará a manos del Estado – pero se realiza con fondos de un grupo de empresarios privados que terminan controlando la distribución del agua en sus negocios. Como ese proyecto, Acueductos y Alcantarillados planeó construir (antes de la crisis inmobiliaria) 4 proyectos más con un costo de 22,77 millones de dólares: "El Jobo-Puerto Soley"; "Playa Hermosa", "Conchal-Nimboyores y "Villarreal", en el área de Tamarindo (Araya, 2014). Este último fue denunciado por la organización ecologista Confraternidad Guanacasteca por beneficiar al sector turístico-inmobiliario y no a las comunidades
Todo este boom no logró que la región de Guanacaste no deje de ser la más pobre del país con 25.733 personas en extrema pobreza y el desempleo más alto del país, con un 10,1%, doble del promedio nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2009). En cuanto a la desigualdad social (brecha entre ricos y pobres), desde la década de los noventas la región Chorotega es una de las más desiguales del país. Y el año 2000 la provincia Guanacasteca constituía, por mucho, la provincia más desigual. En 2012 fue la segunda región con la incidencia de pobreza más, según la Encuesta Nacional de Hogares de ese año.
En el 2008 uno de los cantones de Guanacaste llamado Santa Cruz fue declarado como el segundo con más metros nuevos metros construidos de todo el país (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2008), y la mayoría de construcciones fueron para turismo.
Mientras el mega turismo trata de enajenar la administración del agua de las comunidades, hay unas 53 Acueductos Comunales en Santa Cruz que son el único freno para seguir este “des-modelo turístico”. El escenario no podría ser más dramático como lo pinta un reciente informe del II Canje de Deuda por Naturaleza reveló que el 85% de las fuentes de agua para consumo humano en el país podrían perderse en los próximos años.
Referencias
Araya, J. L. (2014). FECON. Recuperado el 24 de 06 de 2014, de FECON: http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=743
Center for Responsible Travel CREST (2010). Desarrollo en la Costa Pacífica de Costa Rica, Universidad de Stanford y Washington, DC disponible en www.responsibletravel.org
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2008). Indicadores CFIA de la construcción. Costa Rica. San José: CFDA.
Harvey, D (2007). El “Nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. IADE, Realidades Económicas: Buenos Aires
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2009). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC.
Programa Estado de la Nación. (2008). Décimo cuarto informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación.
Programa Estado de la Nación. (2012). Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Programa Estado de la Nación: San José
Programa Estado de la Nación. (2013). Cuarto Informe Estado de la Educación. San José, Programa Estado de la Nación
Ramírez, A. (2007). Conflictos socioambientales y recursos hídricos en Guanacaste: una descripción desde el cambio en el estilo de desarrollo (1997-2006). Revista de Ciencias Sociales ,
Raventós, C. (2007). Mi corazón dice NO”: lucha contra el TLC y legitimidad política en Costa Rica. http://www.albany.edu/anthro/fac/Burrell/papers/Raventos.pdf
Rodríguez, M (2011) Sistematización del proyecto Kioscos de la Universidad de Costa Rica sobre el Referendo y el TLC: una propuesta de Relaciones Públicas desde la Educación Popular. Tesis por optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva. UCR: San José
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