Por Mauricio Álvarez Mora.
En nuestro país hay una historia de presiones y amenazas, alrededor de las demandas internacionales tanto de mineras como de compañías petroleras. Se resumen como una estrategia más para cambiar decisiones basadas en la técnica y que sean representativas de la manifestación de soberanía en Costa Rica.
El acuerdo del Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (1998), se ha utilizado en varias ocasiones como forma de presión. Amparándose mecanismo de resolución de controversias donde se indica que las inversiones “no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación…”.
En el 2003, la compañía canadiense Vannessa Ventures, para ese momento desarrolladora del proyecto Crucitas, invocó este acuerdo y llamó a una “consulta” en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones del Banco Mundial (CIADI). Se trata de un requisito previo para demandar al país ante un arbitraje internacional. A raíz de esta gestión de la empresa y algún “tecnicismo”, se logró que el MINAE revocara rápidamente la decisión de SETENA (N° 272-2003), la cual rechazó la viabilidad ambiental del proyecto.
En aquel momento, los voceros de la empresa aseguraron que ante: "las concretas acciones ejecutadas por el Gobierno de Costa Rica para detener la minería de oro a cielo abierto en general y detener nuestro proyecto en particular, nos ha obligado a invocar esta medida preventiva para proteger la inversión y los intereses de la empresa". Lo anterior, a través de un comunicado de prensa (CP-014-2003) del 7 de mayo de 2003.
En una segunda ocasión -3 de junio de 2005 -la trasnacional Vanessa Ventures volvió a presentar ante el CIADI una solicitud de arbitraje. En este caso, la empresa exigió que se le pagara 276 millones de dólares, en su opinión, la SETENA había incurrido en un “atraso injustificado” en el trámite del “anexo” al EIA del Proyecto Minero Crucitas y no se había pronunciado sobre la viabilidad ambiental en los plazos establecidos. Pero pocos meses después, la empresa remitió una nota al CIADI, donde solicita suspender su solicitud de arbitraje porque se encontraban en “negociaciones” con el gobierno y era “razonablemente optimista” sobre el resultado de esas “negociaciones”. Sin conocer el fondo ni los alcances “razonables y optimistas” de esa negociación, dos meses después la SETENA aprobó el EIA de la mina Crucitas y otorgó viabilidad ambiental al proyecto.
Las curiosas formas de calcular ganancias hicieron que Vannessa Ventures exigiera $ 276 millones "más los intereses compuestos, lo que incluye gastos adicionales por aproximadamente $36 millones y ganancias perdidas por no menos de $240 millones", en caso de que no se le autorice proseguir con el proyecto. Parece que los cálculos fueron “mejorados” por el Vicepresidente de la República: Alfio Piva, que les sugirió la cifra de 1700 millones de dólares (La nación, 27 de julio de 2010)
En tercera ocasión otra empresa, para el caso de la minería en Miramar, el tema del Acuerdo de Inversiones con Canadá fue invocado por Cámara de Minería de Costa Rica. Con la pretensión de presionar al Gobierno y al Ministerio de Salud y que otorgaran permisos de funcionamiento a pesar de una medida cautelar del Tribunal Ambiental Administrativo (Oficio DM-1132-5, 21 -12- 05, Ministro de Comercio Exterior). Según el oficio señalado, el ministro de Comercio Exterior indica que Metales Procesados MRW S.A. como parte de la Cámara de Minería de Costa Rica, acude a esta instancia argumentando la existencia de un Tratado de Protección de Inversión entre Costa Rica y Canadá, el cual ampara su derecho para encontrar una solución expedita a las demoras y atrasos que han encontrado en el país para los trámites de inicio de operaciones. Así mismo, indican que en caso de no lograr una respuesta a la situación del otorgamiento del permiso de funcionamiento, la empresa se verá obligada a iniciar un proceso de arbitraje internacional contra el Estado costarricense, por considerar que sus derechos de operar en el país han sido lesionados.
Otro caso de antología se dio en el 2003, fue el de la petrolera Harken que exigió $57.000 millones mediante un arbitraje ante el mismo CIADI. El monto exigido, se amparó en las ganancias que supuestamente recibiría por la explotación petrolera. El valor es de tres veces el producto interno bruto del año 2003. Constituía 15 veces más que el monto de la deuda externa costarricense. Con estas políticas, la empresa asumía actitudes extorsivas para presionar al Estado costarricense y que este cambiara la decisión sobre el rechazo a la viabilidad ambiental y social del proyecto. “Como si fuera un chiste” calificó el Gobierno de nuestro país la improcedente estimación, la cual se esfumó tan rápido como fue presentada.
Lo curioso que en ninguna parte de este acuerdo con Canadá o EEUU se les da derecho a las compañías de pasar por encima de la legislación ambiental o las resoluciones de los Tribunales de la República. Está claro que en la mayoría de las ocasiones, estos instrumentos son solamente mecanismos de presión para lograr objetivos más bien político– económicos.
Sin embargo, esta vez la compañía no tiene más que perder y se juega su última carta, pero deberían ser los que “pifiaron cifras” y “orquestaron sus voluntades” para aprobar los permisos, quienes paguen de su bolsillos lo que cueste este injusto, costoso y largo proceso legal que al final terminaremos ganando nuevamente.
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