Mauricio Álvarez Mora.
Dos propuestas de ley que pretenden abrir las áreas de conservación Guanacaste y Arenal-Tempisque a la explotación geotérmica se discuten actualmente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa (expedientes Nº 17.707 y 17.680). Las incitativas proponían un mecanismo que permitiría permutar áreas de Parque Nacional con posible interés geotérmico por otras “equivalentes”, mediante la redefinición de límites y pagando un canon al Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica (SINAC).
Los intentos de abrir los Parques Nacionales a la explotación energética no son nuevos. Uno de los primeros fue la ley conocida como “Combo Eléctrico”, que otorgaba el 2% de canon al SINAC (Art. Nº 120). Se intentó nuevamente, con resultados negativos, en la Comisión Mixta de Fortalecimiento del ICE (2005-2008), en la propuesta de ley Nº 16.137 en la legislatura pasada y por medio de la propuesta de Ley de Electricidad aún en discusión (Nº 16.137 Capítulo 14).
La mayoría de estas propuestas de ley fueron rechazadas, porque se trata de una clara violación de la legislación internacional firmada por Costa Rica, además del precedente que significaría para otras actividades comerciales como la pesca comercial, la generación de energía hidroeléctrica, y la privatización de servicios no esenciales.
Riqueza apetecida. El ICE ha realizado estudios preliminares en Parques Nacionales para 15 proyectos hidroeléctricos. La mayor parte de los proyectos se ubican en el Parque Internacional La Amistad, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Además, se plantearon diez proyectos en reservas forestales y tres en zonas protectoras (Plan de expansión del ICE, 2001). Según el área de Planeamiento Ambiental del ICE el 56% de potencial de generación hidroeléctrica se encuentra en parques nacionales (10%), reservas forestales y zonas protectoras (15%) y reservas indígenas (31%).
Tanto las propuestas actuales como las anteriores carecen de una amplia discusión a nivel nacional, donde los interesados demuestren con estudios el costo-beneficio que justifique la viabilidad social y política de esta apertura. Tampoco se ha presentado una fundamentación basada en evaluaciones integrales de las intervenciones realizadas en Parques Nacionales (Ruta 32 por el PN Braulio Carrillo, antenas y torres en volcanes). En Estados Unidos, por ejemplo, no se otorgan concesiones para proyectos geotérmicos en dichas áreas.
¿Cómo manejar lo que desconocemos? Esta nueva propuesta desconoce la existencia o falta de instrumentos de manejo y zonificación, así como de objetivos de conservación de estas áreas, como criterios importantes a la hora de establecer o no un proyecto de geotermia en zonas protegidas. Sin un plan de manejo previo aprobado y en funcionamiento, los Parque Nacionales terminarán siendo manejados según criterios de explotación, no de conservación.
La mayoría de áreas protegidas carecen de estudios ecológicos que pudieran servir como una línea de base a la hora de medir los impactos reales de los proyectos planteados.
El proyecto actual carece también de estudios que justifiquen técnicamente el por qué no explotar el total de potencial geotérmico fuera de los Parques Nacionales, además de una evaluación de las alternativas a la apertura de estas áreas. Según un estudio del ICE, el potencial total en zonas de óptima vocación geotérmica es de un 19% del territorio, unos 9.700 km2 (ICE, 1991). Si se resta de esta área 790 km2 (Parques Nacionales) resulta un área de 8.900 km2 teóricamente disponible para el desarrollo geotérmico.
Valor inconmensurable. Los Parques Nacionales son el corazón de la “imagen” ambiental del país. Si tomamos en cuenta que el 70% del turismo es atraído por estas áreas (Rodriguez Carlos, Campus UNA ,2005) y uno de cada $5 que ingresan al país proviene de la actividad turística (Vargas Gilbert, CANATUR, 2007), queda claro que la economía del país depende de manera directa de las áreas protegidas. Una actualización de un estudio sobre los beneficio de las áreas protegidas reveló beneficios por 1.357 millones de dólares lo que seria un 4,5% del PIB en 2009. (CINPE- UNA, 2010).
Dado que tenemos tanto que perder, no sólo en términos económicos, es importante entender que un estudio de impacto ambiental no es suficiente para conocer los costos-beneficios de un proyecto ni asegura la participación ciudadana a la hora de tomar decisiones tan estratégicas como la explotación de recursos en áreas protegidas.
En síntesis, falta abrir a la opinión pública un debate donde se muestren por un lado los beneficios del proyecto (expedientes Nº 17.707 y 17.680), como la producción de energía, la generación de ingresos para el SINAC, y por otro no se omitan las posibles pérdidas en turismo, cooperación internacional, servicios y beneficios ambientales, oportunidades de las futuras generaciones y además del importante impacto socio ambiental.
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